Asamblea orteguista toma posesión bajo un manto de ilegitimidad

Por Despacho 505

Este 9 de enero toman posesión de sus cargos los 91 diputados ante la Asamblea Nacional de Nicaragua. La principal novedad en el Legislativo es el manto de ilegitimidad que lo cubre.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) regresa a la Asamblea Nacional este 9 de enero con una ventaja, entre comillas, de 75 a16. Técnicamente, inicia en Nicaragua el primer ciclo legislativo de partido único de facto. La viva representación de la ilegitimidad, dicen los analistas, pero también la evidencia del poder que en los últimos quince años ha logrado concentrar Daniel Ortega, al convertir al bloque rojinegro en el Parlamento, en una especie de superpoder.

Cuando Daniel Ortega ganó las elecciones del 2006 obtuvo la representación de 38 diputados ante la Asamblea Nacional para el periodo 2007-2011. La oposición de ese entonces era mayoría con 53 parlamentarios, de los 91 que conforman ese poder.

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Entre 2012 y 2022 Ortega se ha convertido en el hombre con mayor poder al tener bajo su control todos los poderes del Estado, así como a la Policía y al Ejército de Nicaragua.

No obstante, el alineamiento partidario es también una evidencia de la tormenta política que envuelve al caudillo sandinista y muestra su carrera por “resguardarse” bajo la ilegitimidad. La Asamblea legislativa que se instala este domingo -con poquísimos rostros nuevos y una insignificante oposición- será más alineada a los mandatos de Ortega.

“Todos sabemos que la Asamblea (Nacional) no sirve para nada, pero aun así necesitan cobrar un presupuesto y necesitan lavar la imagen de la dictadura, sobre todo frente a la comunidad internacional”, comenta el analista político Pedro Fonseca.

AVANZADA POLÍTICA

El experto considera que la forma en que el FSLN ha venido ganando terreno, a la sombra de las tres cuestionadas reelecciones de Ortega, pone en perspectiva la “avanzada política por el control de las instituciones y poderes del Estado” que ha puesto en marcha y que incluye el aumento de “los peones” de la dictadura en todos los espacios.

Con 75 diputados en esta legislatura, Ortega casi ha duplicado el número de parlamentarios, respecto a 2007. En las elecciones del 2011 se adjudicó la representación de 62 diputados, cifra que incrementó a 70 en los comicios de 2016, lo cual le ha permitido hacer reformas a la Constitución Política y aprobar leyes en sintonía con su plan de retener el  poder sin necesidad de negociar, como lo hizo en el pasado con Arnoldo Alemán para conseguir la Presidencia, después de tres fracasos electorales consecutivos.

Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), no pierde de vista que la ventaja en el Parlamento le da licencia a Ortega -si quisiera- para  convocar a una Asamblea Constituyente para una reforma total de la Constitución, y “esa es una de las principales funciones de esta apabullante mayoría absoluta de diputados que se han recetado la Asamblea Nacional”, cree.

A su vez, la mayoría parlamentaria orteguista denota la incapacidad y debilidad en que se encuentra el dictador frente al aislamiento internacional, dice Barberena. De tal forma, que termina siendo un espejismo frente a simpatizantes y gobiernos regionales de “que ellos son una mayoría” aunque “no es más que un sofisma (falso con apariencia de verdad)” ya que la mayoría es autodesignada.

DAR APARIENCIA DE “DEMOCRACIA”

Luciano García, presidente del organismo Hagamos Democracia, es enfático al asegurar que el orteguismo ha tomado por asalto el Legislativo nicaragüense ya que se ha “robado las elecciones”.  “Cuando vos tenés un dictador todo lo que haga va en función de afianzar su dictadura. Estamos hablando de la instauración de una dictadura férrea que usurpa todos los poderes del Estado, no hay ningún criterio de democracia”, señala.

“Ortega desde el 2007 se instauró como un Presidente de cara a generar toda una estrategia para perpetuarse en el poder y lo está demostrando”, señala García, quien considera que la “oposición” representada en el Parlamento no tendrá mayor participación.

Los nuevos diputados son considerados ilegítimos porque resultaron de un proceso electoral carente de garantías democráticas y marcado por un abstencionismo que el organismo Urnas Abiertas cifró en un 81.5%. Por su lado, el Consejo Supremo Electoral (CSE) calificó de “histórica” la participación ciudadana al reportar que 65.26% de la población apta para votar acudió a las urnas. Las imágenes tanto de los medios oficialistas como las de los medios independientes dejaron en evidencia la escasa participación.

ROL DE LOS LEGISLADORES

Pero, ¿Cuál será entonces el papel de los llamados parlamentarios “opositores”? Los consultados coinciden que ninguno. Decorativos.

Luciano García plantea que los partidos políticos “aliados” del régimen que lograron diputaciones en las elecciones del 2021 están para que Ortega pueda decir que en Nicaragua “hay democracia, aunque no tengamos nada de eso”.

En ese punto coincide Barberena al decir que los parlamentarios son producto de unas elecciones cuestionadas debido a la falta de transparencia, y en la que los principales contrincantes de Ortega fueron encarcelados. Por tanto, el trabajo legislativo consistirá en seguir aprobando leyes para reprimir, para criminalizar los derechos fundamentales, para acallar la disidencia y a todos los adversarios de Ortega.

“Esto plantea una crisis de legitimidad a nivel interno y al exterior plantea una crisis de soberanía porque quien ostenta la jefatura del Estado y de Gobierno, en este caso, Daniel Ortega no posee la legitimidad para utilizar dignamente la representación del Estado de Nicaragua”, plantea por su lado el analista Pedro Fonseca.

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Este domingo 9 de enero, según el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la sesión de instalación de la Asamblea Nacional será presidida por los magistrados del Consejo Supremo Electoral, en la que se tomará promesa de ley y posesión de sus cargos a los 91 diputados, y será electa la nueva Junta Directiva a propuesta de los parlamentarios por un periodo de dos legislaturas.