ONU exige a Ortega respetar, cumplir y proteger los derechos humanos de todos los nicaragüenses

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ante la situación de los derechos humanos en Nicaragua que ha continuado deteriorándose gravemente, instó este lunes en la 54 sesión realizada en Ginebra, Suiza, al régimen sandinista de Daniel Ortega, respetar, cumplir y proteger los derechos humanos de todas las personas en Nicaragua e implementar plenamente las recomendaciones formuladas por la OACNUDH y los mecanismos de derechos humanos que siguen sin cumplirse.

El Alto Comisionado instó a la dictadura orteguista a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente en relación con la crisis de derechos humanos de 2018, a derogar la Ley 1145 (2023) y la reforma del artículo 21 de la Constitución, a restituir la nacionalidad a todas las personas privadas de ella y permitir el retorno seguro de todos y todas las nicaragüenses que deseen regresar al país.

Así mismo, a facilitar urgentemente la expedición de documentos de viaje oficiales para permitir la salida de todas las personas que quieran abandonar Nicaragua, especialmente los niños y niñas y los cónyuges que busquen la reunificación familiar.

La ONU también demanda a Ortega habilitar un espacio cívico abierto y pluralista que garantice las libertades de expresión y opinión y de reunión y asociación, permitiendo a todas las personas, grupos y organizaciones ejercer sus derechos, a defender los derechos humanos y a participar en la dirección de los asuntos públicos y otros derechos políticos, también mediante el restablecimiento de la personalidad jurídica de todas las organizaciones privadas arbitrariamente de ella.

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Ortega debe garantizar justicia para las víctimas de su represión

Entre las recomendaciones que la ONU demanda a la dictadura sandinista está el garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Así mismo, al dictador se le exige que investigue todos los actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y exigir responsabilidades a los autores de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. De igual manera, debe garantizar la prevención de nuevos actos de violencia, condenándolos públicamente y garantizando los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante, entre otras cosas, la finalización del proceso de saneamiento en consulta con ellos.

“Garantizar que se respeta el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre las medidas y leyes que puedan afectarles, de acuerdo con las normas internacionales”, resalta el informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas este martes.

La ONU destaca que Ortega comete torturas contra las mujeres detenidas por lo que le insta a redoblar urgentemente los esfuerzos para erradicar la violencia de género, incluidos los malos tratos a las presas políticas. Así mismo, a prevenir y erradicar el matrimonio infantil y establecer la edad mínima legal para contraer matrimonio en 18 años, sin excepción.

Se debe modificar legislación sobre el aborto

Así mismo, la ONU recomienda a Ortega modificar la legislación sobre el aborto en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos; y adoptar medidas para garantizar que los y las adolescentes tengan pleno acceso a la planificación familiar y a los anticonceptivos, así como a información adecuada sobre salud sexual y reproductiva para evitar embarazos precoces.

De igual forma le exige promover la rendición de cuentas de los agresores y el acceso a la justicia y a los servicios para las víctimas.

Además, le recuerda su compromiso, en el año de conmemoración del 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de considerar la ratificación de las convenciones y protocolos facultativos de derechos humanos de los que Nicaragua aún no es parte, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

El organismo señala que Nicaragua sigue sin garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas, quienes no están suficientemente protegidas de la violencia de género, incluido el matrimonio infantil. A la OACNUDH le preocupa el impacto combinado de la prohibición absoluta del aborto y la alta tasa de embarazos precoces, que conduce a abortos inseguros y a la muerte de mujeres y niñas embarazadas.

“Los pueblos indígenas siguen sufriendo asesinatos y ataques por parte de colonos, que se han convertido en algo habitual en relación con intereses territoriales y actividades mineras. Esta situación ha puesto a los pueblos indígenas bajo la amenaza constante del desplazamiento y la pérdida de sus medios de vida”, afirma la ONU.

OACNUDH pide ingresar a Nicaragua

La ONU también le instó a Daniel Ortega a cooperar con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas para abordar los vacíos existentes en materia de protección y permitir a la OACNUDH y a otras organizaciones regionales e internacionales el acceso a Nicaragua.

El dictador Daniel Ortega ha decidido ignorar estas recomendaciones emitidas por la ONU, la OEA y otros organismos defensores de derechos humanos, en cuanto a la grave situación sociopolítica y económica que cada día se deteriora más en Nicaragua y que ha generado una migración masiva de centenares de miles de nicaragüenses que huyen de la represión y la pobreza.

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En su informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas refiere que las personas percibidas como opositoras a la dictadura sandinista son perseguidas y sometidas a un amplio abanico de medidas arbitrarias violatorias de sus derechos humanos, que incluyen penas de prisión dictadas sin juicio previo y la privación de la nacionalidad mediante resoluciones judiciales carentes de cualquier viso de legalidad.

“Los y las familiares de estas personas también se han visto afectadas por estas medidas. Ha tenido un efecto amedrentador en el conjunto de la sociedad nicaragüense, al dejar claro que cualquier persona crítica con el Gobierno, así como sus familiares, sería castigada”, resalta el documento.

Además refiere que con la eliminación progresiva de todas las asociaciones independientes, el control de todas las instituciones públicas y la expulsión y el exilio de los principales líderes de la oposición, el Gobierno ha reducido el espacio cívico y democrático hasta un punto que no deja lugar a la disidencia.

“Sin embargo, las personas defensoras de los derechos humanos siguen trabajando, tanto en Nicaragua como en el exilio, abogando por la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y por el retorno a la democracia y al Estado de derecho”, subraya.