Familiares de reos políticos acogen recientes sanciones de Canadá a orteguistas violadores de DDHH

Un sector de la población nicaragüense que vive, en carne propia, las torturas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es la de los presos políticos (+130) y sus familiares, quienes llevan, desde meses hasta años, en algunos casos, denunciando la injusticia en las detenciones y exigiendo libertad para los que alzaron su voz contra los abusos, asesinatos y dominación de un gobierno que se mantiene en el poder a fuego y sangre.

Este jueves, al menos 15 de los cómplices del régimen, fueron sancionados por Canadá; las sanciones prohíben la realización de transacciones, el congelamiento de activos y la prohibición a ciudadanos canadienses, de llevar a cabo gestiones financieras o negocios con los sancionados. Esta respuesta internacional contra los que tildan como “verdugo” de los manifestantes y el pueblo en general, es acogida por los familiares de los presos políticos.

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“Las sanciones a este dictador nos favorece, pero sabemos que a este hombre no lo detiene nada y nuestros familiares son los que están pagando todo. Esperamos haya mayor presión para que ellos puedan (los presos políticos) ser liberados”, argumentó Ruth Hernández, familiar de un reo de conciencia.

Explica que en cada ocasión que se sanciona a Ortega-Murillo y sus brazos opresores, la represión contra los detenidos por asuntos políticos, incrementa de manera violenta; las torturas psicológicas, físicas y amenazas se emplean con rigor en La Modelo y demás centros carcelarios, donde policías y custodios, haciéndose valer por armas, golpes y castigos inhumanos, esbozan que “aquí mandamos nosotros” (los sandinistas).

“Pero el mensaje de nuestros familiares es que aquí seguimos, seguimos en resistencia, no dejen de luchar. Que hayan más presiones porque nosotros vamos a resistir, vamos a ser libres”, compartió Hernández.

La situación de los presos políticos es expuesta en cualquier espacio de diplomacia, Derechos Humanos y comunicación, con el fin de mantener vigente la urgencia que predomina, en cuanto a sus liberaciones, y el cese de las acciones en perjuicio de la integridad de cada uno.

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