Colectivo condena detención ilegal de madre de preso político de la dictadura

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más emitió un pronunciamiento este sábado en donde repudia la detención ilegal de la señora Martha del Socorro Ubilla, de 60 años de edad, ocurrida el 11 de enero del corriente año, en horas de la madrugada.

El organismo defensor de derechos humanos refirió en su escrito que al momento de ser ser detenida Ubilla, los agentes policiales de Ortega le informaron a los pobladores y familiares que sería llevada a una “entrevista”; sin embargo, actualmente se encuentra bajo un proceso judicial.

La señora Ubilla es madre del preso político Marvin Castellón Ubilla y del excarcelado político, y actualmente exiliado, Marlon Castellón Ubilla, indicó el Colectivo.

Así mismo, detalló que desde el 2018, la familia Castellón Ubilla fue sometida a amenazas y hostigamientos constantes por haber participado en las protestas iniciadas en abril del mismo año y que producto de estos actos de represión, el 9 de julio de 2018, los hermanos Castellón Ubilla fueron víctimas de un atentado contra su vida, perpetrado por agentes paraestatales, en el que fue detenido Marvin Castellón, de entonces 16 años.

Momentos después, el inmueble de la señora Martha Ubilla fue allanado y ella apresada por 15 días. Marlon Castellón fue apresado días después, y ambos liberados en 2019″, denuncia.

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Sus dos hijos recapturados y torturados

El Colectivo detalló que los hermanos Castellón Ubilla fueron nuevamente apresados y torturados en reiteradas ocasiones; el joven Marvin Castellón, quien aún está detenido, en junio de 2022 fue colgado de pies y manos por custodios del Centro Penitenciario “Jorge Navarro”, quienes lo golpearon por más de 20 minutos.

“Durante estos años, la señora Ubilla habría sido asediada en su casa de habitación, amenazada y humillada en el Centro Penitenciario, cuando acudía a visita. La señora Ubilla es hipertensa y diabética, además de presentar afectaciones cardíacas”, resalta el Colectivo en su pronunciamiento.

Colectivo gestiona medidas de protección

El Colectivo desde 2021 indicó que solicitó medidas de protección ante el Sistema Interamericano para la familia Castellón Ubilla, logrando la aprobación de medidas provisionales el 04 de octubre de 2022, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien otorgó estas medidas a 45 personas presas políticas, entre ellas Marvin Castellón Ubilla y familiares, por lo que la señora Ubilla también es beneficiaria de estas medidas provisionales; sin embargo, han sido reiteradamente incumplidas por el Estado de Nicaragua.

Este organismo manifestó que en revisión al Sistema Nicarao, pudo constatar que la señora Ubilla está siendo procesada junto a otras tres personas, por delitos aún no reflejados en este sistema.

“Este proceso fue incorporado ante la Juez Quinta de Distrito de lo Penal de Audiencias, cuya titular ha enjuiciado a otros presos y excarcelados políticos como Alex Vanegas, Juan Bautista Guevara Carballo, María Oviedo, entre otros”, dice el escrito del organismo.

A criterio del organismo, el proceso penal en contra la señora Ubilla es ilegítimo e ilegal, porque fue detenida en horas no habilitadas por el Código Procesal Penal, sin orden de detención, sin la posibilidad de comunicarse con familiares o abogados/as, presentada ante autoridad judicial fuera de las 48 horas establecidas en el artículo 33 constitucional, pero, principalmente, por estar su detención enmarcada en una política de terror de Estado contra familiares de personas opositoras y presas políticas.

Estado de Nicaragua desacata medidas de la Corte IDH

El Colectivo considera importante destacar que la señora Ubilla al ser una persona beneficiada por medidas provisionales de la Corte Interamericana (Corte IDH), su arbitraria detención, agrava aún más el abierto “desacato permanente”.

Además recordó que en la resolución del 22 de noviembre de 2022, la Corte IDH llamó a todos los Estados miembros de la OEA a ejercer la “garantía colectiva” para presionar al Estado de Nicaragua y liberar a las personas presas políticas beneficiadas.

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Así mismo, en su escrito rechaza la injusta e inconstitucional acción penal, hace responsable al Estado por cualquier afectación a la salud, integridad y vida de la señora Martha Ubilla, quien ha sido sometida por años a actos de tortura psicológica que le han afectado gravemente su salud.

“Exigimos su inmediata y plena libertad, así como a las más de 240 personas presas políticas”, concluye el organismo en su pronunciamiento.