Régimen de Ortega ejerce control absoluto al cancelar organizaciones denuncia el Colectivo de Derechos Humanos

Más de 250 organizaciones han sido canceladas en el contexto de la represión ejecutada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acción que ha sido repudiada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, quien emitió su denuncia este viernes a través de un pronunciamiento.

El organismo defensor de derechos humanos considera que el régimen de Ortega con estas cancelaciones arbitrarias e ilegales busca ejercer un control absoluto, perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

Dentro del grupo de organismos cerrados este jueves 19 de mayo están la Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada, Asociación Coordinadora de Mujeres Rurales, Fundación para el Desarrollo Sostenible, Asociación Unidad para el Progreso del Norte y Centro de Nicaragua, Asociación para el Desarrollo Municipal, Federación Consejo Superior de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Asociación de Periodistas y Comunicadores Ambientalistas de Nicaragua, entre otras.

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Desde 2018 a la fecha el régimen Ortega Murillo ha cancelado la personalidad jurídica de
más de 250 organizaciones a través del Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional por lo que el organismo denuncia lo que considera una sistemática represión que el régimen impulsa contra organismos de la sociedad civil a quienes se les vulnera el derecho de libertad de asociación, participación política y contribución al desarrollo de Nicaragua.

El Colectivo en su escrito expresa su solidaridad a todas las personas víctimas y beneficiarias y exige la libertad para todas las personas presas políticas, así como la derogación de todas las leyes represivas en Nicaragua.

Los diputados sandinistas y aliados cancelaron este jueves, por órdenes de Ortega, la personería jurídica de 19 Organismos No Gubernamentales (ONG), con estos ya son 254 las organizaciones ilegalizadas.

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La solicitud de cancelación fue presentada una vez más por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez y la titular del Ministerio de Gobernación, Frania Urey Blandón, ambos catalogados como “verdugos de las organizaciones”.