¿Qué alcance tiene la orden de captura para Ortega y Murillo?

Bajo el principio de jurisdicción universal la justicia argentina inició en 2022 un proceso de investigación contra el dictador Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, por crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, lo cual resultó en una orden de captura para ambos con la finalidad de que sean presentados a declarar en el caso. Pero ¿Qué alcance podría tener esta orden?

En 2023, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (Ghren, por sus siglas en inglés), concluyó que los dictadores Ortega y Murillo sí cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.

El Ghren señaló que desde 2018, cuando las protestas cívicas se alzaron contra Ortega y Murillo, mismas que fueron sofocadas con balas de alto calibre por la Policía y grupos paramilitares, empezó a sumarse las víctimas mortales.

LEA TAMBIÉN: Machado convoca a protestas en Venezuela un día antes de la jura presidencial; González se dirige a los militares

De acuerdo al último reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua se documentó la muerte violenta de al menos 355 manifestantes u opositores, a manos de autoridades policiales y agentes armados pro-gobierno.

Ante estas evidencias y testimonios recopilados a lo largo de más de dos años, finalmente el juez Ariel Lijo solicitó a Interpol que se pida la captura de los dictadores nicaragüenses a través del sistema de alertas rojas y los citó a declarar.

En la orden también incluye la detención una docena de funcionarios orteguistas por la “violación sistemática de derechos humanos” perpetrada en el país.

Ortega más aislado

A pesar que la orden de arresto para Ortega y Murillo girada por el juez argentino podría parecer insuficiente para acercarnos a la libertad de Nicaragua al asemejarse a otra orden contra el dictador Nicolás Maduro de Venezuela, misma que se giró en septiembre de 2024 y que aún no es capaz para lograr su aprehensión, lo cierto es que crea un sistema de aislamiento para los regímenes “criminales” y autoritarios de la región.

Así lo indicó el abogado argentino Darío Richarte, denunciante en el caso, mediante una entrevista al medio internacional Infobae, en la que aseguró que esta orden de captura representa un aislamiento del régimen sandinista frente a las democracias del mundo.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué ha pasado a un año de la implementación del tratado de libre comercio entre China y Nicaragua?

“Es una ayuda, es un recordatorio, las dictaduras tienen que estar aisladas, desde el punto de vista fáctico, no sé si lo aisla más, porque el verdadero aislamiento corre por otros carriles”, manifestó el abogado Richarte.

“Sí es una llamada de atención no solo para Ortega y para Murillo, porque ellos ya están juzgados con todo lo que hicieron, sino también para decenas de personas más que participan de estas dictaduras”, añadió.

Inmovilización y cárcel

El abogado argentino también afirmó que este fallo  “sirve para demostrarles a las víctimas” de la represión en Nicaragua “que hay esperanza en el futuro”, pues a su criterio representa “un poco de luz entre tanta oscuridad”, es decir “un poco de justicia para tantas víctimas”.

Por su parte, el presidente del Ghren, Jan-Michael Simon, dijo en entrevista a la cadena de noticias DW que desde siglos pasado la justicia de Argentina ha resuelto al rededor de 100 casos bajo la jurisdicción internacional de los cuales “no muchos han visto la luz de un juicio oral”, sin embargo esta acción contra Ortega y Murillo genera una “descalificación de la persona que sanciones no suelen alcanzar”.

Explicó que el aislamiento de Ortega es inevitable, sobre todo con el financiamiento de parte de bancas internacionales “porque el desvalor que se expresa por una orden de captura en un proceso penal es infinitamente mayor que una sanción administrativa” y habló sobre la posibilidad de que Ortega y Murillo sean llevados a prisión.

LEA TAMBIÉN: Nicaragua: 937 fallecidos por accidentes de tránsito, decenas de quemados por pólvoras y ahogados

“Y ese es el verdadero objetivo y alcance que tiene esta medida de parte de la justicia argentina”, manifestó el experto sobre el tema de Nicaragua.

“En el futuro se puede generar la posibilidad de una acción penal en materia probatorio generado que se sustenta en esta orden de captura y habrá una jurisdicción, ya sea el argentino o en el mejor de los casos en una transición política de Nicaragua, la propia justicia de Nicaragua”, insistió.

Opositores festejan el fallo de Argentina

Diplomáticos de otros gobiernos y opositores nicaragüenses coinciden con Richarte y expresaron su respaldo al fallo de la justicia argentina. Una de ellas fue la exembajadora Paula Bertol, quien calificó esta orden como un “avance significativo hacia la rendición de cuentas”.

En entrevista al medio digital 100% Noticias, Bertol festejó que la justicia de su país enviara un mensaje de “esperanza” al pueblo nicaragüense que pide con ansias ver tras las rejas a quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos de un país entero.

“Esto impedirá que se muevan libremente”, destacó Bertol al coincidir con Richarte sobre el aislamiento internacional que viven los dictadores Ortega y Murillo.

Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, son alguno de los nicaragüenses desterrados y exprisioneros de Ortega que aplaudieron el fallo de la justicia argentina, pues consideran que esta orden de detención y extradición es “una señal de justicia negada en Nicaragua”.

LEA TAMBIÉN: ¿Cardenal Leopoldo Brenes busca diálogo con Daniel Ortega?

“La comunidad internacional debe persistir en exigir  cuentas a Ortega y sus cómplices ante un tribunal internacional, explorando alternativas al Estatuto de Roma y otros mecanismos para garantizar la rendición de cuentas por crímenes contra la humanidad”, demandó Maradiaga.

ALBA rechaza fallo de Argentina

Cabe señalar que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) es la única en rechazar “categóricamente” la orden de captura internacional contra Ortega y Murillo, afirmando que esta acción irrespeta la soberanía y el “principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados”.

“Una vez más, instituciones del Estado argentino se arrogan espurias facultades de juez en la región, emitiendo órdenes ilegales e insólitas contra gobiernos legítimamente elegidos por voluntad popular, bajo el pretexto de jurisdicción universal”, critió la ALBA en un comunicado publicado en X.

Bajo el principio de jurisdicción universal, la denuncia contra Ortega fue presentada ante los tribunales federales de Buenos Aires desde el 26 de agosto de 2022 por un grupo de abogados, profesores de la Universidad de Buenos Aires, con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho