• Managua, Nicaragua
  • 9:17 pm
  • Mar 11, 2022

Aumenta en Nicaragua criminalización del ejercicio periodístico, cierre de medios y exilio forzado

La red regional Voces del Sur presentó este jueves su informe mensual de monitoreo y seguimiento a violaciones a la Libertad de Prensa en Nicaragua, correspondiente al mes de febrero, en donde documenta 104 casos de violaciones a la Libertad de Prensa; 85 perpetrados en contra medios de comunicación (81.7 %) y 19 contra personas […]
Dictadura ataca la libertad de expresión y de prensa y obliga a periodistas independientes al exilio
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La red regional Voces del Sur presentó este jueves su informe mensual de monitoreo y seguimiento a violaciones a la Libertad de Prensa en Nicaragua, correspondiente al mes de febrero, en donde documenta 104 casos de violaciones a la Libertad de Prensa; 85 perpetrados en contra medios de comunicación (81.7 %) y 19 contra personas naturales (18.3%).
La Red logró documentar también un total de 5 alertas de violaciones a la Libertad de Prensa y dio seguimiento a otras 4 generadas en meses anteriores.

En el mes de febrero Voces del Sur documentó 2 casos de agresiones en contra de periodistas, en las que las víctimas solicitaron que no se hicieran públicas para evitar mayores represalias.

“Queremos señalar con preocupación que la autocensura continúa afectando a los medios y periodistas independientes del país”, dice el informe.

Agresiones, cierre de medios y  más exilio de periodistas

Voces del Sur en sus registros documenta que los agentes estatales lideran la lista de agresores, seguido de paraestatales, que, según el propio testimonio de las víctimas, actúan en total impunidad y al amparo de las fuerzas del orden público, entidades y funcionarios de gobierno de todas las instancias de la gestión pública.

En el mes de febrero las agresiones se registraron en 2 departamentos del país, Managua y Matagalpa. Directores de medios y reporteros prevalecen como las principales víctimas.

Voces del Sur conoció que el pasado 08 de febrero, el canal televisivo “Condega Visión”, que transmitía desde el departamento de Estelí por 13 años, cerró operaciones. Este canal funcionaba desde hace más de 13 años y se convierte en el segundo medio de comunicación, después de Radio Universidad, que cierra operaciones en 2022.

Periodista Verónica Chávez agredida por turbas sandinistas
Periodista Verónica Chávez agredida por turbas sandinistas

En febrero al menos 6 periodistas se vieron obligados a expatriarse por la inseguridad que enfrenta la práctica periodística en el país y el incremento de la judicialización de parte del gobierno en contra de la prensa independiente, reportan.

En sus registros desde junio del 2021 hasta febrero del 2022, al menos 62 periodistas se han exiliado. La lista incluye a reporteros, directivos de medios y profesionales de la comunicación que colaboraban en organizaciones de sociedad civil y organismos de derechos humanos.

Uno de los exiliados es el cronista deportivo Julio “El Porteño” Jarquín, quien señaló que la dirección de Radio Corporación, (emisora donde laboraba hasta su exilio) tomó la decisión de evitar todo tipo de contenido crítico al gobierno actual.

“Desde Voces del Sur lamentamos que se continúen cerrando importantes espacios que luchan por la Libertad de Expresión, Prensa e Información”, destacan.

Voces del Sur considera importante que los medios y sus directivos respalden a la ciudadanía, a los periodistas y generadores de opinión, en la denuncia y documentación de las arbitrariedades cometidas por el Estado de Nicaragua, para mantener viva la memoria histórica y les recuerda que los medios se deben a sus audiencias, no a los grupos de poder.

Periodistas condenados

En febrero de 2022, la Fiscalía del país también condenó a los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza a 13 y 9 años de cárcel, respectivamente, bajo la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, otra de las leyes aprobadas en 2020, registra el organismo.

