Familiares de personas presas políticas emiten alerta urgente ante actos de tortura que sufren estas

Los familiares de personas presas políticas, que desde mayo hasta el 31 de agosto de 2021 sufrieron desaparición forzada, emitieron un comunicado, ante la falta de respuesta por parte del Poder Judicial y la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Sandinista a las solicitudes presentadas por estos.

Los familiares expresaron en el escrito, que sólo se les ha permitido ver en una ocasión a los presos y presas políticas desde que fueron secuestrados, cuya condición física les dejó impactados por su extrema delgadez y debilidad a la que han sido sometidos, acción que es considerada como actos de tortura.

“Hoy, con mayor preocupación, hacemos de conocimiento público que el régimen de aislamiento e incomunicación de nuestros familiares persiste. En la única vez que se nos permitió verles, fueron evidentes las condiciones extremas a las que están siendo sometidos, que están afectando gravemente su estado de salud físico y mental y que constituyen actos de tortura”, dice el pronunciamiento.

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En el escrito detallan que desde hace casi un mes ha habido de parte de las autoridades del Nuevo Chipote, un mutismo absoluto, durante el cual no han tenido información alguna del  estado de los reos y reas de conciencia, a pesar de que los jueces, en las resoluciones de las audiencias, apercibieron a Auxilio Judicial de que las visitas y entrevistas con familiares y defensa técnica deben realizarse.

“De nada han valido nuestras múltiples peticiones verbales en Auxilio Judicial, en donde los escritos no nos han sido recibidos. Queremos destacar que ni la defensa, ni familiares hemos tenido ningún tipo de comunicación directa de parte de ninguna de las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial El Nuevo Chipote”, denunciaron.

Alertan con urgencia sobre daños físicos y psicológicos 

Los familiares alertaron con carácter de urgencia sobre el riesgo inminente de daños irreversibles a la integridad física y psicológica de los presos y presas, lo que podría desencadenar resultados trágicos e irreversibles para ellos.

“Tememos aún más por su vida. A pesar de la situación de desnutrición severa y hambre en que los encontramos, persiste la negativa al ingreso de alimento, adicionalmente continúan pidiendo medicinas que evidencian malestares gastrointestinales y vértigos, vinculados a su deficiente alimentación. Así mismo, niegan el ingreso de abrigo y material de lectura”, dice el pronunciamiento.

Al mismo tiempo alegaron que la dilación y obstaculización al ejercicio de la defensa de las víctimas de Daniel Ortega, continúa. Sus causas no aparecen aún reflejadas en el sistema del Poder Judicial, con el claro objetivo de invisibilizarles y mantener su indefensión.

“Se han solicitado las copias de las supuestas pruebas presuntamente presentadas por Fiscalía sin que dicha institución las facilite, ni acepte los escritos pidiéndolas. Esto deja a nuestros familiares en una total indefensión”, contiene el escrito.

Auxilio Judicial se niega a garantizar visitas y la defensión de los reos y reas

En audiencia inicial, los judiciales reafirmaron el derecho a recibir las visitas de sus familiares y garantizar las entrevistas con las y los abogados defensores. Pese a esto, las autoridades en la DAJ omiten cumplir con lo ordenado por los jueces de audiencia. Cabe manifestar que estos derechos constitucionales, deberían ser garantizados sin necesidad de
orden judicial, constituyéndose tales hechos, una abierta violación a los derechos fundamentales de los detenidos.

“Por todo lo anterior demandamos la liberación inmediata y sin restricciones de las personas presas políticas secuestradas desde mayo 2021, así como libertad para las más de 130 personas presas políticas, quienes también sufren de muchas de estas violaciones a sus derechos humanos. Todas y todos son inocentes de todos los cargos imputados por la Fiscalía”, demandan los familiares.

Entre las peticiones que hacen esta la demanda de un calendario claro de visitas periódicas y frecuentes en condiciones de privacidad, el respeto al derecho a la defensa, la entrada de alimentos al menos una vez al día, ropa y objetos de higiene personal, el cese inmediato del aislamiento y a los interrogatorios sin la presencia de sus abogados, al menos 20 minutos de sol al día y que se apaguen las luces a la hora del descanso.

Demandan además que los juicios sean públicos, como ordena la Constitución de Nicaragua, así como el ingreso de familiares y medios de comunicación a los mismos.

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