Tiroteo entre pandillas quebranta relato de seguridad de la dictadura

El enfrentamiento entre dos grupos rivales en el barrio Villa Libertad, en Managua, que dejó a un joven de 20 años acusado de intentar matar a otro con un arma de fuego hechiza, vuelve a poner en cuestión el discurso oficial sobre la seguridad en Nicaragua, al demostrar la existencia de grupos armados, organizados y con identidades definidas.

Según información divulgada por el medio oficialista La Primerísima, los grupos conocidos como “Los Sabaneros” y “Las Gárgolas” se enfrentaron el pasado 15 de agosto. En medio de la disputa, el joven Mauricio Ezequiel Juárez Gómez, de 20 años, habría disparado dos veces contra Marvin Antonio Zambrana Centeno, quien recibió impactos de bala en el pecho y una pierna.

Juárez —quien muestra tatuajes posiblemente ligados a su pandilla— enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa y exposición y abandono de personas al peligro; el proceso en su contra fue reprogramado para el 29 de octubre debido a la incomparecencia de los testigos, de acuerdo con el reporte oficialista.

El caso documenta una disputa entre grupos identificados por nombres propios y el presunto uso de un arma hechiza para atacar a una persona, poniendo en entredicho las declaraciones de la jefatura militar, que ha negado categóricamente la presencia de pandillas y otras estructuras criminales en el país.

Avilés niega la existencia de pandillas y carteles

El 2 de septiembre, durante el acto por el XLVII Aniversario del Ejército Popular Sandinista (EPS), el general Julio César Avilés afirmó que el país es “el más seguro de la región” —pese a que El Salvador superó hace años sus indicadores— porque, según dijo, “no tenemos maras, ni pandillas, no existen carteles de narcotráfico, sicariato ni secuestros“.

Episodios como el de Villa Libertad, en el que grupos con identidad definida y rencillas se involucran en enfrentamientos armados se suman a uno que el propio Ejército hizo público: un enfrentamiento armado en el cerro Los Cocos, a unos 37 kilómetros al noroeste de Siuna, en la Costa Caribe Norte.

El 8 de octubre, una patrulla se enfrentó con hombres a los que la institución describió como integrantes de una agrupación delincuencial. El balance oficial fue de dos presuntos delincuentes muertos, dos fusiles AK y una escopeta ocupados, además de la destrucción de un plantío y semillas de marihuana.

Según la versión militar, el grupo estaba involucrado en supuestos asesinatos, amenazas, torturas, extorsiones y robos de dinero y ganado contra productores rurales, además de cultivar y comercializar marihuana. Los soldados afirmaron que los hombres abrieron fuego cuando la patrulla les ordenó detenerse.

El comunicado del Ejército no precisó cuántas personas integraban la agrupación, cuánto tiempo llevaba operando, quién era su presunto jefe ni cuántos hombres lograron escapar.

Tampoco individualizó a las víctimas de los delitos atribuidos al grupo ni detalló las investigaciones previas que respaldarían esas acusaciones; de hecho, la dictadura lleva años sin proporcionar estadísticas agregadas de seguridad, al no publicar un Anuario Estadístico de la Policía Nacional desde 2021.

La naturaleza de los delitos descritos por el reporte militar apunta a una operación de larga data que no fue comunicada a la población y que contradice las declaraciones maximalistas de Avilés en cuanto a la seguridad del país, sobre todo de las zonas remotas que son particularmente vulnerables.

Un muro en ruinas

Además de las contradicciones y la incapacidad o nula voluntad de la dictadura de explicarlas, en los últimos meses, autoridades extranjeras han informado de decomisos de cocaína que, según sus investigaciones, procedía de Nicaragua o de redes que operaban desde territorio nicaragüense.

El caso más reciente ocurrió el mismo 8 de octubre por la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, que informó sobre el desmantelamiento de una estructura transnacional dedicada al traslado de cocaína desde Nicaragua hacia Guatemala, utilizando territorio salvadoreño como corredor de tránsito.

La investigación, iniciada en julio de 2024, permitió decomisar un total de 1917 kilogramos de cocaína, valorados en unos 48.2 millones de dólares, además de seis embarcaciones. La dictadura sandinista rechazó los señalamientos y solicitó a El Salvador información sobre las pruebas y los antecedentes que sustentan la investigación. Por tanto, la versión sobre la ruta de la droga corresponde a las autoridades salvadoreñas y no ha sido aceptada por Managua.

Las operaciones en El Salvador no han sido las únicas registradas. Incidentes parecidos llevan siendo reportados en lugares tan lejanos como Reino Unido o Rusia, además de la región Centroamericana.

En 2025, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos abandonó Nicaragua alegando falta de cooperación de parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura. Tal falta de cooperación fue señalada una vez más cuando Nicaragua volvió a ser calificada como un país clave en el tráfico de droga este año.