Dictadura ha entregado más de 2.4 millones de hectáreas a mineras extranjeras

Nicaragua mantiene 213 concesiones vigentes para la minería metálica que cubren más de 2.4 millones de hectáreas de su territorio, equivalentes al 20.4% de la superficie terrestre del país, según un nuevo informe de investigación de Carmen Corea-Sánchez, publicado por Wangki e Investigación Urgente.

El área concesionada, señala el documento, “es superior a la extensión territorial de El Salvador equivalente a 2.1 millones de hectáreas“. Más de la mitad de esas concesiones —113 de las 213, un 53.7% del total— fueron otorgadas durante el actual período del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a partir de 2022.

El hallazgo proviene de un seguimiento hemerográfico de más de dos años sobre La Gaceta, diario oficial del Estado de Nicaragua.

El informe confirma que China es hoy, por primera vez, el principal país de origen de los inversionistas, con 22 empresas chinas controlando 84 concesiones con una superficie agregada de más de 1.2 millones de hectáreas, “correspondiente al 10.8% de la superficie del espacio terrestre de Nicaragua” y al 53.02% de toda el área concesionada a la minería metálica.

No es sólo es China

Pero, al mismo tiempo, el informe advierte sobre “reducir la expansión minera a la presencia de ciertos actores extranjeros no tradicionales”, ya que documenta cómo capitales canadienses (30.37% de la superficie, encabezados por Equinox Gold), colombianos (7.23%, vía Grupo Mineros/HEMCO), británicos (5.33%, Metals Explorations) y estadounidenses conviven con inversionistas nicaragüenses vinculados al régimen Ortega-Murillo.

El texto plantea incluso que “la centralidad discursiva de China puede funcionar como una pantalla política para el régimen Ortega-Murillo“, al desviar la atención de otros mecanismos —cesiones de derechos, concesiones superpuestas, acuerdos fiscales extraordinarios— que también explican la expansión minera.

Entre esos actores nicaragüenses, el informe señala a empresas como Global Group, S.A. (que recibió 11 concesiones entre junio y septiembre de 2025) y a dos compañías ya sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos: la Compañía Minera Internacional, S.A. (COMINTSA), dirigida por el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell; y GRUMIXA, sancionada desde abril de 2026 por vínculos con la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS) y otras entidades ya penalizadas.

El informe documenta el tránsito “de la proximidad crítica a la superposición legalizada“, dado que, hasta 2024, ninguna concesión minera se ubicaba formalmente dentro de un Área Protegida, aunque varias colindaban a un rango de entre 100 y 200 metros de la Reserva de Biósfera de Bosawás, entre el departamento de Jinotega y la Región Autónoma del Caribe Norte.

Ese piso legal cambió con la Ley 1248, publicada en mayo de 2025, que sustituyó la categoría “Área Protegida” por “Área de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible” y eliminó la prohibición expresa de explorar y explotar recursos naturales en esas zonas.

Áreas desprotegidas

El resultado, según el análisis geoespacial del informe, es de 137 594.24 hectáreas de Áreas Protegidas concesionadas a la minería metálica, el 3.57% de toda la superficie nacional bajo ese régimen. El caso más grave es la Reserva Biológica Indio Maíz, que aún bajo categoría de “protección estricta” sufre más de 56 mil hectáreas cedidas a la empresa china Thomas Metal, S.A.

En lugares como el Monumento Nacional Salto Río Yasica, en Yúcul y en Cerro Apante, el traslape alcanza el 100% de su extensión. El informe concluye que “la ley, en este sentido, no solo regula la realidad territorial; también contribuye a producirla“.

Según el informe, de las 3.8 millones de hectáreas tituladas a Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Caribe nicaragüense, “unas 541 mil hectáreas se encuentran concesionadas a minería metálica, equivalente al 14% de la superficie total titulada“, con 15 territorios afectados.

La afectación es extremadamente desigual. Por ejemplo, el territorio Tuahka tiene el 88.7% de su superficie concesionada; Tasba Pri, el 82.3%; y Mayangna Sauni Arunka, el 70.7% y el informe también contrasta esas cifras con los propios reportes corporativos de las empresas beneficiarias.

El Grupo Mineros, por ejemplo, “reconoce explícitamente” en su memoria de sostenibilidad que sus concesiones se traslapan con territorios mayangna y Equinox Gold sostiene en el suyo que en Nicaragua sus operaciones “no se localizan en tierras formalmente reconocidas como territorios indígenas”, una afirmación que la autora califica de “difícilmente sostenible frente al análisis geoespacial” del informe.

Fallos en aplicación de la ley

El informe igualmente critica la implementación del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) que detalla la Ley 445, que rige la propiedad comunal de pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense. De las 213 concesiones revisadas, 32 “no mencionan ningún proceso de consulta”; el resto se avala a través de Consejos Municipales, Consejos Regionales o, desde 2025, la Procuraduría para las Municipalidades.

El problema, sostiene el informe, es de fondo, ya que esas instancias están hoy controladas por mayorías afines al partido de gobierno, tanto en las 153 alcaldías del país como en los Consejos Regionales del Caribe, tras la cancelación legal del partido indígena YATAMA en 2023, el encarcelamiento de sus líderes (y la muerte de su único diputado, Brooklyn Rivera, en prisión) y el fraude electoral en los comicios regionales de 2024.

Procesos acelerados

La investigación también documenta una drástica aceleración administrativa.

La mediana de días que toma certificar una concesión minera, que en años anteriores podía superar los mil días, cayó a 187.5 días en 2023, 123.5 en 2024, 110 en 2025 y apenas 16.5 días en 2026. El informe advierte que esa “eficiencia” no debe leerse como mejora burocrática, sino como síntoma de un debilitamiento de controles ambientales y a la centralización del aval estatal, lo que sugiere “un circuito de autorización rápida, opaco y políticamente controlado“.

El documento suma otro fenómeno inquietante al señalar que las concesiones se superponen entre sí sin que medie cancelación pública. Un caso ilustrativo es el lote Flor de Azalea, otorgado en 2024 a la sancionada GRUMIXA y entregado de nuevo, en 2026, a una empresa del inversionista estadounidense James Randall Martin, “sin una cancelación pública clara del título original“.

Las consecuencias de esta actividad económica poseen también una dimensión humana. El informe cita casos de niveles elevados de exposición a mercurio, elemento altamente tóxico utilizado en la minería, en mujeres indígenas de comunidades ribereñas de Waspam, vinculados al consumo de pescado y al lavado artesanal de oro.

Y mientras que, según cifras del Banco Central, las exportaciones de oro nicaragüense “ha experimentado un crecimiento de más del 3500% desde 2006 al 2025“, hasta cerrar en 1971 millones de dólares el año pasado, con el oro ya desplazando al café y a la carne como principal producto de exportación del país, esto no ha implicado una mejoría en las ganancias o la situación económica de los comunitarios, según testimonios recogidos en el trabajo.

La expansión minera en Nicaragua “debe entenderse como una forma contemporánea de despojo legalizado“, sostenida por “mercados internacionales del oro, incentivos empresariales, geopolítica, autoritarismo, flexibilización ambiental, opacidad institucional y debilitamiento de derechos colectivos“, concluye el trabajo.