¿Podrán tocar el 6% de las universidades con los nuevos “cambios estructurales” anunciados por Gustavo Porras?

El año 2024 que acaba de iniciar, trae incertidumbre al pueblo nicaragüense que está sujeto a las leyes moldeadas por el orteguismo. Solamente en el año 2023 la Asamblea Nacional, al servicio de Daniel Ortega, realizó cinco reformas constitucionales en las que se incluyen la eliminación de la ciudadanía y el sometimiento de la Policía Nacional.

El orteguista Gustavo Porras, presidente de este poder del Estado, en su discurso de clausura del año legislativo, aseguró que estas reformas a las leyes fueron “cambios estructurales” que debían realizarse para el bienestar de Nicaragua.

Uno de esos “cambios estructurales” referidos por Porras, es la eliminación de la asignación presupuestaria del 4% a la Corte Suprema de Justicia, que era otorgado a esta del Presupuesto General de la República. Porras también argumentó que “el presupuesto de Nicaragua ha venido creciendo y esa cantidad corresponde a casi 5 mil millones de córdobas”.

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El sancionado presidente de la asamblea orteguista, aseguró que ese 4% “es una cantidad de dinero importante” y que no debería imponerse un porcentaje fijo, porque en la actualidad esas cantidades “son muy altas y se deben poner límites”.

Porras justificó estas reformas hechas a la medida de Daniel Ortega porque según él, la Constitución Política de Nicaragua “fue formada con el pensamiento neoliberal”, haciendo referencia al gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

Los posibles “cambios estructurales para 2024”

El discurso de Porras, uno de los hombres leales a la pareja dictatorial, crea un indicio de lo que podría devenir en este año 2024. Más ajustes económicos a instituciones representativas del Estado, que al disminuir su presupuesto económico se someterán más a la mano de Ortega y Murillo.

Algunos analistas han expresado que otro “cambio estructural” que Ortega realizará con la complicidad de sus diputados, podría alcanzar a la partida del 6% de Presupuesto General de la República que es destinado a la educación superior del país.

Para este 2024, los legisladores orteguistas y sus cómplices, aprobaron un presupuesto que ronda los 138 mil 634 millones de córdobas, lo que en números, ese 6% equivaldría a 8 mil 318 millones de córdobas asignados a las educación universitaria de la población nicaragüense. Según las palabras de Porras, para él, esa cantidad también podría ser “muy alta y se debe poner límites”.

Pero, aunque aún el régimen de Ortega no ha procedido con la eliminación de esta partida presupuestaria, de hacerlo muchos jóvenes resultarían perjudicados pues con este dinero se subvenciona a las universidades estatales, publicas o nacionales que albergan según Porras a más de 180 mil estudiantes.

Durante su discurso del 15 de diciembre de 2023, Porras hizo alarde de otra reforma realizada a la constitución, exactamente a la de la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. Con esta pudieron consumar el robo a más de 30 universidades y en especial el de la extinta Universidad Centroamericana (UCA).

El sancionado Porras aludió que con esta reforma se pudieron hacer “tres universidades nacionales”, luego de confiscar a la UCA y la Universidad Politécnica de Nicaragua, ya que según el presidente de la asamblea orteguista “no podemos seguir pensando que la educación superior debe seguir los patrones ordinarios, debemos desarrollar una universidad moderna para el pueblo, absolutamente gratuita”.

Lo que si es de esperarse es que Ortega someta aun más a todas sus instancias gubernamentales, al ajustar sus finanzas, le envía el claro de mensaje de control total del Estado.