Embajador mexicano en la OEA intenta justificar su postura sobre dictadura en Nicaragua

El embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas, intentó justificar la abstención de su país en la votación del 19 de agosto sobre Nicaragua, al sostener que la crisis política y de derechos humanos en el país no constituye una amenaza para la paz o la seguridad hemisférica.

En contraste, según Encinas, la respuesta debe privilegiar el diálogo y la diplomacia, ambas vías que han sido intentadas desde el inicio de la crisis en 2018 y que han resultado en la radicalización del régimen, llevando al dictador Daniel Ortega a declarar que en el país “no volverá a haber elecciones”.

En un artículo de opinión publicado en diario El Universal el 25 de agosto, Encinas trató de argumentar que México no votó sobre la permanencia de Ortega en el poder ni sobre la eliminación de las elecciones, sino sobre la propuesta de convocar una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores para analizar la situación nicaragüense.

Según explicó posteriormente, México no acompañó la convocatoria porque consideró que esta planteaba de manera ambigua “considerar la situación en Nicaragua y las medidas apropiadas” sin precisar cuáles serían esas acciones, a pesar de que el mecanismo se planteaba precisamente para convenir la naturaleza de dichas acciones.

El diplomático advirtió además que “securitizar” la crisis podría profundizar el aislamiento de Nicaragua y abrir la puerta a medidas que excedan las facultades de la OEA. “La experiencia de nuestra región demuestra que marcar una crisis política interna como amenaza a la seguridad hemisférica no necesariamente contribuye a resolverla”, sostuvo.

A su juicio, el caso debe abordarse como una situación “esencialmente política y de derechos humanos”, mediante soluciones pacíficas y diplomáticas. Pero el planteamiento original de la reunión solicitada por Estados Unidos esclarece que la misma “no constituye autorización para el uso de la fuerza armada” y en sí misma consistiría de un acuerdo diplomático.

Encinas también invocó los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias y respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución mexicana.

Asimismo afirmó que México mantiene su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y recordó que Nicaragua continúa obligada por instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a participar en elecciones libres y periódicas.

La resolución finalmente fue aprobada por 29 países; Brasil votó en contra y México se abstuvo. La decisión mexicana fue defendida al día siguiente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que la abstención responde a los principios constitucionales de autodeterminación y no intervención.

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo es reconocida internacionalmente como responsable de un deterioro severo de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en Nicaragua.

Durante el estallido social de 2018, el régimen sandinista ejecutó extrajudicialmente a más de 350 personas, incluyendo menores de edad; detuvo ilegalmente a miles de ciudadanos, cientos de ellos desnacionalizados y desterrados,  y generó una crisis responsable de cientos de miles de desplazados a países vecinos.

El régimen ha supuesto además una fuente de desestabilización para el hemisferio admitiendo cooperación e incluso presencia militar de potencias extranjeras como la República Popular China y la Federación Rusa, ambas con establecimientos señalados de espionaje por Estados Unidos y observadores independientes.