Urnas Abiertas acoge informe presentado por el Grupo de Experto de la ONU

Luego que el Grupo de Expertos designado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en marzo del años pasado, acusara este jueves a la dictadura Sandinista de ser los principales responsables de los crímenes cometidos contra la población nicaragüense, Urnas Abiertas emitió un comunicado donde expresó que la investigación del equipo técnico “denotan rigurosidad y una metodología de investigación que fortalece su fiabilidad”.

Según Urnas Abiertas, que trabajo de la mano con el Grupo de Expertos de la ONU para la efectividad de esa investigación, puntualizaron “los casos investigados son
representativos de patrones más amplios de conducta, que se replicaron de manera
sistemática y generalizada durante varios meses y prácticamente en todo el territorio
nacional”.

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Así mismo, concuerdan que la dictadura Sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes y graves violaciones a los derechos humanos que incluyen “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y el derecho a permanecer en el propio país”; este último, en referencia a la expatriación de 317 opositores que fueron desterrados y enviados a los Estados Unidos el pasado 9 de febrero.

En la investigación, el Grupo de Expertos detalló todas las violaciones y crímenes perpetrados por la tiranía de los Ortega Murillo desde las protestas de 2018, donde asesinaron a más de 350 manifestantes por alzar sus voces contra la dictadura, según el mecanismo de expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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De igual manera, el equipo técnico constató que la persecución y la violencia se recrudeció meses antes que se ejecutara el fraude electoral en noviembre de 2021, donde Ortega ordenó el secuestro de todos los líderes opositores y candidatos a la presidencia para entronarse en el poder por cuarta ocasión.

En ese sentido, Urnas Abiertas se unió al llamado del Grupo de Expertos de la ONU a la comunidad internacional, a “iniciar acciones legales contra los individuos” e instituciones  responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados en la investigación.