Aminta Granera, ex jefa de la Policia Sandinista, será investigada por la justicia argentina

El Tribunal Internacional de Justicia de Argentina amplió la lista de funcionarios que serán investigados por cometer crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo nicaragüense y esta vez incluyó a la ex jefa de la Policía Sandinista, la Comisionada Mayor, Aminta Granera Sacasa.

La lista de investigados la encabeza Daniel Ortega y Rosario Murillo y otros 12 funcionarios que dirigen las principales instituciones y poderes del Estado de Nicaragua. A ella, el Tribunal argentino añade a Aminta Granera Sacasa, quien será investigada para determinar su responsabilidad en la represión contra la población nicaragüense como jefa de la Policía Nacional de Nicaragua durante las protestas ciudadanas del año 2018.

En la ampliación de la denuncia se exige que se “considere la vulneración al derecho a la educación como parte del plan sistemático de represión, que se refleja en el control de las universidades y las restricciones a su funcionamiento acompañadas de la privación de la libertad de estudiantes y opositores al régimen”.

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“El accionar de la Policía Nacional durante la represión de abril de 2018 requiere de la investigación de la responsabilidad de la Sra. Aminta Granera Sacasa y, además, justifica la responsabilidad criminal del Presidente de la República de Nicaragua sobre los crímenes de lesa humanidad, ejecutados por acción o por omisión a través de la Policía Nacional, de acuerdo con la denuncia oportunamente presentada”, establece la ampliación del documento de la denuncia.

La ampliación agrega que “durante el mes de agosto de 2018 se produjo la detención de más de 20 estudiantes universitarios, algunos de ellos miembros del Movimiento 19 de abril y otros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia. Entre ellos se encontraban Byron Estrada, Luis Muñoz, Nahiroby Olivas, Luis Rugama, Yaritza Mairena y Víctor Obando”.

El pasado mes de octubre la justicia argentina abrió una investigación penal al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y a la vicepresidenta, Rosario María Murillo, y a otros 12 funcionarios, para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad. De ser encontrados culpables estarían obligados a comparecer ante este tribunal internacional, pero de negarse se estarían enfrentando a una orden de captura internacional con el apoyo de la Interpol.

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Darío Richarte indicó que lo que les motivó a interponer la denuncia en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo y a 12 de sus funcionarios, fue que en los últimos dos o tres años, aproximadamente, empezó a prestarle atención al caso de Nicaragua por toda la situación que se estaba desarrollando por toda la escalada de violencia por parte del gobierno.

Es “terrorismo de estado”

“Lo empezamos a estudiar como algo de lo que no debía ser o no debió ocurrir en un país democrático o supuestamente democrático, hasta que definitivamente abandonaron ese camino para convertirse en una dictadura”, enfatizó el abogado argentino y agregó que su país, desde el retorno de la democracia, siempre demostró un fuerte compromiso con la comunidad internacional en la promoción y la protección de los derechos humanos.

Junto a Daniel Ortega y Rosario Murillo también son investigados su asesor privado, Néstor Moncada Lau; el comisionado Francisco Díaz Madriz, jefe de la Policía nicaragüense; el general Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército de Nicaragua; Oscar Mojica, Ministro de Transporte e Infraestructura; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social; Oscar Valladares, asesor presidencial en temas de defensa y seguridad; Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua y Sonia Castro, exministra de Salud.

Además del secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) Ramona Rodríguez y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada Alba Luz Ramos.

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“CALIDH considera que estos funcionarios son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas entre otras”, dice el documento.