¿Dónde están los sacerdotes perseguidos por Ortega y Murillo?

Las ventanas cuadradas de la parroquia de La Cruz de El Calvario en la ciudad de Estelí, al norte de Nicaragua, iluminaban el rostro del tercer obispo de la diócesis. Era la tarde del 28 de julio de 2026, calurosa y de bullicio moderado, una más entre las tardes del trópico nicaragüense.

Ahora, el obispo emérito, Juan Abelardo Mata Guevara, de 80 años de edad, es una figura políticamente silenciada por la persecución. El hombre que fue interlocutor clave durante el Diálogo Nacional de 2018 y 2019 y una de las voces de la Iglesia católica que cuestionaron la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, hoy está vigilado y privado de libertad.

Pero para los feligreses que por más de tres décadas lo conocieron como “monseñor”, el hombre que tenían delante ya no era aquel obispo que, durante la crisis que estalló en abril del 2018 y paralizó el país durante meses, llamó a los jóvenes a actuar y alzarse “según la voluntad del Espíritu” frente a la masacre de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

No porque el salesiano haya cambiado la postura – su defensa a los derechos humanos y de la Iglesia era anterior a  2018, sino que el momento era otro. Allí importa, ante todo, la celebración de la misa y la distribución de los sacramentos.

¡Ecce homo! El obispo emérito era sólo monseñor Juan, el padre cuando les pidió orar “por la Iglesia perseguida”, por sus hermanos sacerdotes detenidos, como Frutos Valle Salmerón, o desterrados, como el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. 

Aunque Mata no era extraño a las represalias. Tuvo al menos un encontronazo con paramilitares del régimen en julio de 2018. Sin embargo, aquellas palabras expresadas en la homilía ante su comunidad de Estelí marcaron su destino: se convirtió en una víctima más de desaparición forzada al ser arrestado por la policía del régimen el 29 de julio de 2026.

Monseñor Abelardo Mata oficia misa al dejar el cargo de obispo de Estelí. 14 de julio, 2021. Foto: W. Aragón / La Prensa

Una Iglesia perseguida

Lo ocurrido con Mata no es un episodio aislado. Es parte de una persecución sistemática contra la Iglesia católica que el régimen ha desarrollado durante años. En total, se han registrado 1,010 agresiones en contra de la Iglesia católica de Nicaragua entre 2018 y julio de 2025, según la última actualización del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida de la investigadora Marta Patricia Molina. 

El informe clasifica estas agresiones en distintas formas de persecución: asedios, impedimentos físicos, jurídicos y administrativos; prohibiciones, cierres arbitrarios, represión sostenida a religiosos y laicos; mensajes de odio; robos, profanación y confiscaciones.

La persecución alcanza distintos ámbitos. En el plano físico 16,564 procesiones y actividades religiosas prohibidas por la Policía entre 2019 y julio de 2025. En el  económico, cuentas bancarias ligadas a la Iglesia fueron intervenidas bajo acusaciones de supuesto lavado de dinero. Y en el discurso público la codictadora Murillo sostiene una campaña de descalificaciones y ataques contra sacerdotes y laicos católicos en los medios de propaganda oficial. 

“Servidores de Satanás”, “representantes del demonio”, “blasfemos”, “falsos representantes de Dios”, “diablos visionarios de la maldad”, “sacrílegos” y “engendros al servicio del infierno”, “siervos de Satanás”, “zopilotes”, “vampiros”, “hongos”, “miserias humanas”, son algunos de los insultos contra sacerdotes y laicos católicos que Nicaragua Actual ha logrado monitorear en los medios de la propaganda oficial, que Rosario Murillo dirige contra quienes identifica como parte de la oposición a su mandato.

Orden: encarcelar o desterrar a los sacerdotes críticos

Los ataques, según Molina, forman parte de una estrategia de desprestigio y transformación de la imagen de los religiosos, que combina la deshumanización, la criminalización, la deslegitimación de su autoridad espiritual y de su nacionalidad, la inversión moral y la polarización. 

Un monitoreo realizado por Nicaragua Actual evidencia la dimensión de la persecución contra la Iglesia católica: al menos 42 sacerdotes y líderes religiosos han sido víctimas de detenciones arbitrarias y posterior destierro. 

