OEA afirma en reunión de urgencia: “las elecciones en Nicaragua no son negociables”

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha convenido en sede en Washington, D.C., capital de Estados Unidos, para una reunión de urgencia convocada por ese país el miércoles, 5 de agosto. El objetivo de la reunión es tratar la crisis política que vive Nicaragua, país que se encuentra en proceso de reformas estructurales por orden de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Un proceso de “consultas” fue iniciado días después de que el dictador del país, Ortega, anunciase que no volverá a haber elecciones bajo su autoridad el 19 de julio. Posteriores declaraciones tanto de Murillo como del presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, aclararon que el proceso electoral permanecerá, pero se excluirá de forma explícita y tajante la participación de cualquier agrupación opositora.

En su petición, Estados Unidos pronunció que la eliminación de las elecciones, del pluralismo político y de la participación pacífica de la oposición resulta “fundamentalmente incompatible” con la democracia representativa, los derechos políticos de los nicaragüenses y los principios consagrados en documentos fundacionales del Sistema Interamericano.

Violaciones a derechos humanos, amenaza regional

Ya en sesión, tomó la palabra en primer lugar la comisionada Rosa María Payá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien centró su intervención en muestras extremas de represión como la desnacionalización de nicaragüenses, a la que calificó de “muerte civil”, citando hallazgos de la comisión.

A través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), dijo, la Comisión ha documentado detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que han instaurado el miedo en la ciudadanía bajo un régimen “sin garantías ni libertades”; cifró en 40 los presos políticos actuales y en 10 los casos de desaparición forzada.

“Este tipo de muerte no es una excepción. Es uno de los riesgos extremos que enfrentan nicaragüenses por decir lo que piensan“, notó. Payá citó la muerte bajo custodia del líder indígena Brooklyn Rivera, cuyo cuerpo, denunció, las autoridades se negaron a entregar mientras detenían arbitrariamente a familiares que lo reclamaban en Managua.

Mencionó también la desaparición de monseñor Abelardo Mata y la cancelación arbitraria de las licencias de unos dos mil abogados, y recordó que la Comisión ya había advertido que la reforma constitucional de 2025 “consolidó un régimen incompatible con los principios de una democracia representativa y eliminó la separación de poderes”.

La comisionada advirtió, además, que la crisis nicaragüense “afecta la estabilidad y la seguridad de otros países de la región” a causa de la migración masiva de nicaragüenses que buscan evadir la represión y la adversidad económica, señalando que, sin embargo, “la persecución viaja con ellos”, en referencia a casos de represión transnacional como el del opositor Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica.

“El régimen se retiró de la OEA, los nicaragüenses no”

Subrayó que, aunque el Estado nicaragüense se retiró de la OEA, “los nicaragüenses no”, y llamó a activar la Carta Democrática Interamericana bajo el “principio de garantía colectiva” de la organización.

Por Estados Unidos intervino el representante Michael Kozak, declarando que, como continente, “confrontamos a una dinastía autoritaria sin intenciones de dejar el poder“.

Kozak rememoró haber estado, “hace cincuenta años”, en esa misma sala, cuando Ortega y los sandinistas luchaban contra la dictadura de Anastasio Somoza y la OEA impulsó una solución política que los propios Estados miembros —dijo, “incluso y particularmente el mío”— no supieron hacer cumplir.

Advirtió además que “las acciones que tomemos o que fracasemos al tomar en esta semana tendrán importancia“, pues los nicaragüenses “no pueden esperar otros cincuenta años”.

Kozak señaló las ambiciones dinásticas de Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial, y sus vínculos con China y Rusia, y confirmó que Argentina, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Paraguay respaldan la resolución antes mencionada para condenar las “dañinas consecuencias” de la reforma y convocar, antes del 1 de septiembre —previo a la fecha prevista para la votación de las reformas—, una reunión de cancilleres que defina “una acción colectiva” sin autorizar el uso de la fuerza militar.

Estados Unidos llama a una estrategia unificada

Entre las medidas propuestas, Washington mencionó sanciones financieras, restricciones de visa y el rechazo de financiación no humanitaria, aunque reconoció que “Estados Unidos no puede ser el único país que tome acción contra esta amenaza autoritaria para nuestra región“.