Mora fue condenado por el supuesto delito de “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante su condena. En tanto Miguel Mendoza, cronista deportivo fue declarado culpable por el mismo delito.

Ciudadanos procesados por opinar y fuentes informativas se callan

En el último trimestre de 2020 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó tres leyes tildadas de represivas y violatorias de Derechos Humanos, entre ellas la Ley 1042 o Ley Especial de Ciberdelitos.

Voces del Sur detalla el caso de Donald Margarito Alvarenga Mendoza de 56 años, quien fue detenido el 6 de noviembre de 2021, figura como el primer ciudadano condenado bajo esa normativa a una pena de 12 años de cárcel.

Por otro lado, Douglas Alfredo Cerros Lanzas, de 53 años, detenido el 6 de noviembre de 2021 es el segundo disidente del gobierno actual condenado bajo la misma ley también a 12 años de cárcel.

El tercer ciudadano condenado a 11 años de cárcel es Santos Camilo Bellorín, un campesino de 56 años que ha alegado que nunca ha tenido acceso a internet ni a utilizar equipos electrónicos que le permitan conectarse a las redes sociales.

Así mismo, Alexis Peralta fue declarado culpable bajo la misma ley, la Fiscalía pide 11 años de cárcel y aunque no se ha dictado sentencia es casi predecible que engrosará la lista de ciudadanos condenados bajo esa oprobiosa ley.

Defensores de Derechos Humanos han señalado que esta nueva etapa de persecución digital busca silenciar a quienes, ejerciendo los derechos otorgados por la Constitución Política de Nicaragua, expresan su descontento por las reiteradas violaciones a las libertades fundamentales.

Señala el informe que las redes sociales y los pocos medios de comunicación que aún subsisten, son el único espacio de expresión cívica que tienen los nicaragüenses, ante la prohibición de parte de las autoridades policiales para realizar protestas o cualquier otra forma de expresión ciudadana.

Periodistas exiliados 

Voces del Sur logró documentar en febrero que al menos 6 periodistas salieron de Nicaragua en busca de salvaguardar su vida, algunos de ellos han señalado que continuaban en el país con un perfil bajo, apelando a que cesaran las agresiones en su contra y como esto no ocurrió se vieron obligados a exiliarse.

La periodista María Flordelíz Ordóñez señaló a Voces del Sur que se exilió debido a que las agresiones y ataques habían escalado y estaban afectando a su esposo; además temía por la seguridad de su hijo menor de edad que presenció agresiones en contra de sus padres.

Escasez de fuentes de información

Otro aspecto que causa mucha preocupación al organismo es la escasez de fuentes informativas que tienen los medios de comunicación independientes, misma que ha venido aumentando desde la aprobación de la Ley de Ciberdelitos en 2020.

Periodistas consultados por Voces del Sur explicaron que las pocas fuentes que todavía hablan, solicitan que sea bajo anonimato y sus aportes son extremadamente “cortos y ligeros”, incluso hay temas de los que prefieren no abordar.

En tanto, la mayoría de medios de comunicación, continúa publicando sus notas informativas sin firma como una medida de protección a sus colaboradores.

Insta al gobierno a respetar el derecho a un libre ejercicio periodístico

Como plataforma latinoamericana que defendemos y promovemos la Libertad de Expresión y de Prensa, instamos al gobierno de Nicaragua tener presente que tiene en sus manos la oportunidad histórica de poner en práctica todas las acciones necesarias encaminadas a reconocer que el acceso a la información pública, el libre ejercicio de la práctica periodística son derechos humanos fundamentales, plenamente reconocidos en los tratados, convenios que en materia de Libertad de Prensa y Expresión el Estado de Nicaragua es signatario.

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La pluralidad de voces y la libertad de opinión son aspectos importantes e indispensables para la democracia, por lo que llamamos al Estado de Nicaragua a cesar la criminalización del oficio periodístico brindando información oportuna y de calidad en los tiempos establecidos y preservando el derecho a ejercer periodismo independiente en el país.

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