Dictadura sentará este 10 de enero a Monseñor Álvarez frente a un verdugo del Poder Judicial

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó sentar este martes 10 de enero a Monseñor Rolando José Álvarez lagos frente a uno de sus verdugos que operan en el Poder Judicial para realizarle el proceso de audiencia inicial en su contra.

Al obispo de Matagalpa y administrador de la Diócesis de Estelí, Rolando Álvarez, lo acusan por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”, mismos delitos por los que acusan a otros siete religiosos, en un proceso a cargo de jueces sandinistas, varios de ellos sancionados por Estados Unidos debido a su complicidad con la pareja dictatorial.

Ante esto, el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH), radicado en Buenos Aires, Argentina, rechazó este lunes el proceso judicial arbitrario abierto contra el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando José Álvarez.

Tras meses de que el Estado de Nicaragua sometiera a Monseñor Álvarez a una situación de indeterminación jurídica, en cuanto a la situación de su libertad, fue presentado en diciembre de 2022 ante la autoridad judicial.

“CALIDH observa con mucha preocupación los ataques estatales en contra de monseñor Álvarez y rechaza enérgicamente su sometimiento a este proceso judicial”, indica este organismo en un comunicado.

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Álvarez tiene derecho a estar en libertad

En ese sentido, el CALIDH declara que el proceso abierto contra el obispo Álvarez es arbitrario y viola los compromisos internacionales de derechos humanos que antes asumió el Estado de Nicaragua.

Además carece de las garantías del debido proceso, que no necesitan estar escritas en ninguna ley porque son parte del derecho internacional inmodificable.

Para el CALIDH, el líder católico de Matagalpa tiene los derechos a ser puesto de inmediato en libertad ante la inexistencia de una acusación en un plazo razonable; derecho de defensa ante las arbitrariedades manifiestas y que se violentaron aún antes de que empezara este proceso en su contra.

En un segundo punto, el organismo señala que las leyes penales en las que se basa el Poder Judicial para juzgarlo son vagas e imprecisas en su redacción y son inconstitucionales, porque quiebran el principio de presunción de inocencia, pues las aprobaron con la clara intencionalidad de castigar a las voces críticas respecto del actuar del gobierno, tras casi cinco años de crisis sociopolítica.

“Estas leyes obedecen al plan general de censura y castigo estatal al que es sometido toda voz disidente”, refiere.

Estado es responsable de la desmejora en la salud de Monseñor

CALIDH ha manifestado su preocupación de que, sin que exista ningún motivo fundado de que monseñor huya u obstruya el proceso, en arreglo con la ley procesal penal nicaragüense, no se le permita la medida cautelar de libertad, a pesar de su condición de salud, por lo que responsabiliza al Estado de Nicaragua por la desmejora física del líder católico.

“Esto da cuenta que las autoridades judiciales niegan a Álvarez la finalidad humanitaria que tiene el proceso penal en Nicaragua. Toda desmejora de la salud del obispo es responsabilidad del Estado”, señala.

A criterio de CALIDH, el proceso penal seguido contra obispo de Matagalpa es parte del patrón sistemático de ataques contra la libertad religiosa, de asociación y expresión de la Iglesia Católica en Nicaragua en su conjunto y de ciertos clérigos en particular.

“El Estado ha difamado, criminalizado y forzado al exilio a religiosos y laicos con la finalidad de silenciar y castigar a voces como las de Álvarez”, denuncia.

Religiosos también tienen derecho a opinar

Así mismo, el organismo quiere remarcar que la libertad religiosa no se limita a que un clérigo ejerza las labores propias de su rito, sino que abarca su derecho de opinar respecto de la coyuntura social, política y económica del país.

Para el CALIDH, silenciarlos constituye ataques y persecución indebidos contra un grupo religioso que no son aceptables en ninguna circunstancia. Así mismo, indicó que estos ataques contra los grupos religiosos están sancionados por el Derecho Penal Internacional.

Régimen de Ortega busca infundir miedo en la feligresía católica

El organismo advierte que tanto el proceso judicial contra el obispo de Matagalpa como los que están abiertos respecto de otros religiosos y colaboradores de la Iglesia en Nicaragua, buscan romper la moral de los adeptos católicos y seguir ejecutando una situación de miedo dentro de la población.

Además, advierte que los ataques contra la Iglesia deben cesar, incluyendo los discursos de las máximas autoridades estatales.

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“La laicidad que impone el artículo 14 de la constitución de ese país implica que las autoridades no pueden emitir opiniones sobre las calidades morales o espirituales de los clérigos y otros religiosos tanto del rito católico, como de cualquier otro”, subraya.

En su comunicado, el CALIDH expresa su profunda solidaridad con monseñor Rolando Álvarez Lagos, sus familiares y cercanos, con la Iglesia en Nicaragua y con el pueblo católico en ese país y afirmó que continuarán en su labor de seguimiento de la situación en Nicaragua comprometidos con las familiares y víctimas del actual contexto. Así mismo,  reitera su compromiso de contribuir a abrir caminos de justicia, verdad y reparación integrales.