Ortega mantuvo un “estado de terror permanente en 2022”, destaca informe del Cenidh

En su informe anual 2022, El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), indica que el año pasado cerró con un saldo absolutamente negativo, en cuanto a la vigencia y respeto de los derechos humanos en Nicaragua, de conformidad con las leyes nacionales y en base a estándares internacionales sobre la materia.

“En 2022 el régimen Ortega Murillo ha impuesto un estado de terror permanente en Nicaragua a costa de numerosas estrategias represivas, que le permiten permanecer en el poder, aún cuando la voluntad de la gran mayoría de nicaragüenses es su salida y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos”, señala en sus conclusiones el informe del Cenidh.

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El mayor instrumento de represión de la dictadura en 2022, según el Cenidh, fue el Poder Judicial, el cual está al servicio del régimen para encarcelar y enjuiciar inocentes en los denominados juicios nulos, los que pasarán a la historia como la acción más aberrante y violatoria de derechos humanos, registrada en la historia más reciente de Nicaragua.

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El @cenidh comparte a nivel nacional e internacional su informe ????????????????????????????????????: ???????? ???????????????????????? ???????? ????????????????????????, ???????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????, que expone la grave situación de #DDHH en 2022

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— Cenidh (@cenidh) January 20, 2023

Saña contra presos políticos

“Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las más de 235 personas presas políticas que están en las distintas cárceles a nivel nacional, contra los que el régimen se ha ensañado violándoles todos sus derechos humanos y tratándoles como “no personas”, negándoles lo más básico para poder vivi, como el agua, la comida, la salud, y con el claro objetivo de destruirles física y mentalmente junto a sus familias”, denucnia el Cenidh en su informe.

El Cenidh agrega que “la policía, turbas y fanáticos del régimen están organizados para mantener constante vigilancia, hostigar, agredir y amenazar a personas consideradas opositoras, así como a excarcelados políticos, familiares de personas presas políticas, activistas sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, en un afán de intimidar y recordar quién tiene el poder y de quién son las calles en Nicaragua”.

“Las detenciones arbitrarias de personas opositoras (nuevas detenciones o recapturas) han sido una de las prácticas criminales más usadas en 2022 por el régimen Ortega Murillo lo que refleja su incapacidad para gobernar y su falta de voluntad por respetar las leyes nacionales y convenios internacionales de derechos humanos”, destaca el informe del Cenidh.

Patrón represivo como el de las mafias

También destacan que en 2022 el régimen orteguista emplea un patrón represivo sin antecedente en Nicaragua que consiste en “apresar a familiares de personas opositoras a las que aún no capturan, exigiéndoles que se entreguen a cambio de poner en libertad a sus parientes, una práctica que utilizan solo las mafias o las peores dictaduras del mundo”.

“En Nicaragua no existe la libertad de expresión y prensa, las últimas voces de críticos, periodistas independientes las silenció el régimen, pero no solo decide callarlas, también usurpa instalaciones y bienes de medios de comunicación. En 2022 la toma total de La Prensa y el exilio de su personal significó el fin de toda esperanza por recuperar la libertad de expresión en el país”, refiere el Cenidh.

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Con respeto al derecho a la libertad de conciencia y de religión se observa un deterioro tan grande, que se refleja en hostigamientos, agresiones incluso detención arbitraria y procesamiento de decenas de sacerdotes, incluido el obispo de la Diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez”.

“Este es el contexto que toda la sociedad tenemos que cambiar con decisión, fortaleciendo nuestros esfuerzos, impulsando acciones que nos permitan profundizar nuestro compromiso con la gente, con Nicaragua; debemos avanzar hacia el futuro para lo cual necesitamos más que nunca el acompañamiento firme y decidido de los sistemas y organizaciones internacionales de derechos humanos y el deber de protección de los estados democráticos del mundo”, concluye el Cenidh en su informe.