Tamara Dávila pide a la OEA que “actúen por una transición democrática en Nicaragua”

Este miércoles se llevó a cabo una sesión extraordinaria ante con Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde Tamara Dávila, excarcelada política de la dictadura sandinista, demandó ante el organismo diplomático que “actúen por una transición democrática en Nicaragua”.

La activista y líder opositora dijo a la comunidad internacional que Nicaragua necesita de sus “voces y de sus acciones para lograr” esa transición para poner fin a los crímenes cometido por el régimen y la impunidad, para lograr la “vida, la paz y la justicia”.

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Dávila denunció los meses de encierro y tortura psicológica y física que sufrió en la cárcel de confinamiento solitario en la que fue sometida por custodios de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, conocida como “El Chipote”, desde su secuestro el 12 de junio de 2021.

“Toda esa tortura me provocó una grave crisis de ansiedad que los carceleros la aplacaban con Alprazolam”, denunció Dávila, quien hasta el día de hoy no ha logrado reunirse con su hija desde hace 21 meses.

La opositora destacó que el régimen de Ortega y Murillo mantiene como “rehenes a nuestras familias en Nicaragua”, pues asegura que “hijos e hijas son intimidados, los vigilan e impiden a muchos de ellos la reunificación”, en referencia a que la dictadura borró de los registros civiles a 317 nicaragüenses acusados de “traición a la patria”. Esto ha provocado que sus hijos no pueden salir del país debido a que necesitan el permiso de su madre, que en este caso “no existe”.

Corte IDH pide aplicación del Artículo 65 a Nicaragua

A la sesión se hizo presente el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Ricardo Pérez Manrique, para dar lectura a la orden de desacato permanente por parte de la dictadura sandinista a las medidas cautelares otorgados a 88 presos políticos.

El juez destacó que entre febrero de 2021 a febrero de 2023, la Corte IDH adoptó 8 resoluciones de medidas provisionales y dos resoluciones de medidas urgentes, para preservar la libertad, la salud y la integridad física de estas personas, sin embargo, no fueron acatadas por los Ortega Murillo.

Por ello, solicitó ante el Consejo Permanente de la OEA la aplicación del Artículo 65 de la Convención Americana que “señala que la Corte debe someter a consideración de la Asamblea General un informe anual de manera especial, que señale los casos en que el Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”.

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El presidente de la Corte IDH recordó que la dictadura Sandinista aún mantiene secuestrados a 6 presos políticos que fueron beneficiados con las medidas cautélales, entre ellos: Fanor Alejandro Ramos, Eliseo de Jesús Castro Baltodano, José Urbina Lara, Carlos Antonio López Cano, Jaime Navarrete Blandón y Eder Muñoz Centeno.

Según el juez, estos beneficiados aún continúan sometidos en “condiciones extremas como grave perjuicio para su salud”.