Incrementa la represión en Nicaragua previo a la temporada electoral presidencial

La cantidad de reos políticos aumentó de 94 a 104 personas, reporta un monitoreo realizado por la Unidad Nacional Azul y Blanco, incrementó el asedio, persecución en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y personas que protestan contra el régimen sandinista.

La Unidad Nacional Azul y Blanco emitió un informe en el que, destaca el aumento en el acoso, persecución, violación de derechos humanos y femicidios en el país desde enero hasta el  24 de septiembre de este 2020.

El informe de la UNAB destaca que antes de las protestas que iniciaron en abril de 2018, en las mazmorras de tortura estaban 10 prisioneros políticos, los otros 94 han sido detenidas durante la rebelión cívica, la mayoría de esos presos políticos se encuentran en el Sistema Penitenciario Nacional <<La modelo>>.

Aumentan femicidios en Nicaragua

La opositora UNAB reporta que, en lo que va del año se han asesinado a 59 mujeres a mano de sus parejas. Solo en lo que va de septiembre de 2020, las organizaciones feministas reportan el asesinato de nueve féminas.

La cifra se compara con la cantidad de mujeres asesinadas en todo el 2019 en Nicaragua, cuando la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir reportaba 59 decesos de mujeres a mano de sus cónyuges.

La organización opositora reveló en su informe que, en la mayoría de los casos de femicidio, las victimas habían denunciado a su victimario ante la Policía Orteguista, pero la institución del orden publico no atendió al llamado de las mujeres.

<<La dictadura ni siquiera implementa campañas de sensibilización y educación, que sean dirigidas hacia los hombres, y que se enfoquen en el respeto a la vida e integridad de las mujeres. Los recursos los usan para reprimir>>, describe el informe de la UNAB.

Persiste ataques a la prensa independiente de Nicaragua

Otro de los sectores más golpeados por la ola de represión por parte del régimen sandinista son los comunicadores y periodistas independientes en Nicaragua. La UNAB señala que, se reportan más de 521 ataques al periodismo independiente.

A esas agresiones se suman las judicializaciones en contra de cinco periodistas de medios independientes, a quienes se les acusa por injurias y calumnias. La periodista  Kalua Salazar fue declarada culpable por ese delito en perjuicio de simpatizantes sandinistas, los otros cuatro comunicadores esperan lectura de sentencia.

<<En un intento por callar uno de los dos grandes medios televisivos que no están bajo su poder, la dictadura embargó a Canal 12, dejando sin empleo a más de 20 periodistas y colaboradores. Se mantiene el asedio en Radio Darío y La Costeñísima. Periodistas sufren de intimidación y amenazas. Además, hay medios como Confidencial y 100% Noticias que continúan ilegalmente confiscados>> cita el comunicado leído por miembros de la UNAB.

Muertes por COVID-19, ataques a la Iglesia Católica, despidos y asesinatos persisten

En cuando a la cantidad de personas fallecidas, el régimen sandinista reporta que solo han muerto 147, mientras que el informe que recopiló la UNAB con las distintas organizaciones de la sociedad civil y médicas, destacan que han fallecido más de 2,721 nicaragüenses desde inicios de la pandemia. Entre los fallecidos también se encuentran 107 trabajadores del sector salud.

<<Pero las autoridades sanitarias nicaragüenses registran 147 en total. Ocultando las cifras reales, tal y como es de costumbre para la dictadura. En la mayoría de los casos de fallecimientos de los últimos meses, el Ministerio de Salud no ha puesto las causas verdaderas de defunción. Esto constituye una violación a los derechos humanos y un irrespeto a las familias, quienes siguen sufriendo por sus deudos>>, expresa la UNAB.

El informe también destaca el aumento de la represión y asedio en contra de la Iglesia Católica, siendo el ataque más reciente el de la bomba que calcinó la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua.

También se han dado el despido de 46 funcionarios de instituciones publicas, entre ellos, 25 docentes universitarios, y 31 del personal medico, quienes no se alinearon con las políticas de represión del régimen sandinista.

Nueva modalidad de ataque a la oposición con implementación de leyes

La nueva modalidad de represión utilizada por el Gobierno de Daniel Ortega en contra de la oposición y ciudadanía en general se dirige con la utilización de las leyes con reformas a la Constitución Política para condenar con cadena perpetua a los que cometan delitos de odio.

En el plenario de la Asamblea Nacional controlada por el 70 % del sandinismo discuten la implementación de la cadena perpetua, con la que pretende castigar a las personas opositoras por supuestos “crímenes de odio.

A esa legislación se suman la propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la cual pretende criminalizar todo financiamiento externo, e impedir el ingreso de donaciones para la oposición, los medios de comunicación independientes y los organismos defensores de derechos humanos.

<<Esta es la nueva forma de persecución política, discriminación social y violaciones a los derechos humanos y constitucionales>> sostienen miembros de la UNAB.

El asesinato selectivo contra los campesinos también fue destacado en el informe. De acuerdo con la UNAB, Las ejecuciones extrajudiciales a las personas campesinas en las zonas rurales continúan en aumento, sin esclarecerse los hechos o quiénes son los implicados en estos asesinatos atroces, que empujan a las familias a huir y dejar sus casas por el asedio constante que sufren por parte de la Policía o el Ejército.

Gobierno no apoya a las Comunidades indígenas

Entre las denuncias realizadas por miembros de la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, destaca el abandono estatal en las comunidades indígenas del caribe norte y sur.

Ha quedado, una vez más demostrado, al darle la espalda y minimizar el golpe que tuvieron varias comunidades indígenas, miskitas y mayangnas por las inundaciones, provocadas por las recientes ondas tropicales. El desplazamiento forzado de las familias no para, provocando un desarraigo de sus comunidades. No hay medidas para frenar la invasión de los colonos, quienes atacan y actúan bajo el respaldo de la dictadura. Estos desplazamientos exponen a las personas adultas y menores de edad al contagio del Covid-19.