Aunque un primer grupo de al menos cinco sacerdotes —condenados a penas de hasta 10 años o sin juicio conocido— fue enviado a Estados Unidos en febrero de 2023, la abrumadora mayoría de los religiosos detenidos entre 2022 y 2024 fue desterrada hacia el Vaticano.

 La ola de expulsiones ha golpeado con fuerza a diócesis como las de Managua, Matagalpa y Estelí, incluyendo a autoridades eclesiásticas, cancilleres y rectores universitarios, e incluso registró la expulsión exprés a Panamá del sacerdote miskito Floriano Ceferino Vargas en diciembre de 2024.

Sacerdotes considerados enemigos de la dictadura

El objetivo, explica la investigadora a Nicaragua Actual, es convertir al sacerdote —y también al laico católico— en un enemigo político ante los ojos del pueblo católico: “personas armadas, personas con trajes militares que ellos creen que lo único que desean es dar un golpe de Estado”. Así, la propaganda no solo busca justificar la persecución desde el poder, sino también erosionar la confianza de los feligreses en quienes durante décadas fueron sus referentes espirituales.

En efecto, Murillo y su aparato represor acusan a sacerdotes y laicos católico de “conspirar en un golpe de Estado, de servir a intereses extranjeros, de financiar el terrorismo, de traicionar a la patria”. Así, la propaganda no solo busca justificar la persecución desde el poder, sino, erosionar la confianza de los fieles de sus referencias espirituales.

En otros casos, el régimen ha formulado acusaciones de carácter penal contra religiosos, como los casos de los sacerdotes José Leonardo Urbina y Manuel Salvador García, señalados, respectivamente, de pederastia y violencia contra la mujer. Pero no se han presentado pruebas que sustenten esas acusaciones.

Molina aseguró que “todos estos discursos que nosotros escuchamos a diario de la señora vice-codictadora aumentan el ánimo –entre sus partidarios más leales- de hacer daño a aquellas personas que consideran son adversas al proyecto dictatorial”. Según la investigadora, esta retórica puede convertirse en un mecanismo de movilización para estructuras partidarias locales, como los Consejos del Poder Ciudadano (CPCs),  y nacionales, como la Juventud Sandinista, que han demostrado capacidad para ejercer violencia contra los religiosos.

El caso de monseñor Mata, como otros documentados, exhibe hasta qué punto las estructuras de represión del régimen han penetrado incluso las parroquias.

“Todos están vigilados y amenazados”, apuntó Molina. Nicaragua Actual confirmó con fuentes de la Iglesia en varios municipios que están sometidos a esas prácticas de control y amenazas.

Detenido, desaparecido y exhibido

El 29 de junio de 2026, monseñor Abelardo Mata fue puesto bajo custodia de la Policía de Ortega y Murillo. Desde entonces su paradero fue un misterio. Algunas fuentes aseguraron que el obispo emérito fue trasladado de Estelí a Managua; otras señalaron que fue detenido durante algunas horas y  luego liberado. 

Junto a Mata fueron detenidos el presbítero Rigoberto Delgadillo Sánchez, el sacerdote Francisco Morales y el diácono Wilfredo Arauz Rodríguez.

El 1 de julio, Mata volvió a ser detenido en circunstancias no esclarecidas y quedó bajo el régimen de casa por cárcel, presuntamente en su residencia en Masaya.

La falta de información sobre su paradero llevó a organizaciones de derechos humanos a denunciar su caso como una desaparición forzada. Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por su situación y su estado de salud, y señaló que Mata habría sido trasladado inicialmente a un centro policial y posteriormente sometido a “casa por cárcel” durante los primeros días de julio.

Durante tres días no hubo información pública sobre el salesiano. El 4 de julio, el Ministerio del Interior (MININT), controlado por la dictadura, afirmó en una nota de prensa, que Mata había sido sometido a “indagaciones” sobre supuestas relaciones familiares y propiedades, que según el régimen, serían “incompatibles con sus votos sacerdotales”.

¿Dónde está y en qué condición está el obispo Mata?

