Crisis de derechos humanos en Nicaragua se profundizó en 2023 según último informe

El más reciente informe del Comité Mundial Contra la Tortura en conjunto al Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, ha sistematizado los datos de casos de represión vividos en Nicaragua, donde se evidencia que la situación de derechos humanos en el país no ha mejorado.

Según la información, las víctimas directas de la política represiva del régimen de Ortega siguen siendo “periodistas, disidentes políticos, jóvenes, grupos religiosos y minorías étnicas”. En el último año la criminalización de la protesta continúa, provocando que se restrinjan “los espacios de participación ciudadana, reprimiendo y aplicando consecuencias severas contra quienes se organizan y movilizan”.

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Las organizaciones ponentes del informe exponen que en 2023 se “evidenció un deterioro en el contexto general”, debido a que el país sigue siendo un caso extremo en la región debido a las medidas represivas del régimen. Daniel Ortega niega el ingreso al país a centenares de nacionales por ser considerados “opositores” o “traidores a la patria”.

Estos “traidores a la patria” incluyen activistas políticos, coaliciones de ciudadanos organizados, e incluso periodistas nacionales e internacionales acreditados. La negativa de ingreso al país es una forma de intimidación del régimen, según este informe otras formas de intimidar son “amenazas de cárcel, expulsión del país, desplazamiento forzado y desnacionalización”.

Libertad de prensa con más ataques en 2023

Para las organizaciones que defienden los derechos humanos, el gobierno de Nicaragua interrumpe de manera consciente “la labor periodística, restringiendo la libertad de prensa por medio de abusos y hostigamientos sistemáticos a periodistas”. La persecución incluye el asedio a sus viviendas.

En 2022 se documentaron 703 agresiones e intimidaciones en contra de hombres y mujeres de prensa, en los primeros seis meses de 2023, 38 casos fueron reportados por periodistas. En este año también se desnacionalizó a 13 comunicadores por el mismo delito fabricado de “traición a la patria”.

Actualmente, el periodista Víctor Ticay continua detenido en las celdas del régimen, fue sentenciado a 8 años de prisión por ejercer su labor periodistica. Sus acciones profesionales también fueron catalogadas como “menoscabo a la integridad nacional”.

Ataques a la libertad religiosa

El 2023 también ha sido un año de persecución a la iglesia católica, el régimen orteguista no ha cesado el odio y ensañamiento en contra de laicos y religiosos. Los ataques a la libertad de culto se presentaron como “el despojo arbitrario de la nacionalidad a sacerdotes y miembros de la Iglesia Católica, destierro, acusaciones de lavado de dinero, congelamiento de cuentas bancarias, confiscación de bienes y activos, y prohibición de realizar actividades religiosas públicas”, cita el informe.

Actualmente existe un obispo católico preso, 315 asociaciones religiosas canceladas y confiscadas, ademas el poder judicial condenó a 24 religiosos y desterró hacia Roma a 14 de estos.

El régimen dictatorial de Ortega y Murillo se ha nutrido de siete leyes encaminadas a legalizar los métodos represivos desde 2018, en complicidad con el poder legislativo, han creado, modificado y manipulado las leyes constitucionales del país. Estas son utilizadas para reprimir, encarcelar y desterrar a nicaragüenses que se oponen a la política del orteguismo.

Estas leyes son:

• – Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040).
• – Ley de Reforma al Artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua (la ley aplica “crímenes de odio” sin esclarecer su definición y aplicación penal).
•  – Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz (“traición a la patria”) (Ley 1055).
• – Ley de Reforma y Adición al Código Procesal Penal de la República de Nicaragua (la ley permite la detención de 15 a 90 días sin acusación fiscal).
• – Ley Especial que regula la Pérdida de Nacionalidad Nicaragüense (Aprobada en 2023 reformando un artículo de la Constitución).
• – Ley 1115, regula e impone sistemas de monitoreo (vigilancia política), infracciones y medidas coercitivas a organizaciones de la sociedad civil.
• – Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042)

El informe finaliza con la certeza de que “Nicaragua continúa siendo un caso extremo en la región, el aislamiento del país de escenarios multilaterales, evidencian que las prácticas contrarias a los principios de la Convención y a otros tratados o legislación internacional en materia de derechos humanos son sistemáticamente irrespetados en el país”.