Dictadura de Ortega se embuchó unos 4 millones de dólares en confiscación a ONG’s en Nicaragua

El equivalente a casi cuatro millones de dólares se ha robado la dictadura de Daniel Ortega en concepto de confiscación a Organismos No Gubernamentales (ONG) en Nicaragua, según revelan cinco organizaciones obligadas a funcionar desde el exilio desde que el régimen extinguió la libertad de asociación en el país.

Cinco organizaciones que operan desde el exilio presentaron este martes 6 de diciembre el “Expediente ONG Nicaragua”, un conjunto de tres informes complementarios entre sí, que abordan la crudeza de la abolición de la libertad de asociación en Nicaragua.

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Los organismos que integran esta inciiativa son: Red Local, Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na, Fundación del Río y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.

Además, de estos tres informes que se hacen del conocimiento público, se armaron nueve expedientes completos que se utilizarán para que las organizaciones involucradas demanden justicia a nivel internacional.

“Gracias al Expediente ONG Nicaragua, se logra documentar que el cierre de estas nueve organizaciones ha generado a las arcas del Estado casi cuatro millones de dólares en confiscación… asimismo, aproximadamente 50 mil personas anualmente se quedaron sin acceder a los servicios de primera necesidad brindados por estas organizaciones, las que tenían una cobertura en más de 50 municipios (30%) de toda Nicaragua, con especial atención en la región Norte y Caribe”, señalan las ONG.

Acciones represivas contra ONG

Además de la confiscación, también denuncian que quedaron en desempleo, al menos 152 personas que integraban estas nueve ONG en Nicaragua.

A través de Expediente ONG Nicaragua se documenta que la ruta de criminalización utilizada por el régimen de Ortega-Murillo, inició con ataques o agresiones constantes a sus integrantes, como campañas de difamación, amenazas, vigilancias, detenciones, entre otras acciones represivas que ponían en riesgo la vida, la integridad y la libertad de personas activistas y defensoras.

Los diferentes tipos de agresiones documentadas durante el período 2007-2022 son:

• Cancelación de personerías jurídicas por la Asamblea Nacional.
• Cancelación de registros por el Ministerio de Gobernación.
• Cambios arbitrarios de razón social.
• Amenazas directas a representantes de OSFL.
• Expulsiones arbitrarias de líderes de OSFL.
• Confiscaciones de facto y allanamientos en locales institucionales por la Policía Nacional.
• Cierre del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.

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En febrero de de 2022, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na y Fundación de Río documentaron con los primeros dos informes, el estado de la Libertad de Asociación en Nicaragua.

Luego de eso, se desató la peor oleada de cancelación de personerías jurídicas, con datos que asombran incluso a la Relatoría de Libertad de Asociación de Naciones Unidas.

Para entonces los números eran de 9 organizaciones cerradas en 2019 y 96 canceladas hasta febrero de 2022.

“Ahora se presenta una actualización de la situación de la Libertad de Asociación de febrero a noviembre de 2022, donde se registra la cancelación de 3,106 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)”, señalan las organizaciones.

Destacan que la entrega formal de estos dos informes al Cuerpo Diplomático de 16 países, y la presentación a los medios de comunicación nicaragüenses, costarricenses y corresponsalías, representa un esfuerzo por aportar a la documentación detallada de los crímenes del régimen Ortega-Murillo en contra de las libertades ciudadanas y los Derechos Humanos del pueblo de Nicaragua.

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“Todo lo anterior confiando que en el futuro todos los crímenes serán juzgados y que conquistaremos la justicia… a lo largo de sus más de 30 años de existencia, quienes fundaron estas organizaciones, y las nuevas generaciones que hoy las sostienen, han mostrado que cuando nos asociamos por principios y valores compartidos, no se requiere de personería jurídica para luchar por una mejor Nicaragua”, consideran estos organismos.

Finalmente afirman con absoluta convicción “que la confiscación de bienes y personerías jurídicas, no impedirá que sigamos ejerciendo nuestro derecho a defender derechos”.