La explicación oficial no aclaró dónde se encontraba Mata ni bajo qué autoridad permanecía retenido. Tampoco explicó por qué un sacerdote de 80 años, hasta entonces dedicado a la vida pastoral, estaba siendo sometido a interrogatorios sobre aspectos de su vida religiosa y patrimonial. El obispo se formó en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y fue ordenado sacerdote en agosto de 1976. Mata estuvo al frente de más de 1.4 millones de católicos como obispo entre 1990 y 2021.

De Mata no hubo noticia alguna durante unos 40 días. El silencio se rompió el 12 de agosto, cuando el propagandista y diputado sandinista Adolfo Pastrán lo mostró en su programa, Informe Pastrán, a través de una entrevista grabada en su residencia.

La grabación se convirtió en el último indicio público que permite ubicar a monseñor Mata: aparece con vida y, por el propio contenido de la entrevista, bajo algún tipo de restricción. Las preguntas de Pastrán —«¿Recibe usted visita?», «¿Lo atienden bien?»— sugieren que el religioso no se encuentra en condiciones de libertad plena.

Hasta el momento de publicación de este reportaje, no existe información pública que permita establecer con certeza las condiciones jurídicas de su permanencia en esa residencia ni el grado de libertad con que puede salir, recibir visitas o comunicarse con el exterior.

Monseñor Abelardo Mata, obispo emérito de Estelí, presentado en el programa del propagandista sandinista Adolfo Pastrán tras más de un mes bajo desaparición forzada. 12 de agosto, 2026. Foto: Captura de pantalla, Canal 6

“El video que presentan los canales oficiales del gobierno no dice ni la fecha, ni el día, ni la hora. Puede ser un video grabado hace dos meses, hace tres meses. Y eso no es lo que el pueblo pide”, señaló en entrevista con Nicaragua Actual el sacerdote español-nicaragüense Rafael Aragón, a quien la dictadura desterró al impedirle regresar a Nicaragua en 2022.

Seminario por cárcel

El otro sacerdote que, según los hallazgos de Nicaragua Actual y la documentación de Molina, permanece en régimen de detención es Frutos Constantino Valle Salmerón, quien asumió la administración de la diócesis de Estelí el 11 de enero de 2023, luego de que su anterior administrador, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fuese encarcelado, condenado a 26 años de prisión por la judicatura sandinista de Nadia Tardencilla el 10 de febrero de ese año y, posteriormente, desterrado por la dictadura el 14 de enero de 2024 en un grupo de 19 religiosos, incluyendo a 15 sacerdotes.

Salmerón, de 80 años, fue detenido el 26 de julio de 2024, después que se conociera que al día siguiente tenía previsto ordenar a tres religiosos como sacerdotes para atender las necesidades espirituales de la diócesis. Agentes de la Policía lo interceptaron en Estelí, lo detuvieron y dirigieron al Seminario Interdiocesano Nacional Nuestra Señora de Fátima, ubicado en Managua, donde permanece recluido hasta el momento de publicarse este reportaje.

El padre Frutos Valle Salmerón, encargado con la Diócesis de Estelí tras la captura de monseñor Rolando Álvaroz. Foto: Diócesis de Estelí

No hay registro público de una causa judicial en contra del padre Valle, según documenta la Comisión sobre libertad religiosa internacional de los Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en inglés). Tampoco se conoce una explicación oficial que justifique el operativo mediante el cual fue detenido y recluido en el seminario.

Obligados al destierro

La persecución contra la Iglesia católica comenzó a intensificarse desde 2018, pero alcanzó directamente a la jerarquía en 2022, cuando los integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) comenzaron a ser perseguidos, asediados y, posteriormente, privados de libertad. Ese año se produjo uno de los primeros casos de encarcelamiento de un sacerdote en esta nueva etapa de la represión: Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno (también llamada El Calvario) en Nandaime, departamento de Granada.

El caso de García, detenido luego de un altercado en la parroquia El Calvario el 30 de mayo de 2022, involucró el montaje de toda una narrativa mediática del oficialismo. El sacerdote fue presentado como agresor de una mujer, Martha Candelaria Rivas Hernández, quien posteriormente también se convirtió en presa política. Rivas fue condenada a cinco años de prisión luego de negarse a respaldar la versión de la dictadura sobre lo ocurrido. Rivas continúa en prisión al momento de publicarse este trabajo.

