Cancelación de oenegés es un arrebato injustificable asegura María Teresa Blandón

La socióloga y feminista María Teresa Blandón, fundadora del Programa Feminista La Corriente, dijo en entrevista a Nicaragua Actual que la cancelación de la personalidad jurídica del grupo de mujeres, adquirida legalmente a finales de 1995, es un arrebato injustificable y una represalia por desistir de inscribirse como agente extranjero.

Este pasado miércoles la aplanadora sandinista del Parlamento Nacional aniquiló una vez más a otras 50 organizaciones de la sociedad civil que supuestamente incumplieron con sus obligaciones y con las leyes que las regulan.

En la lista de oenegés canceladas figura la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente, con 28 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres centroamericanas.

“Para nosotras no era una sorpresa, ya habían más de 10 organizaciones de mujeres y feministas que habían sido clausuradas entre enero y comienzos de abril, y sabíamos que eso era prácticamente inminente”, dijo Blandón.

Sin embargo, cree que es realmente preocupante esta ofensiva del sandinismo para hacer desaparecer a un tendido de más de 210 ONG nicaragüenses debido a que “cada cual en su ámbito realizaba una labor valiosa”.

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En el caso del Programa Feminista La Corriente, se difundía una labor de formación y sensibilización al conjunto de la sociedad, es decir, con mujeres, hombres y miembros de la diversidad sexual, con el fin de educar a un sociedad a conocer “sus derechos y defenderlos”, para crear espacios favorables de respeto entre todos y todas, lo que pareció ser un delito para la pareja dictatorial.

“Perdemos todos, pierde la sociedad en su conjunto al no poder contar con organizaciones que practican esta labor que lamentablemente no la hace el estado; perdemos los sujetos quienes participamos de estos espacios de aprendizajes”, lamentó la feminista.

Dictadura viola la Constitución Política, dice socióloga

Por otro lado, Blandón afirmó que en ningún momento han intentado “violentar la Ley nicaragüense” como aseguran los diputados sandinista, en cambio señaló que el mismo Estado es quien se ha encargado de vulnerar y violentar el orden jurídico del país, “incluso la propia Constitución Política de la República”.

A su criterio, el régimen sandinista obligó a las organizaciones de la sociedad civil, “arraigadas en el territorio nicaragüense”, a inscribirse como agentes extranjeros como “un pretexto” para luego cancelarles la personalidad jurídica al no obedecer la orden, como sucedió con el Programa Feminista La Corriente.

“La Corriente decidió no inscribirse como agente extranjero, porque no lo somos. Una cosa es que hayamos recibido en algún momento de nuestro recorrido financiamiento de la Cooperación al Desarrollo por el cual hemos rendido cuentas, y otra cosa es que el Estado nos diga de pronto que nos tenemos que convertir en agentes extranjeros”, agregó.

Al ser consultada por los inmuebles de sus oficinas en Managua, Blandón respondió que “la Ley es clara” al darle la potestad al Estado de “declarar estos bienes como utilidad pública” o “subastarlos”, que se entiende como una confiscación al mejor estilo de los años ochenta.

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Por tal razón, hizo hincapié en que “los y las nicaragüenses tenemos derechos y obligaciones que están contenidos en la Constitución Política de la República’, por lo cual “no podemos estar sujetos a disposiciones temporales de las personas que están ocupando en este momento el Gobierno”.

“Los problemas estructurales que tenemos en Nicaragua como la pobreza, las brechas de desigualdad, como la violencia, la inseguridad ciudadana que está obligando a miles de nicaragüenses a irse del país, solo puede encararse con un Gobierno democrático”, puntualizó Blandón.

Cancelación de ONG es un atropello al derecho de asociación, dice Cenidh

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) publicó un tweet en el que condenó la cancelación de nuevas organizaciones de la sociedad civil, y calificó la decisión del parlamento nacional de ser una amenaza de “exterminio” de la segunda al mando del régimen, Rosario Murillo, cuando dijo “vamos con todo”.

Este órgano indicó que tal acción es un atropello a la libertad de asociación, el cual es un derecho humano contemplado en la Constitución Política. “Llamamos a las organizaciones a reisitir con firmeza y a seguir trabajando por Nicaragua”, resaltó la publicación.