Abogado Yader Morazán pide no ignorar la grave situación de la Iglesia Católica en Nicaragua

El experto en Derecho y abogado, Yader Morazán, quien se encuentra en el exilio, pidió este sábado la atención del mundo ante la grave crisis que enfrenta la Iglesia Católica en Nicaragua por los brutales ataques que recibe de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“No ignoremos la situación actual de la Iglesia católica nicaragüense”, publicó el abogado este sábado 14 de enero en su cuenta de Twitter.

Morazán hizo un detallado resumen sobre los aspectos más relevantes de las 14 personas de la Iglesia Católica nicaragüense que se encuentran privados de libertad. Entre ellos, sacerdotes, seminaristas y periodistas y destacó al menos estos 14 incisos de los acontecimientos:

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1.- Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, lo mantuvieron en condición de secuestro en la Curia Episcopal de Matagalpa junto a 7 personas más (presos y procesados) desde el 04  de Agosto del 2022.

En la madrugada del 19/08 allanaron su domicilio sin orden judicial, y lo trasladaron forzadamente hacia la capital. Luego lo mantuvieron en condición de Desaparición Forzada, y fue hasta 131 días que presentaron acusación en su contra. Su caso está remitido a juicio.

2.- Padre Ramiro Reynaldo Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; 3.- Padre Sadiel Antonio Eugarrios Cano, 2do vicario de la catedral de Matagalpa; 4.- Padre José Luis Díaz Cruz primer vicario de la catedral de Matagalpa.

5.- Padre Raúl Antonio Vega González, diácono en la iglesia diocesana de Matagalpa; 6.- Seminarista Darwin Steylin Leiva Mendoza; 7.- Seminarista Melkin Antonio Centeno Sequeira y 8.- Camarógrafo de la diócesis, Sergio José Cárdenas Flores. Los 7 han sido acusados por lo mismo.

Sus casos están fase de juicio, remitidos al juez que lo realizará, pero no han definido su fecha, estando en un limbo jurídico que se desconoce el siguiente acto judicial. A sus familiares y abogados no les dan información e ignoran las solicitudes de copias del expediente.

9.- Mons. José Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de Boaco, fue condenado a 30 años de prisión por delitos sexuales, pese a que nunca llegaron a declarar los dos peritos más importantes de esos delitos, como son la psicóloga Forense y Médico Legal que acreditan la violación.

El Juez ignoró más de 5 escritos en los que los familiares nombraban un abogado de confianza y en su lugar prohibieron el ingreso al país al abogado de la familia que había salido de viaje y le impusieron una defensora pública que había sido asistente del juez que luego lo condenó.

10.- Padre Manuel Salvador García Rodríguez, condenado en Nandaime a 2 años de prisión por el delito de Amenaza con Armas y en Granada a 2 años y 8 meses por Violencia Física y Psicológica en perjuicio de Martha Candelaria (acusada), quién lo defendió y nunca declaró en su contra.

11.- Padre Benito Enrique Martínez Gamboa, párroco de la iglesia Santa Martha de Managua, fue privado de su libertad desde el 13 de octubre del 2022 y al siguiente día se presentó acusación en su contra. Sus familiares demandan atención médica y que se acepte un abogado de confianza.

12.- Padre Oscar Danilo Benavides Dávila, párroco de la iglesia Espíritu Santo, ubicada en el municipio de Mulukukú, de la Diócesis de Siuna (RACCN). Se hicieron todos los actos de organización del juicio (citas y demás) que está programado para el 16 de este mes.

13- Wilberto Artola Mejía, trabajador del canal de la iglesia TV Merced y Radio Hermanos-Matagalpa y 14- Manuel Antonio Obando Cortedano, periodista, y jefe de medios de la Diócesis, fueron capturados el 11 de diciembre del 2022 y 3 días después fueron acusados. No se les acepta un defensor de confianza.

Audiencias se hicieron clandestinamente

Morazán refirió que exceptuando a quienes señaló delito, todos los religiosos han sido acusados por menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Todas las primeras audiencias se han celebrado de forma clandestina (exceptuando los televisados por campañas de desprestigios).

Agrega que se les ha impuesto defensores públicos dirigidos por el régimen, se ha negado copias de las acusaciones y demás actuaciones que integran el expediente y no tienen ningún tipo de comunicación con sus defensas impuestas y menos con un abogado de confianza.

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“La comunicación con sus familiares es insipiente, la mayoría se encuentran en un limbo jurídico porque no está programada la subsiguiente audiencia que corresponde y en los juzgados o policía no dan información alguna”, destaca.

Los familiares y abogados no pueden ni hablar ni reclamar justicia por miedo a ser encarcelados y exceptuando al caso del padre Manuel Salvador García, todos han sido sustraídos del juez que les corresponde y llevados a una jurisdicción (juez) elegida por el régimen en la capital.