Así enfrentan las comunidades del Caribe el avance de la minería china

“Si hay resistencia, se criminaliza”, así resume un representante del movimiento indígena nicaragüense Prilaka, que por razones de seguridad habla a nombre del colectivo en entrevista con Nicaragua Actual para esta investigación.

“Protestar contra las invasiones es un delito; oponerse al avance de la minería es también un delito”, sentencia la fuente.

Desde que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo restableció relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China en 2021, las zonas del Caribe nicaragüense han quedado abiertas a una creciente presencia de corporaciones mineras provenientes de ese país.

Con esa expansión también comenzó una escalada de la militarización en los territorios donde avanzaba la minería ligada al capital asiático.

Hasta hace pocos años, la minería se concentraba principalmente en el Triángulo Minero, formado por Siuna, Rosita y Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).

A partir de 2023, sin embargo, las concesiones de empresas chinas comenzaron a extenderse hacia otras zonas del país, desde León hasta territorios indígenas y áreas protegidas como Bosawás e Indio Maíz. En 2025, la propia dictadura reformó la legislación para facilitar la actividad minera en áreas naturales protegidas.

Nicaragua Actual comprobó para esta investigación que en los territorios donde avanzan las concesiones, líderes y comunitarios denuncian un patrón: las instituciones estatales facilitan el ingreso de las empresas, mientras las fuerzas de seguridad (militares y policías) y otros actores vinculados al poder sirven para contener cualquier resistencia.

El Estado y los privilegios a las mineras chinas

“Esto de los chinos es bastante novedoso”, sostiene un comunitario exiliado que, por razones de seguridad, pidió ser identificado como Bernabé. 

“En los últimos tres años, cuenta, esas concesiones que dieron, la mayoría están en el Caribe Norte; otras están en el Caribe Sur, e incluye ahora La Cruz del Río Grande, Nueva Guinea, El Rama, el territorio Rama, Kukra Hill” y varias otras zonas, protegidas por legislación ambiental o por el régimen de autonomía.

“Me llamó la atención, por ejemplo, ver a una funcionaria del gobierno regional del Caribe Norte en compañía de unos concesionarios de las empresas chinas, escoltados por militares, tratando de convencer a los trabajadores artesanales, mineros, para que ayudaran a las mineras chinas a hacer sus exploraciones y sus estudios», relata Bernabé.

El director de Fundación del Río, Amaru Ruiz, recuerda escenas similares en comunidades como Kukumaini, “donde altos funcionarios del consejo regional acompañaron a estos empresarios chinos a un sitio de minería artesanal que estaba siendo procesado por comunidades miskitas”.

“Aquí hay un trato diferenciado con respecto incluso a otras empresas» que operaban desde hace tiempo, de capital sobre todo canadiense, pero también colombiano y estadounidense y de otras fuentes”, señala  Ruiz a Nicaragua Actual. “Y es que, más bien, vemos el acompañamiento del Estado para proteger esas inversiones”.

Más del 10% del territorio de Nicaragua le pertenece a China

Según el último informe de la organización Wangki e Investigación Urgente, publicado en julio de 2026, el Estado nicaragüense, entre 2010 y 2026 otorgó 213 concesiones mineras vigentes sobre 2.4 millones de hectáreas, equivalente al 20.4% del territorio nacional. Más de la mitad fueron otorgadas desde 2022, después del establecimiento de las relaciones con la República Popular China.

En los territorios indígenas y afrodescendientes titulados en el Caribe —que suman 3.8 millones de hectáreas—, 541 mil ya están concesionadas, distribuidas en 47 lotes sobre 15 territorios.

El Atlas de concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, publicado por Fundación del Río, llega a cifras similares, ubicando para agosto de 2026 hasta el 25% del territorio nacional bajo régimen concesionario. La organización documenta 18 territorios vulnerados, atravesados por lotes mineros que afectan a 163 ríos y 80 quebradas. 

