• Managua, Nicaragua
  • 8:11 pm
  • Feb 3, 2021

Ortega busca proteger dinero de 28 sancionados con reforma a Ley del Consumidor

Los 70 diputados de la bancada sandinista votaron este miércoles a favor de la propuesta de reforma a la Ley 842  “Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en tanto el resto de legisladores le dijeron NO a la propuesta. Dicha reforma a la ley afecta como un efecto de […]
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Los 70 diputados de la bancada sandinista votaron este miércoles a favor de la propuesta de reforma a la Ley 842  “Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en tanto el resto de legisladores le dijeron NO a la propuesta.

Dicha reforma a la ley afecta como un efecto de “Brazo Doblado” o de “Estar entre la espada y la pared” a la banca privada, pues según expertos en el tema, con esto Ortega está tratando de obligar a los bancos a tener que aceptar a cualquier persona que tiene problemas legales, penales y sancionados. Esto con referencia a los 28 funcionarios y familiares sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

“Daniel Ortega busca hacer de los bancos de Nicaragua una lavadora de dinero proveniente de la corrupción, realizada por los 28 funcionarios sancionados por el Gobierno de los Estados Unidos. Lo que busca la dictadura es obligar a los bancos a recibir a los sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU, para que estos sigan siendo clientes tal cual no fuesen elementos tóxicos desde el punto de vista financiero”, manifestó el ex director General de Ingresos, Róger Arteaga en entrevista brindada a Luis Galeano del programa Café Con Voz.

Por su parte la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) rechazó, a través de una carta, la reforma a los artículos 9 y 54 de la Ley previo a su aprobación, dicha misiva fue dirigida a la Comisión Parlamentaria pero no fue tomada en cuenta.

Según Asobanp la reforma viola el derecho a libre empresa, promueve prácticas que incitan al lavado de dinero y  pone en “riesgo al país de pasar de la lista gris en que nos encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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