Familiares de víctimas de la dictadura de Ortega siguen exigiendo justicia y libertad

Este miércoles cuatro organizaciones de familiares asesinados, de presos políticos y de los recientes secuestrados por la guardia de Daniel Ortega, emitieron un pronunciamiento en conferencia de prensa virtual, en donde exigieron justicia y la libertad de estos, al mismo tiempo que denunciaron las violaciones de las que son víctimas los reos.

Los familiares manifestaron su preocupación por el desconocimiento que existe de la condición de los reos políticos al negarles la visita y la admisión de alimentos. Al mismo tiempo denunciaron las amenazas que reciben los abogados defensores, algunos se han exiliado por esto, por lo que quedan en indefensión los secuestrados y secuestradas.

“Aquí no es que el régimen tiene secuestrados a todos los presos políticos, aquí es porque el régimen tiene secuestrado a seis millones de personas, creo que esto es suficiente para decir que estas elecciones no son creíbles, no son verdaderas”, dijo Rodrigo Navarrete, de la Organización de Victimas de Abril en referencia a las elecciones del 7 de noviembre.

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“Hoy estamos ante ustedes una amplia y diversa representación de familiares de las más de 134 personas presas políticas de la dictadura orteguista. Como familiares deseamos transmitir hoy dos mensajes. El primero es dar conocer de primera mano la inaguantable situación en que se encuentran nuestros familiares presos y presas políticos. Comenzando por las condiciones altamente vulnerables en que se encuentran y el impacto económico y psicosocial que esta situación tiene en ellas, ellos y en nosotros y nosotras, como familias”, dice el comunicado de familiares de personas presas políticas.

El pronunciamiento detalla que dentro de las personas presa políticas, quienes han sido capturadas recientemente, suman 27 personas, no han tenido derecho a visita. “Esta situación nos causa una gran angustia ya que se nos ha negado, igual que a sus abogados y abogadas, cualquier tipo de comunicación con ellos y ellas. Muchos de ellos llevan ya hasta más de 40 días secuestrados e incomunicados. Esto es una forma de tortura tanto para quienes están injustamente detenidos, como para nosotras y nosotros sus familiares”.

Predominan las torturas, abusos, chantajes y desgaste para las personas presas

Los familiares pidieron a los periodistas de diferentes medios de comunicación independientes que puedan hacer eco de la injusticia, la impotencia, los abusos a sus derechos humanos y el dolor que todas y todos están viviendo. En el pronunciamiento, los familiares también detallan la condición precaria en la que se encuentran los reos y reas en los sistemas penitenciarios:

• El 78% son adultos de 25 a 59 años, la mayoría padres y madres de niños y niñas; son el sostén económico de sus hogares e incluso de sus familias ampliadas, lo cual ha agravado su situación económica.

• El 35% de las personas presas políticas fueron capturadas entre 2018 y 2019, algunos con casi tres años presos. El periodo promedio que llevan en prisión las personas capturadas luego de 2018 es de 405 días y muchos han sido juzgados dos veces por el mismo delito.

• Entre las personas presas políticas hay 10, que fueron secuestradas antes del contexto 2018, quienes llevan 2,527 días presos en celdas de máxima seguridad, incluso entre ellos hay una persona, que lleva 3,650 días presos en máxima seguridad, en el sector del llamado infiernillo.

• Por otro lado, también denunciar que algunas familias tienen más de un familiar detenido, y el sistema les asigna fechas distintas para las visitas. Así las familias se ven obligadas a ausentarse de sus viviendas y trabajos durante varios días, con consecuencias económicas, físicas y emocionales.

• A familiares y presos políticos nos hacen firmar documentos en que afirman que han recibido un buen trato, de lo contrario se nos niega el derecho a las visitas. Sabemos que esto no es cierto y es una táctica más de represión, desgaste y chantaje de la dictadura.

• En las cárceles no existe atención médica, y las condiciones de salubridad son pésimas: las personas encarceladas padecen toda clase de males crónicos, adquiridos o provocados en su situación de cautiverio. Sabemos que algunos presos han presentado padecimientos, pero no reciben atención oportuna ni se les permite el acceso a los medicamentos que sus familiares les llevan. A la precariedad de su salud se suma la insalubridad de las celdas.

• Ante la pandemia del Covid 19, el país −y los penales en particular− siguen sin contar con políticas para evitar la propagación del virus, no existen ningún tipo de medidas implementadas para protegerlos. Esto es de suma preocupación para nosotras y nosotros ya que sabemos que el contagio podría ser grave para nuestros familiares injustamente encarcelados.

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