Casi 1900 kilómetros de red hídrica, atravesados ahora por lotes mineros están expuestos a la contaminación, envenenamiento por mercurio o cianuro, según la Fundación.

Ruiz explica que 23 empresas mineras chinas sostienen actualmente 91 lotes de concesión que suman 1.5 millones de hectáreas, equivalente al 12.5% del territorio nacional. De esos lotes, 25 caen dentro de territorios indígenas y afrodescendientes, sobre unas 600 mil hectáreas.

La minería china representa, según su conteo, la mayor proporción de capital de cualquier origen operando dentro de tierra indígena titulada.

Ortega y chinos roban ganancias a comunidades indígenas

Ni esta ni otras actividades mineras se han traducido, sin embargo, en un enriquecimiento significativo para las comunidades.

“Según la Ley 445, (Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz) el 25% de la ganancia de la concesión debería ir para la comunidad, pero en la práctica efectivamente no hay una distribución de los ingresos”, apunta Ruiz.

“Algunos territorios que tienen más del 80% de su territorio concesionado —como Tasba Pri, nacida del desplazamiento forzado de nativos tras la infame Navidad Roja en 1982, y hoy concesionada en un 83.77%— siguen siendo territorios pobres. Realmente no hay una ganancia”, reitera.

Negocio por la fuerza

El uso de la fuerza para favorecer intereses mineros no se limita al Caribe Norte.

En septiembre de 2025, hombres armados ocuparon un plantel de la empresa BHMB Mining, en Palacagüina, Madriz. Según empleados del lugar que hablaron entonces con Nicaragua Actual, los hombres actuaron presuntamente al servicio de la dictadura y la operación benefició a empresas de capital chino. 

Aquella operación fue documentada por Nicaragua Actual.

Tres individuos de origen chino fotografiados por trabajadores de la empresa BHMB Mining durante la usurpación del plantel de Palacagüina en Madriz. 9 de septiembre, 2025. Foto: Nicaragua Actual

“Ingresaron con seis camionetas, arrancaron el portón de entrada y advirtieron que, si los guardas no abrían, los iban a meter presos”, relató entonces un exempleado bajo condición de anonimato.

El local fue ocupado por las empresas chinas Zhong Fu Development, presidida por Feiwu Bian, y Santa Rita Mining, representada por Chunqing Sun.

La propiedad fue devuelta en mayo de 2026, después de presiones de Estados Unidos que incluyeron sanciones contra siete empresas y dos hijos de Ortega y Murillo.

Para Wangki, las sanciones han tenido efecto, pero deberían dirigirse a las redes que sostienen el negocio del oro y no solamente a empresas individuales. “Tienen que afinarse porque su efectividad depende no de dirigirse a una empresa aislada, sino a las redes, a la cadena de valor del oro”, afirma la organización a Nicaragua Actual.

Una iniciativa de los senadores Ted Cruz (republicano) y Timothy Kaine (demócrata), conocida como REFORMAR Act, busca ampliar la presión sobre el sector aurífero nicaragüense, aunque todavía debe avanzar en el proceso legislativo estadounidense.

Ni previa, ni libre, ni informada

La expansión minera ocurre mientras los mecanismos legales destinados a proteger a las comunidades indígenas han sido debilitados.

En Nicaragua, las concesiones de recursos naturales en territorios indígenas y comunidades afrodescendientes deben  respetar un procedimiento de “consulta previa, libre e informada” (CPLI), conforme a la Ley  445. Las comunidades deben ser involucradas antes del otorgamiento de una concesión y tienen derecho a expresar su posición favorable o desfavorable.

Si existe oposición, debe desarrollarse un proceso de negociación con las autoridades tradicionales y garantizarse la participación de la comunidad en los beneficios y la reparación de posibles daños. La legislación ambiental también contempla evaluaciones de viabilidad.

“Nada de esto es respetado en el suelo”, sostiene un representante de la organización Wangki.

Desde el Decreto 20-2017, que reformó el sistema de evaluación ambiental, explica, se debilitó el Decreto 76-2006. “Traducido al castellano, dice que ya las evaluaciones de impacto ambiental casi que no son necesarias», afirma.

