En Nicaragua “ya casi no queda nada por cerrar”, dice ACNUDH en informe de derechos humanos

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su más reciente informe sobre Nicaragua (A/HRC/63/58), documentando el período comprendido entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026.

El documento fue elaborado sin acceso al país, pues en 2018 la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo empezase a impedir el trabajo de organismos de derechos humanos. Se basa en 160 entrevistas y 250 reuniones con la sociedad civil y organismos internacionales.

El informe describe una consolidación absoluta del poder en el Ejecutivo. El partido gobernante, el Frente Sandinista, controla la totalidad del Legislativo, los 153 municipios y ambos consejos regionales de las regiones autónomas en la  Costa Caribe.

De 185 votaciones plenarias registradas en la Asamblea Nacional, el principal órgano del Legislativo, ninguna tuvo votos en contra o abstenciones, ni siquiera entre los diputados de partidos supuestamente independientes del oficialismo.

La reforma estructural de 2025 subordinó a la “copresidencia” los principales órganos de supervisión del Estado, incluida la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La misma reforma eliminó protecciones contra la tortura en contravención de los Principios de París y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

El informe destacó que Nicaragua se ubica actualmente entre el 15 % de los países con peores resultados del mundo en índices de gobernanza y libertad.

Cierre casi total

“Ya casi no queda nada por cerrar“, expresó el Alto Comisionado, Volker Türk, en una publicación del ACNUDH al respecto del informe.

“El informe documenta la captura casi total de las instituciones del Estado por parte del partido gobernante y el abuso sistemático del poder que ha debilitado los mecanismos institucionales de control y equilibrio, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos frente a violaciones o abusos de derechos humanos“, añadió.

El informe contabiliza al menos 56 medios de comunicación clausurados por la dictadura, además de cerca de 100 incidentes contra periodistas entre amenazas, campañas de desprestigio, vigilancia y acoso policial, la mayoría en el espacio digital debido a que la amplia mayoría de comunicadores independientes ha debido dejar el país por motivos de seguridad.

Nicaragua ocupa el puesto 168 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras.

El marco legal vigente desde noviembre de 2025 obliga a los operadores de telecomunicaciones a entregar al Estado datos georreferenciados de los usuarios sin garantías judiciales adecuadas, lo que, según advierte el informe, podría emplearse para vigilar o localizar a personas concretas.

No se registró ninguna manifestación opositora durante el período examinado, en un contexto de temor generalizado desde las últimas expresiones reprimidas violentamente en 2019. Las movilizaciones oficialistas, por otro lado, se promovieron activamente, en muchos casos con asistencia obligatoria para funcionarios públicos.

Las elecciones generales, previstas inicialmente para 2026, fueron aplazadas a noviembre de 2027 mediante una reforma estructural aprobada el 1 septiembre de este año. Se documentó además la clausura de al menos 4 organizaciones de la sociedad civil adicionales, sumadas a las más de 5535 disueltas en años anteriores.

La Iglesia católica también fue blanco de represión: al menos 20 casos de ataques contra clérigos y feligreses, y más de la mitad de las diócesis del país permanecen sin obispo, con sus titulares en el exilio.

Detención arbitraria, desaparición forzada y muertes bajo custodia

El ACNUDH documentó 35 casos de detención arbitraria de forma directa, con 243 casos denunciados por la sociedad civil durante el período. Al 15 de junio de 2026, al menos 46 personas permanecían presas por motivos políticos, y se contabilizan 4796 casos acumulados desde 2018.

En al menos 29 de los 35 casos documentados directamente por la Oficina, las víctimas fueron sometidas también a desaparición forzada; ocho casos de este tipo seguían abiertos al cierre del período.

Se registraron cuatro muertes bajo custodia de personas detenidas por motivos políticos, entre ellas la del histórico líder miskito Brooklyn Rivera, cuya muerte el informe vincula a represalias por su cooperación con las Naciones Unidas. Sus familiares, según el ACNUDH, fueron impedidos de organizar su entierro conforme a sus creencias culturales y religiosas, y fueron detenidos.

El informe identifica una creciente brecha entre el marco legal de protección a los pueblos indígenasy su aplicación práctica. La nueva Ley de Territorio Fronterizo, aprobada en agosto de 2025, declaró propiedad estatal una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras terrestres y marítimas, eliminando protecciones sobre tierras ancestrales.

De las 81 concesiones mineras otorgadas durante el período, casi la mitad afectan a las regiones autónomas del Caribe, donde reside la mayoría de la población indígena y afrodescendiente. ACNUDH recibió acusaciones de que los procesos de consulta previa se han reducido a trámites formales, sin participación genuina ni consentimiento libre, previo e informado.

El exasesor presidencial indígena Steadman Fagoth permanece detenido arbitrariamente desde septiembre de 2024.

El informe también documenta el nombramiento de personas no indígenas en estructuras de autogobierno, el avance de actividades extractivas, ganaderas y de tala en territorios titulados, y al menos 19 casos de violencia —incluidos secuestros y agresiones sexuales— contra niñas indígenas cometidos por colonos no indígenas, con al menos cuatro embarazos de menores como consecuencia documentada.

Nicaragua Actual documentó estas situaciones en un reportaje especial.

El informe documenta un patrón sistemático de detenciones sin orden judicial, negación del derecho a un abogado de elección, juicios celebrados en línea y a puerta cerrada, y uso de cargos de terrorismo con definiciones excesivamente amplias.

Las condiciones de reclusión incluyen agua contaminada, denegación de atención médica y el uso de iluminación intensa permanente en las celdas, práctica que el ACNUDH advierte puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante.

Represión transnacional

Se estima que unos 800 mil nicaragüenses, equivalente a un 10% de la población, han abandonado el país desde 2018.

El informe documenta el asesinato del militar retirado y opositor exiliado Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025, así como 41 casos de denegación arbitraria de entrada al país y 19 casos de denegación de pasaportes y documentos de identidad a nicaragüenses en el exterior, exponiéndolos a un riesgo de apatridia de facto.

En Costa Rica, un tribunal de apelaciones rechazó en febrero de 2026 la extradición del dirigente campesino Pedro Javier Fernández Sandoval, solicitado por Nicaragua vía Interpol. Sin embargo, otro opositor, Douglas Gamaliel Pérez Centeno, había sido extraditado y desapareció en el sistema penitenciario de la dictadura.

El informe concluye que la situación de derechos humanos en Nicaragua sigue caracterizándose por el desmantelamiento sostenido de las instituciones democráticas y una impunidad generalizada; el ACNUDH recomendó al régimen en Nicaragua liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, garantizar las libertades de expresión, reunión y asociación, restablecer los derechos de nacionalidad y propiedad arbitrariamente suspendidos, y asegurar la independencia judicial.

A la comunidad internacional, pidió reforzar la protección de la sociedad civil en el exilio, poner fin a extradiciones y deportaciones forzadas hacia Nicaragua que puedan violar el principio de no devolución, e incorporar enfoques de derechos humanos en cualquier asistencia financiera al país.