Régimen sandinista busca aprobar Ley mordaza en contra de medios digitales

La dictadura sandinista por medio de sus 71 diputados pretenden aprobar una iniciativa de <<Ley Especial de Ciberdelitos>> misma que pretende acallar a las voces opositoras que utilicen las redes sociales y sitios web para denunciar las irregularidades estatales.

Bajo el argumento de <<establecer un marco jurídico para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la comunicación y la información>> los 71 diputados orteguistas en la Asamblea Nacional, presentaron la propuesta de Ley Especial de Ciberdelitos, la que pretende penalizar de uno a tres años a quienes atenten contra el Estado través de plataformas digitales.

De acuerdo con el objeto de Ley, las sanciones se aplicaran en contra de los ciudadanos que cometan delitos de <<noticias falsas, espionaje informático, divulgación de contenido no autorizado y ciberacoso>> dentro y fuera de Nicaragua.

Propuesta de Ley también juzgará hackers

En la propuesta de Ley en su articulo cuarto, el Estado nicaragüense pretende encarcelar con penas de uno a cuatro años de prisión al que <<intencionalmente y sin autorización o excediendo la que se hubiere concedido, acceda, intercepte haga uso parcial o totalmente de un sistema informático que utilice las tecnologías de la información y comunicación>> cita el párrafo.

La Ley también busca sancionar con penas de uno a cinco años a quienes sin poseer ña autorización correspondiente, transgreda la seguridad de un sistema informático.

Atenta contra la libertad de expresión

La propuesta de Ley emitida esta mañana por los diputados orteguistas, también sancionará la <<propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y comunicación>> describe el artículo 30.

<<Quienes usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión, y ciento cincuenta a trescientos cincuenta días de multa>> advierte la propuesta de Ley.

A juicio de la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense se Derechos Humanos, estamos frente acciones de gente completamente irracional.

<<Es una muestra de miedo, el que esta en riesgo usa de todos los recursos malos y de toda perversidad para tratar de salvarse… son unos copiones, está copiando lo peor de todas partes>> sostiene la experta en derecho, quien asegura que el régimen está igualando las leyes nacionales con las de Corea del Norte, Rusia, Venezuela y Cuba.

Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrão, posteó en su cuenta de twitter que,

la nueva iniciativa de Ley en Nicaragua abre brecha para criminalizar ciudadanos  y periodistas vía tipos penales vagos como el uso de las “tecnologías” para divulgar “información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra”.

En menos de dos semanas el régimen de Ortega ha presentado tres iniciativas de ley con la que pretende acallar a las voces disidentes y opositoras, la primera propuesta legislativa fue la de instaurar Cadena perpetua para los que cometan crímenes de odio, basándose en la violación de dos menores de edad en Mulukukú, de la Costa Caribe de Nicaragua, la segunda propuesta legislativa fue la de los agentes extranjeros, misma que busca controlar el financiamiento de organizamos internacionales a la sociedad civil, periodistas y activistas políticos y por último, la Ley de ciberdelitos, la que prevé penalizar a los periodistas que informen a través de las redes sociales y medios digitales información sensible para el Estado.

Para que la Asamblea Nacional apruebe esa propuesta de Ley primero tendrá que ser sometida a consultas para luego pasar a discusión, de ser aprobada por el plenario, la Ley pasaría a corrección de Estilo, luego a la aprobación o veto presidencial para finalmente ser publicada.