Mientras el sacerdote García fue condenado a dos años de prisión en un proceso cuestionado por organizaciones de derechos humanos. Durante el altercado, el sacerdote  había salido de la casa parroquial con un machete en mano mientras un grupo de militantes sandinistas lo asediaba. 

El párroco Manuel Salvador García y la ciudadana Martha Rivas Hernández. Ambos acabaron siendo apresados por la dictadura, pero Garcia fue exiliado mientras que Rivas permanece en prisión. Foto: Redes Sociales / Medios Oficialistas

García cumplió 504 días de prisión antes de ser desterrado el 18 de octubre de 2023 junto a otros 11 sacerdotes. Los religiosos fueron admitidos por la Santa Sede en el Vaticano, en medio del deterioro de las relaciones entre el régimen de Ortega y Murillo y la Iglesia católica, marcado también por la expulsión del nuncio apostólico Waldemar Stanisław Sommertag en marzo de 2022.

Para entonces, la remoción física del territorio se había convertido en uno de los mecanismos, más allá de las detenciones, con que el régimen elimina las voces incómodas de sacerdotes, pero también de opositores, de forma masiva. Molina en su labor ha registrado un total de 302 religiosos —obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y monjas— expulsados o impedidos de regresar a Nicaragua desde 2018 y hasta la última entrega del informe. El padre Aragón cuenta 310 al momento de publicarse esta investigación.

Nicaragua: una Iglesia de “catacumbas”

En Nicaragua sólo quedan cinco obispos y cuatro diócesis están vacantes. Al destierro de Roslando Álvarez, obispo de Matagalpa, se le suma el arresto, la desaparición forzada y posterior exilio de Isidoro Mora, obispo de Siuna, entre 2023 y 2024, y el destierro, en 2024, de Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega y entonces presidente de la Conferencia Episcola de Nicaragua.

La ausencia de los obispos también afecta la renovación de la estructura pastoral. En distintas ocasiones, el régimen ha impedido la ordenación de nuevos sacerdotes en estas diócesis y diáconos en las cuatro diócesis sin obispos. 

“Las homilías de los sacerdotes son grabadas y escuchadas y si dicen algo contra el régimen, son desterrados o encarcelados”, afirmó el padre Rafael Aragón a Nicaragua Actual.

El ambiente descrito por Molina, el padre Aragón y el sacerdote Nils Hernández, exiliado de Nicaragua desde 1988 tras escapar de la represión de la Primera Dictadura Sandinista (1979-1990), como una Iglesia esencialmente “de catacumbas”, en alusión a las comunidades cristianas que debieron practicar su fe en clandestinidad durante la persecución de la Iglesia.

Desde su parroquia Reina de la Paz en Waterloo, Iowa, el padre Hernández atiende las necesidades espirituales de una comunidad diversa que incluye a nicaragüenses exiliados por la misma dictadura que persigue a sus hermanos de sacerdocio dentro del país.

“El miedo que han colocado en cada uno de los barrios, en cada uno de los grupos está dando efecto positivo para la dictadura, porque está silenciando esta voz”, explicó Hernández a Nicaragua Actual.

Ese silenciamiento también opera mediante mecanismos informales. Las prohibiciones a actividades religiosas muchas veces eran comunicadas mediante llamadas telefónicas o “visitas de cortesía”, precisamente para evitar que quedara constancia escrita.

Sacerdotes piden permiso para los sermones

La persecución a la Iglesia nicaragüense la documenta el Índice Mundial de la Persecución 2026 (GPI, por sus siglas en inglés) de la organización International Christian Concern (ICC).

El Índice señala que, en algunos casos, los sacerdotes deben presentar informes semanales a la Policía sobre sus sermones previstos, actividades y asistencia. Paralelamente, hay una red de inteligencia vinculada a las estructuras del partido sandinista locales que opera dentro de las propias comunidades parroquiales.

Molina explicó que los informantes del régimen, “que vigilan de cerca todas las actividades de la Iglesia católica, están inmersas y están en cada uno de los grupos parroquiales, vigilando qué es lo que se habla, qué es lo que se dice”. 

