Costa Rica ante la OEA: Nicaragua aloja a militares rusos y a grupos terroristas

El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, respaldó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la declaración aprobada por la LVI Asamblea General sobre Nicaragua y expresó una postura sobre la situación de derechos humanos, seguridad y democracia en el país gobernado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, contrastando con las declaraciones de la presidente, Laura Fernández.

Ante el pleno de la Asamblea General, sostenida en Panamá, el diplomático costarricense celebró la adopción de la resolución y agradeció especialmente a Canadá por su liderazgo en la construcción del consenso.

Asimismo, reafirmó el texto de la declaración al sentenciar que “la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho y las libertades fundamentales continúan siendo pilares esenciales del sistema interamericano”.

También advirtió sobre la presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá. El representante costarricense afirmó que su país observa con “enorme preocupación” estas actividades y recordó que recientemente fue detenido un ciudadano presuntamente vinculado a Hamás.

Y asimismo denunció el impacto de la minería ilegal en zonas fronterizas con Nicaragua, señalando consecuencias ambientales, económicas y de seguridad para Costa Rica y la región. Las autoridades costarricenses han vinculado estas operaciones minería ilegal con empresas chinas que llevan años trabajando de cerca con la dictadura sandinista.

Señala muerte de Brooklyn Rivera

El canciller aseguró que Costa Rica valora la preocupación de la Asamblea por el deterioro de la situación democrática y de derechos humanos en Nicaragua, incluyendo las denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones a las libertades fundamentales y la persecución contra líderes religiosos y comunidades de fe.

También se enfocó en el fallecimiento del líder indígena miskito Brooklyn Rivera bajo custodia estatal, calificándolo como un hecho que requiere esclarecimiento.

Además, reiteró el compromiso de Costa Rica con las investigaciones sobre el asesinato del exmilitar y opositor nicaragüense Roberto Samcam, asegurando que las autoridades costarricenses continuarán trabajando para que todos los responsables comparezcan ante la justicia.

El diplomático destacó que Costa Rica ha brindado protección a decenas de miles de nicaragüenses exiliados y reiteró el compromiso histórico de su país con la defensa de los derechos humanos y la democracia.

¿Doble discurso?

Las declaraciones contrastan con la posición expresada semanas atrás por la presidente Laura Fernández, quien afirmó que los nicaragüenses tienen “el gobierno que han elegido tener” y defendió mantener una relación “cordial”, “armoniosa” y posteriormente “fraternal” con Nicaragua en asuntos comerciales y fronterizos.

Sus comentarios generaron críticas de organizaciones de derechos humanos, sectores del exilio nicaragüense y figuras políticas costarricenses. Tras la polémica, Fernández aclaró que Costa Rica no mantiene relaciones diplomáticas con Nicaragua y sostuvo que su gobierno defiende la democracia y los derechos humanos.

Sin embargo, sus declaraciones iniciales fueron interpretadas por opositores nicaragüenses como una minimización de la crisis política y de las denuncias internacionales contra el régimen Ortega-Murillo.

La intervención del canciller costarricense en la OEA se suma a una línea más crítica hacia Managua dentro de los espacios multilaterales. La declaración de la Asamblea General, además de expresar preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua, reclama también respeto a las libertades fundamentales, el Estado de derecho y la participación democrática.