Pidió “flexibilidad” ante las diferencias tácticas, ya que, a juicio de la administración del presidente Donald Trump, “no se trata de que estos dictadores nos escuchen, sino que entiendan que nuestras acciones coinciden con nuestras palabras“.

Los representantes de Paraguay, Raúl Florentín, y de Perú, Rodolfo Coronado, respaldaron la medida. La representante de Colombia, del gobierno saliente de Gustavo Petro, Adriana Maldonado, se sumó de forma más cautelosa, recordando la declaración sobre Nicaragua emitida por la organización en julio y remarcó que “la democracia requiere de una protección constante“, insistiendo en mantener abierto el diálogo.

La representante de Ecuador, Mónica Palencia, exigió que la actuación de la OEA sea “una expresión coherente” de los principios de democracia representativa, derechos humanos y soberanía popular del Sistema Interamericano, y llegó a comparar al Frente Sandinista con el nazismo.

La representante llamó a la “activación plena” de la Carta Democrática “con unidad, firmeza y sentido de responsabilidad histórica”. Por su parte, la representante de República Dominicana, Mayerlyn Cordero Díaz, sostuvo que “ningún Estado puede privar a los ciudadanos del derecho de elegir libremente a sus autoridades“.

Costa Rica se pronuncia

La representante de Costa Rica invocó la condición de su país como “nación vecina, democracia consolidada y país de acogida para nicaragüenses que han buscado refugio en nuestro suelo” para afirmar que “la posición de Costa Rica ha sido, es y seguirá siendo inequívoca: siempre hemos abogado por la realización de elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en Nicaragua“.

También respaldaron la medida los representantes de Guatemala, Canadá, Panamá, Uruguay, Bolivia, Chile y Argentina.

“Nuestro continente no puede ser indiferente a la crisis institucional de Nicaragua ni a intentos de establecer dinastías autoritarias… debemos tomar acciones urgentes para transmitir la señal inequívoca de que la democracia no es un mero ritual“, declaró José Castro, representante de Chile.

El representante de Uruguay, Edison Lanza, advirtió que la situación “no supone solamente una crisis democrática, sino que ha ido acompañado de consistentes y graves violaciones a los derechos humanos”, pero matizó que “la eventual adopción de medidas colectivas… deben respetar inequívocamente el derecho internacional”.

México y Brasil fuera de línea

Pero no todas las delegaciones coincidieron con este respaldo

El representante de México, Alejandro Encinas, sostuvo que “la celebración de elecciones periódicas y auténticas es una obligación jurídica de los Estados derivada del derecho internacional y los derechos humanos” y recordó que Nicaragua permanece ligada al ordenamiento interamericano, pero pidió “ponderar” la reunión de cancilleres como está planteada y privilegiar el diálogo con el régimen “evitando acciones que puedan atentar contra el principio de no intervención”.

La representante de Brasil fue más lejos y rechazó expresamente la medida, al considerar que faltaba “evidencia de que existiera un proceso que amenazara la estabilidad regional”.

También se opuso a abordar la cuestión migratoria originada por la crisis nicaragüense fuera de “un marco de derechos humanos” y advirtió que la iniciativa, a como está formulada, “podría contribuir a empeorar las tensiones” en el país y la región.

Llamó, en cambio, a abrir canales de diálogo y “ofrecer alternativas de concertación política” conforme al derecho internacional.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, sostuvo por su parte que la situación en Nicaragua “debe seguir siendo de altísima importancia” para el organismo, que “las elecciones libres, periódicas y transparentes no son negociables” y que el fin de la democracia en el país “no es sólo un asunto doméstico”, en referencia a su impacto sobre la estabilidad regional.

Y, finalmente, reconoció las “masivas, serias y sistémicas violaciones a los derechos humanos” documentadas por organismos como la CIDH y llamó a la liberación de los presos políticos que persisten en Nicaragua. De tal forma quedó acogida en la agenda del organismo la moción para convenir a una reunión de cancilleres, la cual evaluará y coordinará mayores acciones colectivas contra la dictadura sandinista.