Sacerdotes en retiro sin recibir sus pensiones por bloqueo de cuentas bancarias de la iglesia católica

La abogada e investigadora, Martha Patricia Molina, denunció a través de sus redes sociales que los sacerdotes de la tercera edad no están recibiendo sus pensiones del fondo nacional del seguro sacerdotal, cuyas cuentas bancarias también se encuentran congeladas por la dictadura sandinista desde mayo pasado.

“Los sacerdotes mayores no están están recibiendo sus pensiones del fondo nacional del seguro sacerdotal, producto de años de cotizar, debido al bloqueo de las cuentas bancarias a la Iglesia católica”, escribió Molina en su cuenta personal de Twitter.

El Fondo Nacional del Seguro Sacerdotal es una iniciativa propia creada hace más de 20 años por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), con la finalidad de tener un capital para otorgar una pequeña ayuda monetaria a religiosos en retiro.

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El Seguro Sacerdotal no es propiamente un mecanismo financiero que cubre temas de salud ni otros temas de Seguridad Social; está pensado como un fondo pagado por los mismos religiosos anualmente para tener una pensión segura durante su retiro.

Según Molina, cada sacerdote portaba la cantidad de 150 dólares año y 150 dólares como institución a la que sirve, sea parroquia u otro organismo eclesiástico; es decir, cada religioso aportaba 300 dólares anuales.

Otras de las maneras para alimentar el Fondo Sacerdotal es a través de una colecta los Miércoles de Ceniza que se celebra cada año, de esa forma se recaudaban el capital.

De acuerdo con la investigadora, del fondo de pensiones la CEN se otorgaba a los mayores de 75 años, el equivalente a 300 dólares y a los mayores de 65, se les daba 150 dólares y eso había funcionado desde hace mas de 20 años.

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Luego de las nefastas medidas adoptadas por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo de acusar a la iglesia católica de supuesto lavado de dinero, esta canceló todas las cuentas bancarias de las diócesis, parroquias y todo organismo asociado a la institución eclesiástica.

La nueva disposición ilegal del régimen sandinista es una continuidad a los ataques y acusaciones que mantiene la familia Ortega Murillo en contra de la iglesia católica desde 2018, por denunciar los crímenes de las violaciones a los derechos humanos ejecutado por el caudillismo sandinista y sus huestes represoras.