Congresista republicano llama a expulsar del CAFTA al régimen sandinista

El congresista por la Florida, el republicano Carlos A. Giménez, volvió a plantear la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), al considerar incompatible la permanencia del país en el acuerdo comercial con el rumbo autoritario de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Yo creo que el tratado se tiene que eliminar para Nicaragua. No es una democracia y Daniel Ortega, que es un dictador y que sabemos que ha sido un dictador, ha dicho que eliminará las elecciones”, afirmó Giménez. El congresista agregó que las elecciones anteriores tampoco fueron justas y consideró que, con el anuncio de Ortega, “se va todo este engaño”.

La declaración, divulgada por video vía redes social, responde a la afirmación de Ortega en su discurso del 19 de julio, cuando proclamó que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”. Posteriormente, el régimen presentó un proceso de reforma estructural que plantea continuar con votaciones, pero excluyendo a cualquier elemento opositor de manera formal.

Giménez ya había defendido una medida similar. En octubre de 2025 respaldó públicamente una propuesta para retirar a Nicaragua del CAFTA-DR y establecer aranceles de 100% al régimen Ortega-Murillo, siguiendo mecanismos puestos en marcha por la segunda administración del presidente Donald Trump.

Una propuesta constante

La posibilidad de revisar los beneficios comerciales de Nicaragua tampoco es nueva en el Congreso estadounidense. La Ley RENACER, aprobada en 2021, incorporó disposiciones para revisar la participación nicaragüense en el CAFTA-DR y estableció nuevas sanciones contra funcionarios y estructuras vinculadas al régimen.

La legislación fue impulsada, entre otros, por la congresista María Elvira Salazar y el entonces senador Marco Rubio, actualmente Secretario de Estado y uno de los principales funcionarios del gabinete de Trump, responsable de golpes contundentes a las dictaduras de ultra-izquierda en el continente.

Asimismo, la participación de Nicaragua en el CAFTA había sido puesta en entredicho por una investigación contra la dictadura sobre incumplimiento a acuerdos internacionales y abuso a derechos laborales del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), pero la administración optó en su lugar por aranceles progresivos y dejó la puerta abierta a revisiones posteriores y otras medidas en caso de no haber mejorías.

 En enero de este año, la representante Salazar y el congresista Chris Smith presentaron la la Ley de restauración de la soberanía y los derechos humanos en Nicaragua, que propone ampliar las sanciones contra el régimen, restringir inversiones estadounidenses y aumentar la presión internacional para que Nicaragua celebre elecciones libres.

Tras el anuncio de Ortega de eliminar las elecciones, además, los senadores Jeanne Shaheen, del Partido Demócrata, y Rick Sc0tt, republicano, emitieron una declaración conjunta en la que condenaron “en los términos más enérgicos” la decisión del mandatario nicaragüense y anunciaron que trabajarían de manera bipartidista con las herramientas legislativas disponibles para presionar al régimen, aunando a las tensiones entre una Managua progresivamente más restrictiva y Washington.

La expulsión de Nicaragua del acuerdo del CAFTA-DR tendría severas consecuencias para la economía nicaragüense, tanto para negocios vinculados a la dictadura como para cientos de miles de empleos que dependen de las regulaciones relativamente laxas y exenciones tributarias del acuerdo, entre otras disposiciones.