La vigilancia, así, no se limita al sacerdote: alcanza a los propios feligreses y convierte espacios concebidos para la vida comunitaria y espiritual en lugares donde prevalece la desconfianza.

El padre Nils Hernández, en entrevista con Nicaragua Actual, consideró que esta dinámica responde a una política deliberada de división dentro de la iglesia. Hernández la comparó con el establecimiento de la llamada “Iglesia popular” del primer periodo de la dictadura sandinista en la década de los 80, un movimiento de sacerdotes y laicos vinculado al proceso revolucionario que buscaba transformar la relación entre los nicaragüenses y la religión.

Según Hernández, aquella experiencia “el objetivo era dividir a la Iglesia”.  El sandinismo usaba “la teología de la liberación” como argumento para separar entre quienes los respaldaban y quienes permanecían los rechazaban.

“Aquellos que estaban en la Iglesia popular eran los que estaban de acuerdo con la dictadura, que se prestaron a los dictadores. Entonces nosotros sabíamos que nos estaban vigilando. Sabíamos que por ser simplemente fieles a la Iglesia y no estar con ellos, en la Iglesia popular, estábamos siendo perseguidos», explicó.

El paralelismo que plantea el sacerdote apunta a una estrategia que va más allá del control policial: crear desconfianza dentro de las comunidades hasta conseguir que la propia Iglesia se vigile a sí misma.

Una gran cárcel

Esta investigación pudo constatar que las prácticas de vigilancia, los controles, los reportes obligatorios, los asedios, las prohibiciones selectivas de celebraciones y tradiciones religiosas, los controles fiscales, la cancelación de organizaciones ligadas a la Iglesia, la confiscación de propiedad y los discursos de odio están vigentes en Nicaragua. Esto a través de testimonios que, por la propia situación de inseguridad, no pueden atribuirse a sacerdotes particulares.

Los hallazgos se sustentan también en testimonios de sacerdotes y personas vinculadas a comunidades religiosas que, por razones de seguridad, no pueden ser identificados. 

“Nicaragua es una gran cárcel, no únicamente para los ciudadanos de a pie, sino para todas las personas, incluidos los sacerdotes, los obispos”, añadió la investigadora Molina.

La falta de denuncias públicas, sin embargo, no significa que hayan desaparecido. El padre Hernández lo resume así: “Al no existir la denuncia de los atropellos cometidos por la dictadura, es como que no existen”. Un planteamiento que Molina advierte en sus informes, al explicar que aparentes descensos en el número de agresiones documentadas de un año a otro pueden reflejar, en realidad, un mayor nivel de miedo y silencio entre las víctimas.

“Yo te aseguro que si todos los sacerdotes que son vigilados, que son la mayoría, pudieran ellos expresar su miedo a través de los medios de comunicación o por medio de las redes sociales de sus parroquias, pues habría una noticia a diario, o sea, tendríamos más de 600 denuncias todos los días”, afirmó Molina.

Una Iglesia sometida

La imagen de Santo Domingo de Guzmán es pequeña: apenas la figura de  un dominico en hábito que los capitalinos rodean de flores y llevan en procesión por las calles de Managua los 1 y 10 de agosto. Pero la sombra del santo es mucho mayor. “Minguito” inspira diez días de celebraciones cada agosto y, pese a ocho años de represión contra la Iglesia católica, el régimen no ha conseguido borrar esta expresión de religiosidad popular.

Pero el régimen sí encontró otra manera de intervenirla al disputar el control de sus símbolos, sus celebraciones y referentes. La mayordoma de Minguito en 2026 es Reyna Rueda, la alcaldesa sandinista de Managua, designación impuesta por el régimen que no ha recibido, al menos públicamente, respaldo ni rechazo formal por parte de la jerarquía católica. De parte de la sede del cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, tampoco se ha conocido un cuestionamiento público a la decisión.

El padre Nils Hernández evitó pronunciarse sobre la postura de Brenes. “Yo no lo voy a criticar si está bien o está mal”, dijo a Nicaragua Actual. El sacerdote se refirió así a la posición que algunos sectores han descrito como de cohabitación frente al régimen, mientras recordó que el cardenal, pese a su jerarquía, “no es el jefe de la Iglesia en Nicaragua”. 

