Le vulneran absolutamente todos sus derechos, dice abogada sobre secuestro a monseñor Álvarez

La especialista en derecho, Martha Patricia, denuncia este viernes que el “procedimiento jurídico” en contra de Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, constituye una “absoluta” violación a sus derechos humanos, y asegura que su secuestro no se fundamenta ni tiene legalidad bajo las leyes del país.

El comunicado oficial de la Policía sandinista anuncia que durante “la madrugada de este viernes 19 de agosto se realiza, en las instalaciones de la Casa-Curia de la ciudad de Matagalpa, un operativo”, que de entrada viola los derechos del obispo Álvarez porque se trata de un allanamiento y secuestro, al sacarlo de su morada junto a otros ocho religiosos que lo acompañaban.

La abogada Martha Patricia señala en entrevista con 100% Noticias y Nicaragua Actual que el Código Procesal Penal no establecen como un horario para allanamiento o registro de morada, las 3 de la madrugada.

“Ustedes buscan el Código Procesal Penal artículo 217, segundo párrafo, (establece) entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, en ningún momento dice a las 3 de la madrugada”, explica la abogada y argumenta que solo cuando se comete un delito grave se puede realizar este tipo de operativos fuera del horario que establece la Ley.

La especialista manifiesta que en el caso de Monseñor Álvarez existe una absoluta violación a sus derechos humanos, mismos que contempla la Constitución Política, como ciudadano nicaragüense.

Abogada: No hay garantías constitucionales a favor del obispo

Inclusive asegura que al obispo de Matagalpa y sus acompañantes religiosos los tratan como “los peores terroristas y criminales a nivel internacional”, porque “no les están garantizando ningún tipo de derecho a nivel constitucional ni tampoco derechos humanos”.

“Monseñor Rolando José Álvarez se encontraba secuestrado y lo único que ha venido haciendo todos estos días es rezar el Rosario y la Santa Misa nada más. Ellos le llaman actos desestabilizadores”, agrega.

Para la abogada no existen cantidades de derechos que le han sido violentados al jerarca católico, ya que explicó que en materia de derechos humanos existe una interdependencia e interrelación que se traduce en que a “monseñor Álvarez y a su equipo, se le están vulnerando absolutamente todos derechos humanos”.

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“Definitivamente es aberrante lo que está sucediendo, y la policía sandinista lo ha dejado plasmado una vez más en este documento que ha emitido esta mañana”, señaló.

Policía no es autoridad religiosa, reitera

En el comunicado oficial la policía destacó que “en la Casa-curia de Matagalpa permanece, en carácter de Autoridad Eclesial y sin ninguna restricción policial o de movilidad, el Señor Vicario, Monseñor Oscar Escoto”.

A criterio de la especialista, este anuncio de la policía representa una imposición sobre la autoridad religiosa. La abogada señala que la institución policial no es autoridad religiosa, y quien debe de definir la representación jerárquica en Matagalpa es su obispo, quien ahora permanece bajo secuestro en Managua.

“Ahora no solamente la policía sandinista se cree juez, sino que ahora ya prácticamente son autoridades religiosas, porque en el comunicado establecen quién es el que se queda como autoridad eclesial dentro de la Curia y quien no”, reitera.

La abogada reitera que monseñor “sigue secuestrado“, no en “resguardo domiciliar“, como lo asegura la Policía sandinista, debido a que no es la autoridad competente para llevar un juicio y determinar prisión domiciliar para el jerarca católico.

“Sigue considerándose un secuestro porque la policía no tiene la competencia por la ley para determinar si un ciudadano va a estar arrestado en su casa. Únicamente es el juez”, explicó.

En Nicaragua la ciudadanía no puede
ejercer sus derechos constitucionales

La abogada además valorA que en el país existe un completo estado policial que provoca que la ciudadanía nicaragüenses no pueda ejercer de manera plena todos los derechos consagrados en la Constitución Política.

“No hay derecho a nada en este momento en Nicaragua, ya no basta únicamente con quedarse en silencio y rezar y asistir a misa, sino que ahora quieren que no se practique ninguno de sus derechos”, dijo.

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El caso de Monseñor Álvarez podría trascender a una autoridad judicial a pesar de no contar con la legalidad y el fundamento bajo las leyes del país, según la especialistas.

Esto incluye una fabricación de “delitos” en manos de todo el aparataje represivo de Daniel Ortega; la policía, el Ministerio Público, el Tribunal de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Medicina Legal.

“Es pura arbitrariedad lo que estamos viendo, esto ya se sale de una explicación lógica que puede hacer cualquier profesional del derecho para dar un análisis o un seguimiento a un procedimiento jurídico”, finalizó.