Los tiempos de los procedimientos también se redujeron drásticamente en favor de las empresas chinas.

“Procesos que previamente tomaban varias semanas, toman menos de tres días o cero días incluso.  El mismo Estado, cuando publica las certificaciones, ya dice que se tardó cero días en otorgar un dictamen técnico. Lo que implica que no hay evaluación de impacto ambiental”, señala el experto.

Procuradora decide sobre concesiones 

A este debilitamiento institucional se suma el control político de las autoridades del Caribe.

En 2024, el Frente Sandinista concretó otro fraude en las elecciones regionales del Caribe, tomando el control de las instituciones, después de años de cooptación y presiones sobre los espacios de representación indígena.

En febrero de 2026, el régimen trasladó la Dirección General de Minas del Ministerio de Energía y Minas (MEM) a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), presidida por la sancionada Wendy Morales. Así,  una oficina en Managua decide sobre concesiones que afectan a comunidades enteras.

Wangki concluye en su informe que “hay una relación dialéctica entre el debilitamiento de la gobernanza comunitaria indígena con el otorgamiento de concesiones mineras”.

Desde la perspectiva del régimen, explica, para obtener los recursos naturales de la Costa Caribe, “necesitan influenciar los espacios de toma de decisión que han sido cooptados como el consentimiento previo, libre e informado”.

A mano armada

El Caribe no era pacífico antes de que llegaran los chinos. Desde hacía décadas, grupos de colonos, principalmente mestizos, han disputado con las comunidades indígenas el control de la tierra para su explotación.

“Los colonos siempre han estado armados”, señala Prilaka.

Los grandes terratenientes, agrega, mantienen armados a sus trabajadores para defenderse de las comunidades y también para resolver disputas entre ellos.

“Hay muchos grupos de civiles y de excombatientes que en algún momento han estado armados con armas de guerra, con AK-47, AR-15, entre otro tipo de armas que son armas que el Ejército debería tener controladas», agrega Bernabé.

Estos grupos operan al margen de la institucionalidad, pero sus intereses económicos pueden coincidir con los del poder. Investigadores y observadores consultados para este reportaje coinciden en que el régimen actúa como facilitador, protector y, en algunos casos, participante de las dinámicas que permiten la expansión de las actividades extractivas.

“Al final, el Ejército, la Policía, los colonos ejercen una función de vigilancia, de infundir temor y de represión” que crea el espacio necesario para que opere el capital extranjero y local, lamenta Bernabé.

En años anteriores se registraron masacres como en las comunidades Alal, en 2020; Kiwakumbaih, en 2021; y Wilú, en 2023. Ahora, tanto Prilaka como Bernabé coinciden en que los mecanismos de control se han afianzado hasta hacer menos necesaria la violencia abierta.

Ejército y Policía aliados del saqueo a comunidades

“Llegan los colonos a la tierra y le dicen a los propietarios: “mirá, entregamos la tierra, nadie te va a defender. La Policía está con nosotros, el Ejército está con nosotros. Somos sandinistas, entonces mejor nos entregás la tierra y te vamos a dar algo. Si no, pues, aquí nos vamos a quedar y no nos vas a poder sacar’”, cuenta Bernabé.

Prilaka señala que las fuerzas del régimen también impiden que las comunidades desarrollen mecanismos de defensa mediante una política de desarme.

“Lo que hacen es visitar periódicamente a las comunidades y en esas visitas pues muchas veces terminan decomisando las armas de cacería que tienen algunas familias para cuidar sus cultivos”, explica.

Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, posa junto a cuadros locales del Frente Sandinista en Puerto Cabezas durante una ceremonia de entrega de recursos militares al Destacamento Norte, el Batallón Ecológico y la Fuerza Naval. 31 de enero de 2025. Foto: Presidencia de Nicaragua.

