Estados Unidos no expulsa a Nicaragua del CAFTA, pero impondrá aranceles

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ha decidido no expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre ese país, Centroamérica y República Dominicana, optando más bien por una serie de aranceles en respuesta a violaciones a derechos laborales y prácticas comerciales deshonestas develadas en una investigación en octubre de este año.

“A partir del 1 de enero de 2026, Estados Unidos impondrá un arancel, que se implementará gradualmente durante dos años, a todos los productos nicaragüenses importados que no sean originarios en virtud del DR-CAFTA“, explica el comunicado de la USTR, publicado el miércoles, 10 de diciembre.

De modo que en 2026 el arancel será fijado en 0% y cada 1 de enero hasta 2028 aumentará, primero en 10% y luego en un 15%, sumándose a un arancel ya existente de 18% impuesto por la administración del presidente Donald Trump el 2 de abril. Esto significa que, para 2028, el arancel será de 33% a los productos designados.

“Además, si Nicaragua no muestra avances en la solución de estos problemas, este cronograma y estas tasas podrán modificarse“, reza el comunicado, reconociendo instancias de “actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con abusos de los derechos laborales, abusos de los derechos humanos“.

Crucialmente, la Oficina reconoció que “los actos, políticas y prácticas de (la dictadura en) Nicaragua en materia de derechos laborales, derechos humanos y libertades fundamentales, y Estado de derecho, obstruyen o restringen el comercio de los Estados Unidos al crear competencia desleal contra los trabajadores y empresas estadounidenses“.

Esto a través de “la denegación de derechos laborales básicos, lo que genera productos nicaragüenses de costo artificialmente bajo; la creación de desincentivos o pérdidas de ventas y exportaciones para las empresas estadounidenses que buscan acceder u operar en Nicaragua, al debilitar su economía mediante la disminución de la participación y productividad de los trabajadores; y la generación de pérdidas de inversión y oportunidades comerciales para los. trabajadores y empresas estadounidenses al crear un entorno de alto riesgo para invertir o realizar negocios“.

En el documento detallando la acción, la Oficina notó que más de 2 mil comentarios escritos fueron proporcionados por partes interesadas durante un proceso de consulta convocado por la Embajada estadounidense en Managua a finales de octubre y durante buena parte de noviembre.

“Casi la mitad de los comentarios mostraron apoyo para uno o más de las acciones propuestas” por la Oficina en su informe, que planteaba una suspensión de Nicaragua del Tratado así como aranceles de hasta 100% en productos nicaragüenses.

Asimismo señaló que el gobierno sandinista se negó a colaborar en el proceso de investigación cuando la Oficina lo solicitó el 10 de diciembre de 2024, día en que fue aperturado el proceso.

“Limitar los arenceles a productos no originados bajo el DR-CAFTA debería limitar el impacto en las exportaciones de empresas nicaragüenses y estadounidenses produciendo en el país, a la vez que proporciona presiones incrementadas sobre (la dictadura de) de Nicaragua para que elimine las acciones políticas y prácticas” que laceran los derechos humanos, estimó la Oficina.