ONU revela trama de corrupción y desvío de fondos en Nicaragua

El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas, presentado este 10 de marzo de 2026, revela la “anatomía financiera” detrás de la persecución política en el país, describiendo un sistema donde la corrupción institucionalizada es el combustible que mantiene viva la maquinaria represiva.

Según los investigadores de Naciones Unidas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha borrado la línea entre los fondos públicos y los recursos del partido, el Frente Sandinista (FSLN). El informe documenta cómo fondos destinados a servicios sociales, infraestructura y educación son desviados sistemáticamente hacia estructuras paralelas diseñadas para la vigilancia y el control social.

Jan-Michael Simon, presidente del Grupo, durante la conferencia de prensa en Ginebra este martes fue tajante: “La represión en Nicaragua no es solo una política de fuerza, es un negocio de Estado. Hemos detectado cómo el presupuesto nacional se ha convertido en la ‘caja chica’ para financiar el espionaje y las operaciones de paramilitares“.

Todo el esquema de corrupción fue ordenado por Rosario Murillo, la copresidenta, y lo ejecuta el operador político Fidel Moreno, el eterno secretario general de la alcaldía de la la capital en Managua.

El esquema de financiamiento ilegal

El GHREN detalla tres mecanismos principales de corrupción que sostienen el régimen. El primero es la instrumentalización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dirigida por militares y policías leales al régimen, que se ha transformado en un arma de “extorsión legal”.

Bajo la fachada de combatir el lavado de dinero, la UAF confisca bienes y congela cuentas de opositores, cuyos activos terminan bajo el control de figuras cercanas al círculo presidencial.

Un segundo mecanismo es el desvío de la cooperación internacional. A pesar del aislamiento, el régimen ha logrado canalizar fondos de ciertos convenios de cooperación hacia instituciones policiales y militares, disfrazando los rubros como “seguridad ciudadana” o “fortalecimiento institucional”, pero cuyo único fin es usar ese dinero para la represión y violaciones de derechos humanos.

El Grupo de la ONU identifica a 54 altos funcionarios que no solo ejecutan las órdenes de represión, sino que se benefician económicamente de ella a través de contratos estatales amañados y la administración de bienes expropiados a las más de 5700 organizaciones no gubernamentales canceladas por la dictadura de Ortega y Murillo.

La “armatización” del sistema financiero

Uno de los hallazgos más alarmantes del GHREN es el uso de la normativa financiera internacional para la persecución transnacional. El régimen suministra información falsa a bancos extranjeros y organismos de crédito para tachar a líderes exiliados de “financistas del terrorismo”, provocando el cierre de sus cuentas bancarias en el exterior y asfixiando su capacidad de subsistencia en el exilio.

“Es un sistema de castigo económico que no conoce fronteras“, señaló la experta y miembro del Grupo, Ariela Peralta. “Al robarles su nacionalidad, sus pensiones y sus ahorros, el Estado busca la muerte civil del individuo, incluso si este ha logrado escapar físicamente del país“.

Ariela Peralta Distéfano, abogada uruguaya. Foto: Cortesía

Confiscación de propiedades a la Iglesia

El último reporte del GHREN confirma también que el régimen de Nicaragua ha ejecutado un plan de “limpieza institucional” que se financia con el patrimonio de la Iglesia católica y las universidades privadas.

La investigación revela que el desmantelamiento de estas instituciones no fue solo para eliminar focos de pensamiento crítico, sino también para alimentar una estructura de corrupción que utiliza los activos confiscados para sostener a su base leal.

“No se limitan a silenciar la voz del rector o del obispo; se quedan con sus edificios, sus cuentas bancarias y sus obras de caridad para fortalecer el control social“, señala el documento.

Con el control absoluto del sistema financiero, el régimen ha convertido el “cumplimiento bancario” en una horca para la libertad religiosa y académica, marcando un precedente peligroso donde la fe y el estudio son tratados como delitos financieros para justificar el robo estatal.

Instituciones externas en riesgo de financiar crímenes

El GHREN envió un mensaje directo a las instituciones financieras internacionales y a los bancos comerciales: extrema precaución. El Grupo advierte que cualquier colaboración técnica o financiera con las actuales autoridades de la UAF o el Ministerio de Hacienda de Nicaragua corre el riesgo de estar financiando, directa o indirectamente, crímenes de lesa humanidad.

Con este informe, la ONU deja claro que para desmantelar la dictadura en Nicaragua, no basta con la presión diplomática; es imperativo cortar los flujos de dinero sucio que alimentan el sistema.