Prilaka sostiene que el mecanismo de control se concentra especialmente en personas con antecedentes de organización comunitaria: líderes indígenas, excombatientes, religiosos y otros referentes locales.

China y el entrenamiento al Ejército

La presencia de los efectivos y el reclutamiento de jóvenes de las comunidades en las filas del Ejército, mediante incentivos económicos, funcionan a la vez como mecanismos de control sobre el resto de la población en el Caribe.

El investigador y politólogo César Santos, especializado en la influencia autoritaria de China y Rusia en Hispanoamérica, sostiene a Nicaragua Actual que esta estrategia también tiene una dimensión vinculada a la relación entre China y el régimen Ortega Murillo.

“Lo que ha hecho China es una sinergia muy importante con el régimen de Nicaragua y es entrenar a las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, a la policía, para mejorar sus tácticas y sus equipos de represión”, explica.

Esta cooperación también alcanza infraestructura estatal utilizada para vigilancia, como el Sistema Nacional para la Prevención de Desastres (SINAPRED). La cooperación tecnológica entre Pekín y Managua ya trasciende el ámbito técnico y alcanza la infraestructura de vigilancia estatal. De acuerdo con el especialista Santos, China ha suministrado tecnología de punta a las fuerzas del régimen, incluyendo sistemas de inteligencia artificial y reconocimiento facial integrados en la plataforma del SINAPRED.

“La tecnología china sirve“, explica Santos, “a los intereses de regímenes autoritarios para suprimir disidencias, y el caso de Nicaragua, a través del SINAPRED, es un ejemplo muy puntual en el caso de cómo suprimen las identidades o manifestaciones propias de poblaciones locales que pugnan por el reconocimiento de sus derechos frente al extractivismo chino”​.

Silenciar a quienes resisten

Brooklyn Rivera y Steadman Fagoth fueron dos de los líderes indígenas más reconocidos del Caribe nicaragüense. Ambos combatieron al primer régimen sandinista durante los años ochenta y participaron en el Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA), el partido político que durante décadas representó a los indígenas. Luego, ambos fueron aliados del sandinismo pero terminaron siendo considerados enemigos.

Ambos terminaron encarcelados por la dictadura de Ortega y Murillo.

Brooklyn Rivera (der.) y Steadman Fagoth (izq.) durante una conferencia en Managua. Ambos líderes estaban a mitad de negociaciones con el liderazgo sandinista, que entonces se mostraba intransigente. 16 de mayo, 1988. Foto: Dánica Coto, AP

Fagoth, antiguo líder de la facción contrarrevolucionaria y entonces asesor presidencial, fue detenido el 14 de septiembre de 2024, presuntamente después de llamar a enfrentar a los colonos y recuperar tierras ocupadas.

El Ejército lo acusó de tráfico de armas y drogas. Permaneció desaparecido bajo custodia hasta que la dictadura difundió fotografías suyas en junio de 2026. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a su favor, pero continúa detenido.

Rivera fue secuestrado el 29 de septiembre de 2023 por agentes de policía del régimen disfrazados como brigadistas médicos. Antes de su detención, el régimen lo había despojado de su diputación sin que se conociera un procedimiento formal. Días después de su captura, YATAMA perdió su personería jurídica como partido político.

Rivera permaneció desaparecido durante casi tres años. A finales de mayo de 2026, la dictadura confirmó su muerte a los 73 años. 

Brooklyn Rivera hospitalizado en el Fernando Vélez Paiz. Nancy Henríquez, diputada suplente y también presa política, está a su lado. Lo observa de frente el operador sandinista Lumberto Campbell. Foto publicada el 27 de mayo, 2026. Foto: Medios Oficialistas

De acuerdo con Prilaka y Bernabé, la muerte de Rivera provocó temporalmente un incremento de la presencia militar en ciudades como Puerto Cabezas, Bluefields y Waspam y otros pobladores. 

Persecución contra los indígenas 

Pero Rivera y Fagoth no son las únicas víctimas.

