Gobierno de Ortega comete un sinnúmero de delitos electorales dice Grupo de Acción Penal

El grupo de abogados denominado Acción Penal ha identificado una serie de delitos electorales cometidos por el gobierno de Daniel Ortega, incluyendo a funcionarios del Estado, en el actual proceso electoral que se ejecuta en Nicaragua, el cual desde ya no es reconocido por organismos de derechos humanos y la Comunidad Internacional por carecer de legitimidad.

El grupo de expertos en materia de Derecho indicó que, el recién pasado 24 de septiembre del 2021, inició la campaña electoral en Nicaragua, período dentro del cual los partidos políticos y alianzas de partidos políticos, deben promover ante los ciudadanos nicaragüenses, inscritos en el Padrón Electoral, aptos para votar, las propuestas de su programa de gobierno.

Sin embargo, el grupo Acción Penal consideró que en este período electoral, la Ley 331, Ley Electoral, también ha sido sujeta de reformas electorales, con el fin de crear represión y cerrar espacios a los ciudadanos en sus derechos civiles y políticos. A eso debe sumarse todas las leyes aprobadas como la Ley de Ciberdelitos, Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Defensa de Derechos del pueblo a la Independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz, Ley de Reforma y Adiciones al Código Penal, que establece un plazo de detención, máximo de noventa días.

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“Durante una campaña electoral, en todo sistema democrático y donde exista un Estado de Derecho, existen códigos de ética que regulan los procesos electorales, el respeto a la honra y reputación de los ciudadanos que aspiran a candidaturas, se sanciona toda irregularidad acerca del proceso de votación, acerca del proceso de conteo de los votos. En Nicaragua, ha existido una legislación electoral, que sanciona de forma penal, las acciones irregulares cometidas durante los procesos electorales”, dice el documento elaborado por el grupo de abogados.

Partidos políticos validan proceso electoral ilegal

Resaltaron que durante la actual campaña electoral, donde están encarcelados siete candidatos presidenciales, donde existen cuatro candidatos presidenciales: ALN, PLI, CAMINO CRISTIANO, PLC, de cuestionados partidos políticos, por ser señalados de validar el irregular proceso electoral y la candidatura de reelección del actual presidente y vice presidenta; con un Consejo Supremo Electoral, constituido por magistrados oficialistas,

“Conforme la Ley 331, las recientes reformas a la Ley a través de la Ley 1070, y la creación de un Código Electoral, son sancionadas entre otras, las siguientes conductas: La/el ciudadano que desobedeciere, deliberadamente, las instrucciones de las Juntas Receptoras de Votos, sobre la manera de ejercer el sufragio o que con su conducta dolosa dificulte el proceso electoral de las inscripciones o de las votaciones. El o la que voluntariamente deteriorare la campaña electoral”, dicta el escrito.

Los abogados destacan que entre las conductas también está que el que no cumpliere las disposiciones del Consejo Supremo Electoral, los y las funcionarios públicos o empleados que no acataran las órdenes del CSE. El o la que pretende votar más de una vez, que proporcione dolosamente datos falsos en la inscripción a la JRV, la o el miembro de la JRV que no firme las actas, quien en forma dolosa extravíe el acta de escrutinio. El o la que se aprovechare de sus funciones o atribuciones, presione a sus subalternos a votar en determinado sentido o abstenerse. El o la que se inscriba o vote más de dos veces. El/la que se inscriba o vote dos o más veces, cometen delitos electorales.

“Sin embargo, veremos una serie de acciones cometidas principalmente por funcionarios del Consejo Supremo Electoral, por fiscales del partido de gobierno, por funcionarios del Estado realizando proselitismo político dentro de las instituciones del Estado, utilizando recursos del Estado como vehículos, veremos a funcionarios del Estado, presionando a sus subordinados a que voten por el partido de gobierno, veremos realizando proselitismo dentro de los horarios laborales, personas votando por más de una ocasión; acciones que han sido realizadas en las dos últimas contiendas electorales por el partido de gobierno y que, tampoco han sido debidamente reguladas al ser infringidas”, resaltó el grupo Acción Penal en el documento.

Advirtieron además que durante esta etapa electoral, deberá ejercer su función una Fiscalía Especial Electoral, que sin lugar a dudas estará conformada por fiscales del Ministerio Público, que omitirá investigar los delitos electorales que cometan los funcionarios, que cometan sus partidarios, donde serán sujetos de criminalización, únicamente, los ciudadanos que intenten externar alguna acción que, a criterio de la Fiscalía Especial Electoral, sea delictiva o en contra de cualquier ciudadano que desee, arbitrariamente, detener, sin ningún fundamento legal.

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