Dictadura receta delitos políticos en juicio de sacerdote de Mulukukú

Al sacerdote de la Iglesia Espíritu Santo del municipio de Mulukukú, en la Costa Caribe Norte, Óscar Benavides Dávila, lo remitieron a juicio oral y público ante la jueza orteguista del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Gloria Saavedra Corrales, quien lo acusa por delitos políticos.

Al igual que los otros sacerdotes bajo secuestro, como monseñor Rolando Álvarez de Matagalpa, al párroco de Mulukukú lo acusarán por la supuesta comisión del delito de “conspiración” o también conocido como “traición a la patria”, mismo delito que mantiene bajo encierro y torturas a más de 200 personas presas políticas en Nicaragua.

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El sacerdote católico, a quien detuvieron sin justificación agentes de la Policía Sandinista el pasado 14 de agosto tras salir de una misa en Mulukukú, también irá a juicio por el supuesto delito de “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”.

No hay fecha aún para el juicio contra el sacerdote

El fiscal sandinista Manuel Rugama Peña, de la Unidad Especializada Contra Delitos de Delincuencia Organizada (UECDO), dijo ante la jueza que cuenta con las “pruebas suficientes y pertinentes” para sostener la acusación en juicio, entre las que destacan pruebas testimoniales, periciales, documentales y actos de investigación.

Por ahora se conoce que la jueza orteguista dejó a solicitud del nuevo juez que llevará el caso del religioso católico, para que este determine la fecha en que se realizará el juicio político. Durante la audiencia inicial celebrada el pasado 6 de octubre, el padre Benavides estuvo representado por un abogado privado que le asignó su familia.

Defensa de sacerdote de Mulukukú niega acusaciones

Según el medio digital Despacho 505, la defensa señaló que las acusaciones fiscales son atípicas, y alegó que emitir una opinión en una publicación que circuló en redes sociales no es cometer “conspiración” debido a que la libertad de opinar la establece claramente el artículo 30 de la Constitución Política de Nicaragua.

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Además, la fiscal no logró mostrar a las personas que supuestamente conspiraban junto al sacerdotes y cómo es que actuaban en contra de la ley. Sin embargo, como es de esperar, la dictadura sandinista a través de su brazo represor el Poder Judicial, acusará al religioso por estos delitos políticos.