“Hay muchos comunitarios a los que han detenido bajo el argumento de que están robando ganado. Son gente que ha estado oponiéndose a la presencia de los colonos” y al avance chino, expone Prilaka.

Por su parte, Amaru Ruiz señala el caso de cuatro guardabosques indígenas mayangnas, detenidos en 2021 y acusados de participar en la masacre de Kiwakumbaih, donde murieron hasta 15 comunitarios indígenas en un ataque perpetrado por colonos para hacerse con territorios para la explotación minera.

Los cuatro guardabosques detenidos son: Ignacio Celso Lino, Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel, Dionisio Robins Zacarías; los cuatro fueron condenados a cadena perpetua en 2023.

Otros cuatro integrantes de la familia de Donald Bruno —Rodrigo Bruno Arcángel, Tony Alberto Bruno Smith, Oliver Bruno Palacios y Evertz Antonio Bruno Palacios— fueron posteriormente detenidos en 2023 y condenados a 25 años de prisión por supuesto crimen organizado en 2024.

El Grupo de Expertos de Naciones Unidas para Nicaragua (GHREN) documentó que las detenciones se realizaron sin orden judicial y mediante un procedimiento irregular, y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indigenas (CALPI) denunció que eran sometidos a tortura.

También permanecen detenidos Leonel Palacios Vanegas, Serapio Palacios Vanegas, Hermes López Rufus, Jonas Jeffry Miguel Juwith, Demetrio Miguel Juwith y Valeriano Antolin Eheets Flores. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua y organizaciones de base, fueron encarcelados entre 2022 y 2026, pero en muchos casos se desconoce cuál es su situación jurídica o incluso detalles sobre su desaparición.

“Hay liderazgos indígenas también presos vinculados al caso de los familiares de Brooklyn Rivera”, recuerda Ruiz, de la Fundación del Río.

Tras la muerte del líder indígena, varios de ellos viajaron a Managua e intentaron recuperar su cuerpo para enterrarlo conforme a sus deseos y costumbres en su comunidad. Fueron encarcelados por la dictadura y permanecen desaparecidos al momento de publicarse este trabajo.

Entre los detenidos están Alda López Bryan, hermana de Rivera; Kurney Valle Bushey, Jourbes Hendy Escobar López y Glenis Eritza Panton Coleman, sobrinos; Florencia Sarmiento Alejandro, asistente; Jorge Webster Rojas, líder comunitario de Sandy Bay Lidaukra; y Juan Modesto Wilson Kinsman y Noela Solórzano Denis, comunitarios allegados.

La secuencia se repite: quienes cuestionan las concesiones chinas o intentan defender sus territorios terminan enfrentando la maquinaria represiva de la dictadura de Ortega y Murillo. “Hay una criminalización por el hecho de denunciar y de resistir frente a este saqueo y despojo que está promoviendo y provocando la actividad minera en el país”, sostiene Ruiz.

Y es una represión cada vez más profunda. “Hay una complicidad del Estado de permitir institucionalmente la entrada de estas concesiones mineras chinas, de que no haya resistencia, porque si hay resistencia se criminaliza”, concluye.

La resistencia indígena 

Pero las comunidades están resistiendo. “El hecho de que haya represión o que haya algo de miedo no significa que la gente se va a callar”, advierte Bernabé. “La gente continúa denunciando, continúa documentando violencia, el uso del territorio”, un trabajo que encuentra apoyo y difusión en el exilio.

Para Prilaka, documentar es también una forma de resistir sin exponer aún más a las comunidades. “Desde las posibilidades que tienen las comunidades indígenas y la población campesina es ayudar a procesos de documentación de lo que está sucediendo en el territorio sin ponerlos en riesgo”, explica.

Eso significa registrar lo que ocurre: “tener videos, tener evidencia, tener fotos, saber qué funcionario es el que está llegando, qué empresa es la que está llegando, qué es lo que se ha comprometido esta empresa”. Guardar las pruebas hoy, dice, mantiene abierta la posibilidad de que algún día haya justicia.