OEA decidirá fecha para reunión de cancilleres sobre crisis en Nicaragua
La reunión de cancilleres fue solicitada por Estados Unidos y aprobada con amplio margen luego de que el dictador Daniel Ortega proclamase el 19 de julio que en el país “no volverá a haber elecciones”.
Reunión del Consejo Permanente de la OEA que aprobó una reunión de ministros de relaciones exteriores. Washington, D. C., Estados Unidos. 19 de agosto, 2026.
- Cortesía
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) decidirá la fecha para una reunión de consulta a ministros de relaciones exteriores sobre la situación de Nicaragua el miércoles, 23 de septiembre. Así figura en un anuncio publicado en la web del organismo.
La fecha propuesta en el borrador presentado por Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Chile y Perú fue el 2 de octubre. Una vez aprobada la moción, en esa fecha, a las 9:30 AM, hora de Centroamérica, en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D. C., tendría lugar la reunión cuyo objetivo central es fijar un curso de acción coordinado de los países del continente contra la dictadura sandinista en Nicaragua.
En la sesión previa del 23 de septiembre, que tendrá lugar a las 8:00 AM en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA, habrá de elegirse a la directiva para la reunión de cancilleres. Esta sesión será transmitida con interpretación en español, inglés, francés y portugués—en directo a través de la página web, Facebook y YouTube de la OEA.
Al inicio de la sesión del CP se considerará la “Solicitud del Estado Plurinacional de Bolivia para que se envíe al país una misión de observación policial”, y posteriormente fijarán la fecha para la reunión de cancilleres en la que se aborde la “situación en Nicaragua y las acciones apropiadas”.
La reunión fue solicitada por Estados Unidos y aprobada con amplio margen por el Consejo Permanente luego de que el dictador Daniel Ortega proclamase el 19 de julio que en el país “no volverá a haber elecciones“ que permitan a la oposición recuperar el poder. Su sentencia fue traducida en una reforma estructural aprobada el 1 de septiembre.
Dicha reforma elevó a rango constitucional una serie de prohibiciones prácticas contra opositores, en su mayoría exiliados y desnacionalizados por la dictadura. La eliminación de cualquier posibilidad de alternancia es parte de un generalizado cierre del espacio cívico, derivado de una consolidación autoritaria y violenta iniciada como respuesta al estallido social de abril de 2018.