Dictadura tiene a Nicaragua al borde del colapso económico

Nicaragua se acerca cada vez más a un colapso económico al emular la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo las dinámicas que llevaron a la caída de la dictadura somocista a finales de los años ’70, según explora el último Suplemento de análisis político de la revista Perspectivas, publicada por Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).

El análisis destaca que la deuda externa superó los 15 880 millones de dólares en junio de 2025, es decir, un 80.7% del PIB de 19 694 millones de dólares, que desde la llegada al poder del sandinismo 2006 se ha cuadruplicado. Los pagos de la deuda absorben 16% de ingresos tributarios, limitando inversión social y afectando a la población vía más impuestos o recortes.

China, aliado de la dictadura desde 2021, aporta 1500 millones de dólares, pero a pesar de las grandes pretensiones de la propaganda sandinista, su aporte positivo a la economía nicaragüense es apenas perceptible.

Mientras, las consecuencias de una mala gestión macro son visibles en el día a día, señala en entrevista con Nicaragua Actual la socióloga Elvira Cuadra. “Se han incrementado los costos de la canasta básica de tal manera que para la mayoría de las familias nicaragüenses ya es prácticamente inalcanzable“, señaló.

“Entonces quiere decir que el país o la población va a dedicarse más a actividades informales para complementar lo que no van a recibir por remesas y para poder cubrir solamente una parte del costo de la canasta básica, mientras que la estabilidad macroeconómica está más bien dedicada a sostener a la familia Ortega-Murillo su patrimonio y su grupo de poder económico“, explicó.

Una de las formas en que la dictadura intenta mantener esta estabilidad es a través de purgas “anticorrupción” que, si bien en principio son positivas, en ejecución suponen la centralización del poder al núcleo corrupto de la dictadura.

“Están limpiando, literalmente, los gobiernos municipales por los actos de corrupción de una gran cantidad de funcionarios. Y uno podría alegrarse por esta noticia pensando que es que el gobierno está haciendo algo en función de frenar la corrupción de los funcionarios públicos”, dijo Cuadra.

“Sin embargo”, anota, “esas purgas, esas sustituciones, esos castigos, esas detenciones están motivados más bien porque esos actos de corrupción cometidos por los secretarios políticos, por alcaldes y por otros funcionarios de las alcaldías los han realizado sin contar con el consentimiento de la cabeza central que se encuentra en la presidencia“.

Es decir, en Nicaragua, la corrupción es un mal endémico, parte del modelo dictatorial autoritario del régimen Ortega Murillo y las prácticas corruptas están enraizadas en ese modelo.

Expulsión del CAFTA amenaza estabilidad

Otros indicadores económicos pintan un panorama tenebroso.

En el ámbito laboral de Nicaragua, la informalidad supera el 70% de la población ocupada, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), distorsionando las cifras oficiales que reportan una tasa de ocupación del 97.8% y un desempleo abierto del 2.2% en agosto de 2025, según el Instituto Nicaragüense de Investigación para el Desarrollo (INIDE).

Con la pérdida de más de 12 mil afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) entre marzo y agosto de este año, cada vez más trabajadores se ven empujados hacia la subsistencia informal que genera vulnerabilidad.

Las remesas actúan como amortiguador en esta dinámica, alcanzando 5 mil 243 millones en 2024 (26.6% del PIB) y elevándose al 33% en el primer cuatrimestre de 2025, con más del 80% provenientes de los Estados Unidos; pero es un modelo insostenible ya que genera dependencia.

Siendo que la economía nicaragüense depende en gran medida de un modelo exportador, serias amenazas a su competitividad surgen ahora que su socio principal, Estados UNidos (38.7% del total de exportaciones en 2024, considera expulsarlo de su acuerdo comercial más importante (DR-CAFTA) a razón de abusos laborales y de derechos humanos.

El arancel del 18% impuesto por la administración Trump en abril de 2025 ya genera un sobrecosto anual de 583 millones de dólares, el más alto en Centroamérica, pero la reciente recomendación de la Oficina del Representante Comercial sería fatal, ya que además de la expulsión del CAFTA recomienda imponer un arancel del 100% al comercio con Nicaragua.

De procederse con las recomendaciones de esa Oficina, la decisión podría asfixiar el comercio, reubicar inversiones fuera del país y profundizar la desventaja frente a vecinos como Honduras y Guatemala (con aranceles de apenas 10%), exacerbando la crisis estructural y el impacto a toda la sociedad nicaragüense.