Parlamento sandinista aprueba reformas a la Constitución política

Con 91 votos a favor y cero en contra el parlamento sandinista aprobó el proyecto de ley que reforma en su mayoría la Constitución política para crear un nuevo Estado nicaragüense, y perpetuar en el poder a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Daniel Ortega, ha propuesto una iniciativa de reforma parcial a la Constitución que ha sido duramente criticada por los opositores y la Organización de Estados Americanos (OEA), al plantear no solamente que se amplíe el periodo presidencial de 5 a 6 años, sino que establece la figura de “copresidenta”, la no separación de los poderes del Estado ya que serán manejados por el Ejecutivo, o la creación de la Policía Voluntaria o paramilitar.

En la nueva enmienda destacan que las personas que se postulen como co-presidentes no deben de tener antecedentes o ser señalados de financiar un golpe de Estado o que alteren e orden constitucional. Tampoco podrán ser aspirantes los que tienen otra nacionalidad.

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La nueva reforma parcial a la Constitución Política, elimina la elección del vicepresidente por sufragio, medida que también será aplicada para los diputados de la Asamblea Nacional y permanecerán en el cargo por 6 años.

En ese sentido, el artículo 138 habla que los Co-Presidentes podrán nombrar a sus “Vicepresidentes” que desempeñarán las funciones que les asignen, viene siendo como una especie de secretarios pero con un alto rango de responsabilidad.

Aunque opositores han argumentados que con este reforma Ortega busca cederle el poder a Rosario Murillo sin elecciones justas y transparentes, la enmienda plantea refundar el Estado “revolucionario”, busca legalizar la instauración de un modelo de partido único y familiar como en Cuba, institucionaliza la concentración de poder, legaliza la apatridia, y “constitucionaliza el Estado totalitario”, según opositores.

El nuevo modelo también legaliza la vigilancia y persecución a los comunicación social, organizaciones o instituciones religiosas que sean “sometidos” а intereses extranjeros y divulguen “noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses”.

Así mismo, se establece que “el Estado es laico y asegura la libertad de culto, fe y prácticas religiosas en estricta separación entre el Estado y las iglesias”, a cambio de que ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público, y que “las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero”.

Oficializa a paramilitares

Daniel Ortega y Rosario Murillo legalizaron también a los paramilitares bajo figura de “policías voluntarios”, mismos que fueron ocupados por la Policía y el Ejército Sandinista para reprimir a jóvenes estudiantes durante las protestas antigubernamentales en 2018.

El Artículo 97 establece que “se crea la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria”.

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Aclaran que “no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución, ni grados militares que los establecidos por la ley”.

Cabe mencionar que los que integran los supuestos “policías voluntarios”, son funcionarios o trabajadores de las distintas alcaldías del país, los llamados CPC (Consejos del Poder Ciudadano), militantes sandinistas y exguerrilleros de los años 80 que participaron en las protestas como “paramilitares”.

Estos desde el 2018, forman parte de la estructura represiva y de vigilancia política del Frente Sandinista en los barrios― acompañando a agentes policiales para identificar, perseguir y encarcelar a jóvenes que participaron en las protestas o que consideren que es opositor al régimen.