Denuncian crimen perpetrado con armamento del Ejército en Rivas
El fusil AK-47 es de uso exclusivo de las fuerzas de Seguridad del Estado de Nicaragua, pero fue distribuido a civiles en 2018 de forma ilegal.
Agentes al servicio de la dictadura sandinista portando fusiles AK-47.
- Cortesía
Un grupo de hombres armados con fusiles AK-47 habrían irrumpido en una viviendo ubicada en el barrio El Golfo, en la ciudad de Rivas, la noche del 22 de abril. Los individuos habrían sustraido un monto aproximado de 30 mil dólares que provenían de la venta de una propiedad.
El crimen, actualmente investigado por agentes de la Policía Nacional, fue denunciado por el ciudadano Jhony José Ruiz Treminio, hijo del matrimonio de Antonia Treminio Mendoza y Manuel de Jesús Ruiz Cardoza. La pareja se encontraba sola en la vivienda al momento del crimen.
Los vecinos aseguraron haber escuchados gritos al momento de la invasión a la vivienda. Cuando finalmente hubo alerta de que se trataba de un robo, vecinos intentaron dar persecución a los asaltantes, pero fue en vano. “Los sujetos huyeron con rumbo a San Juan del Sur y otros hacia el centro de la ciudad“, relató Ruiz Treminio a la prensa oficialista.
Los fusiles Avtomat Kalashnikova 1947 (AK-47) en Nicaragua son de uso exclusivo del Ejército de Nicaragua, por lo que este grupo podría tener lazos o bien con las fuerzas de Seguridad de la dictadura sandinista o con el crimen organizado ligado al narcotráfico internacional.
Al momento de publicarse esta nota, las autoridades no han siquiera reconocido la posesión de armas de guerra por parte de estos individuos.
Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, documentó que el Ejército de Nicaragua había proporcionado armas, entrenamiento e Inteligencia a simpatizantes del Frente Sandinista para reprimir a manifestantes durante la crisis de abril de 2018.
Estos grupos, junto con la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, fueron responsables de algunos de los peores abusos durante el estallido social. Ese año, la dictadura sandinista fue responsable del asesinato de 355 ciudadanos, según organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ni el Ejército de Nicaragua ni ninguna otra institución del régimen sandinista se ha pronunciado en relación a estos señalamientos, ni tampoco ha negado la evidencia. Tampoco ha habido indagaciones públicas sobre el paradero del armamento entregado a estos civiles posterior a 2018.