Para el padre Aragón, sin embargo, la intervención del régimen sobre los símbolos religiosos trasciende cualquier nombramiento particular. La considera una forma de apropiación y manipulación de la religiosidad popular.

 “La espiritualidad”, que define como “el alma del pueblo, el alma del cristiano”, ha sufrido “una herida” por “esos abusos que doña Rosario tiene de manipular los símbolos religiosos”, dice Aragón.

El rol del cardenal Leopoldo Brenes

La disputa, entonces, no ocurre únicamente en las parroquias ni se limita a la persecución de sacerdotes. También alcanza los símbolos con los que los nicaragüenses expresan su fe: allí donde el régimen no ha podido silenciar la religiosidad popular, intenta intervenirla, apropiarse de ella y controlar el significado que tiene para la población.

El cardenal Leopoldo Brenes (derecha) junto a la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, y el vicealcalde, Enrique Armas, ambos sandinistas. Rueda ha sido impuesta por nueve años como mayordoma de las festividades de Santo Domingo, en la capital. Foto: Tomada de la Alcaldía de Managua

El 31 de julio, monseñor Leopoldo Brenes apareció sonriente junto a Reyna Rueda y Enrique Armas, vicealcalde de Managua, durante la ceremonia de “bajada” de Minguito, con la que comienza oficialmente la celebración de Santo Domingo. La imagen del cardenal junto a la alcaldesa sandinista ofreció al régimen una fotografía de normalidad y, al menos públicamente, no estuvo acompañada de ningún cuestionamiento de la jerarquía católica a la designación de Rueda como mayordoma.

Brenes, quien al cumplir 75 años en 2024 manifestó su intención de retirarse, tampoco se ha pronunciado públicamente sobre el arresto y posterior confinamiento del obispo emérito Abelardo Mata.

Para el padre Nils Hernández, no corresponde a otros sacerdotes juzgar la posición del cardenal. Solo considera que debe continuar haciendo “el trabajo que tenga que hacer”. Aunque no comparte sus métodos, agregó, “él sabe muy bien y debe tener en su conciencia lo que está haciendo. Sólo Dios lo va a juzgar”.

La cautela de Hernández refleja el margen estrecho en el que se mueve la Iglesia que permanece dentro de Nicaragua. Para el padre Rafael Aragón, ningún sacerdote está completamente a salvo de la presión del régimen, incluso aquellos que procuran mantener una relación de convivencia con las autoridades.

“No hay ningún sacerdote que sea simpatizante del sandinismo”, afirmó Aragón. Sin embargo, reconoció que algunos religiosos “tratan de ganar espacios en la mentalidad de Murillo para ganar un puesto en la Iglesia y sintonizar con la estrategia” del régimen. Incluso quienes buscan adaptarse, advirtió, permanecen expuestos a las decisiones de Ortega y Murillo.

Más difícil es la situación de los sacerdotes que mantienen una posición abiertamente crítica. “Hay [sacerdotes] opositores, pero no pueden abrir la boca y están clandestinos”, explicó Aragón. “O sea, viven públicamente, pero en una pastoral clandestina”, insistió Aragón.

Para el sacerdote, esa realidad hace imposible exigir a quienes permanecen dentro de Nicaragua una Iglesia abiertamente profética como la que representa Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua en el exilio desde 2019 tras recibir amenazas del régimen. Desde su parroquia de Santa Ágata, en Miami, Báez continúa pronunciando homilías y mensajes públicos contra el autoritarismo y la concentración del poder, y en defensa de la dignidad humana, la democracia y la solidaridad.

Aragón considera que la Iglesia que permanece en Nicaragua debe resistir de otra manera: manteniendo viva la fe dentro de las comunidades, incluso bajo vigilancia.

“En Nicaragua lo que hay que vivir es la fidelidad al Evangelio, en la práctica del amor, y crear toda una corriente de comunidades cristianas firmes al Evangelio”, concluyó. Y añadió: “Esperar, con una gran esperanza, de que Dios va a hacer justicia y que esa justicia, más tarde o más pronto que tarde, va a llegar”.