Nicaragua suma 344 ONG canceladas desde 2018, denunció el Colectivo de Derechos Humanos

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que un total de 344 organismo no gubernamentales han sido eliminados por la dictadura de Daniel Ortega desde el inicio de la crisis sociopolítica de 2018, luego que este martes la bancada de diputados sandinistas consolidara la disolución de 83 ONG más. 

A través del Parlamento Nacional y el Ministerio de Gobernación (Migob), Ortega ha ordenado el cierre inmediato y la confiscación de bienes de 344 ONG de índole educativa, religiosa, de derechos humanos, de periodistas, para el desarrollo loca, centros de mujeres, entre otras.

El Colectivo denunció que se trata de un sistema de represión que ejecuta “la voluntad de una tiranía con el propósito de ejercer un control absoluto, perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense”.

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“Como Colectivo denunciamos la sistemática represión que el régimen impulsa contra organismos de la sociedad civil a quienes se les vulnera el derecho de libertad de asociación, participación política y contribución al desarrollo de Nicaragua”, señaló ese organismo.

Asimismo, hizo un llamado a la libertad de todas las personas presas políticas que pagan largas condenas por delitos relacionados al levantamiento de la oposición en contra de la dictadura sandinista, o lo que Ortega llamó “golpe de estado”.

Paquete de 83 ONG eliminadas al finalizar mayo

Además condenó la eliminación “arbitraria” de personalidad jurídica de 83 ONG, este martes, luego que el diputado sandinista, Filiberto Rodríguez, promotor de esas iniciativas de cancelación, enviara el pasado 27 de mayo la propuesta de ilegalizar este paquete de asociaciones de la sociedad civil.

El régimen argumenta el cierre de estas por tratarse de un supuesto incumplimiento a las Leyes nicaragüenses, puesto que ninguna de las ONG ilegalizadas se inscribieron de acuerdo con la Ley de Regulación de Agentes de Extranjeros, Ley General de Regulación y Control de Organismo sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos, las cuales han sido aprobadas bajo el contexto de la represión gubernamental.

Sin embargo, defensoras de derechos humanos y activistas políticos han reiterado que Ortega pretende silenciar las voces disidentes y el apoyo a la ciudadanía con estrategias poco sostenibles para la nación, pues cada día se aleja de la comunidad internacional cerrando centros de ayuda a la sociedad civil y espacios diplomáticos de otros países.