EE. UU. sanciona a dos hijos de Ortega y a siete empresas mineras
Los hijos de la pareja dictatorial, Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo, fueron sancionados junto a otros tres operadores y siete empresas, en su mayoría de capital chino.
Estados Unidos sancionó a los hermanos Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo por su papel en la industria aurífera ligada a la dictadura.
- Nicaragua Actual
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el sector aurífero de Nicaragua, dirigidas a cinco individuos y siete empresas señaladas de contribuir al financiamiento y sostenimiento político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, este jueves, 16 de abril.
La medida, ejecutada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), apunta tanto a actores estatales como a operadores privados vinculados a la explotación y comercialización del oro.
Según el comunicado oficial, las sanciones alcanzan a funcionarios de la dictadura, incluidos dos hijos de la pareja presidencial —Maurice Facundo Ortega Murillo y Daniel Edmundo Ortega Murillo—, así como al viceministro de Energía y Minas, Santiago Hernán Bermúdez Tapia.
Washington sostiene que estas figuras forman parte de una estructura de control político y económico que ha convertido sectores clave, como la minería, en fuentes de ingresos para el régimen. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración estadounidense no permitirá la confiscación ilícita de activos estadounidenses ni el uso de estos recursos para sostener al poder político en Nicaragua.
En ese sentido, el comunicado denuncia la expropiación de inversiones vinculadas a empresas de origen estadounidense y su utilización para financiar operaciones estatales y estructuras ligadas a la dictadura.
Las sanciones también alcanzan a las empresas:
- Exportadora de Metales, S.A. (EMSA);
- Grupo Minero Xolá, S.A.;
- Thomas Metal, S.A.;
- Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, S.A.;
- Brother Metal, S.A.;
- Zhong Fu Development. S.A.;
- Santa Rita Mining Company, S.A.
De acuerdo con el Tesoro, estas compañías operan dentro de una red que permite procesar, exportar y legitimar oro nicaragüense en mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos, generando divisas para el régimen.
En particular, el Tesoro señala que EMSA ha comercializado oro en territorio estadounidense y que sus ganancias habrían sido canalizadas hacia cuentas utilizadas, presuntamente, para financiar estructuras paramilitares.
Asimismo, identifica a Grupo Minero Xolá como parte de un sistema que compra oro artesanal en efectivo, lo procesa y lo exporta utilizando redes empresariales que permiten legitimar fondos ilícitos.
El comunicado también detalla un caso de confiscación de activos extranjeros ocurrido en 2025, cuando instalaciones de la empresa BHMB Mining Nicaragua S.A., vinculada a inversión estadounidense, fueron ocupadas por actores relacionados con el régimen.
Según la denuncia, no hubo compensación por la toma de la planta, y posteriormente se revocó la licencia de operación de la compañía.
Entre los individuos sancionados figuran además representantes legales y operadores vinculados a estas empresas, como Feiwu Bian, Aníbal Vladimir Matus Buitrago, Nelson Francisco Sobalvarro y Lester Matus Tamariz, señalados de facilitar transferencias de concesiones mineras, ocupaciones de propiedades o la formalización de estructuras empresariales utilizadas dentro del esquema.
El Tesoro sostiene que, desde 2020, el régimen ha reorganizado el sector minero en una red de empresas fachada y operadores que permiten generar ingresos en divisas, evadir sanciones previas y reforzar el control político.
Esta estructura, según Washington, ha sido dirigida por figuras ya sancionadas como Laureano Ortega Murillo y el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell.
Las consecuencias
Las sanciones se enmarcan en la Orden Ejecutiva 13851, ampliada posteriormente, que permite castigar a actores vinculados con la situación política en Nicaragua. Como resultado, todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados.
Además, se prohíben transacciones con estas figuras y se advierte que instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si mantienen vínculos con ellas.
El Departamento del Tesoro también emitió una licencia general que autoriza la liquidación ordenada de transacciones relacionadas con EMSA, como parte del proceso de implementación de las sanciones. Asimismo, actualizó la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), incorporando a todos los individuos y empresas señalados en esta acción.
La medida se produce en un contexto de presión sostenida por parte de Estados Unidos hacia la dictadura en Nicaragua, que se ha intensificado desde las protestas de abril de 2018.
Washington sostiene que, pese a años de sanciones y llamados a reformas, el régimen ha continuado profundizando la represión interna y consolidando un modelo de control político apoyado en sectores estratégicos de la economía, como la minería del oro.
