Impugnan abusos de la dictadura en Nicaragua ante Consejo de Derechos Humanos
“Cada desaparición forzada y cada muerte bajo custodia subrayan la urgencia de actuar”, declaró Jan-Michael Simon, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Miembros del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas. Imagen de referencia.
- Cortesía
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos examinó en Ginebra la crisis humanitaria en Nicaragua mediante un diálogo alrededor del más reciente informe producido sobre el país por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicado el 17 de septiembre.
El intercambio puso especial énfasis en la concentración del poder, el cierre del espacio cívico, las desapariciones forzadas y la persecución de opositores incluso fuera del territorio nicaragüense, acciones perpetradas por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En el foro, la Unión Europea expresó su preocupación por el “continuo deterioro” de los derechos humanos y por el desmantelamiento de las instituciones democráticas, el Estado de derecho y las libertades fundamentales. También condenó las detenciones arbitrarias, desapariciones, hostigamiento, la vigilancia e intimidación, y la represión transnacional.
Infografía producida por ACNUDH.
El bloque pidió la liberación inmediata e incondicional de los detenidos arbitrariamente, que organizaciones nacionales en el exilio ubican en al menos 60, y reclamó condiciones para la participación efectiva de todas las fuerzas políticas democráticas en procesos electorales.
La propia dictadura cerró esa puerta con la aprobación de una reforma estructural el 1 de septiembre, respondiendo al mandato de Ortega de que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” que le permitan a la oposición —en gran medida exiliada por la represión y desposeída mediante mecanismos de dudosa legalidad— retomar el poder.
Desde la sociedad civil nicaragüense, el abogado y defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, denunció ante el Consejo que la persecución contra personas consideradas disidentes se ha extendido fuera de Nicaragua.
Arce ejemplificó con el ataque ocurrido el 14 de septiembre en Costa Rica contra el opositor Reinaldo Picado, quien recibió tres disparos. El caso fue presentado como parte del contexto de represión transnacional señalado también por ACNUDH, que ha llevado a casos altamente sospechosos como los dos atentados contra Joao Maldonado y el asesinato de Roberto Samcam.
Infografía producida por ACNUDH.
Por su parte, la comunitaria indígena de la etnia mayagna, Lusben Taylor, denunció ante el Consejo una crisis que, aseguró, amenaza la supervivencia física, cultural y política de su pueblo, refiriéndose a la invasión de territorios indígenas para la explotación minera, que en recientes años ha sido asumida en gran medida por capital de origen chino.
Taylor señaló instancias de desplazamientos de comunidades por la ocupación de sus territorios, violencia, detenciones arbitrarias y asesinatos de líderes y comunitarios. Su intervención fue respaldada por Peace Brigades International y Fundación del Río.
Concentración de poder
El informe de ACNUDH, que abarca el período comprendido entre junio de 2025 y junio de 2026, documenta una profundización de la concentración del poder y del desmantelamiento de las instituciones democráticas. La Oficina señala que en los últimos ocho años fueron disueltas arbitrariamente 5539 organizaciones y clausurados al menos 56 medios de comunicación.
También advierte que la verdadera magnitud de las violaciones podría ser mayor debido al temor de las víctimas a sufrir represalias, la falta de acceso de los mecanismos internacionales al país y la falta de cooperación de la dictadura, que se retiró del Consejo en 2025.
La discusión en Ginebra coincidió además con la presentación de un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés). Los expertos documentaron 161 casos de desaparición forzada desde 2018, 29 de ellos todavía sin esclarecer, y al menos ocho muertes bajo custodia estatal.
Infografía producida por ACNUDH. Enlace al informe completo.
El más reciente de estos casos, la muerte bajo custodia de Brooklyn Rivera, quien permaneció 32 meses detenido con contacto limitado con su familia antes de morir en mayo. Tras fallecer, familiares y allegados fueron encarcelados luego de intentar recuperar su cuerpo para inhumarlo según las costumbres de su pueblo de vuelta en su comunidad.
El presidente del grupo, Jan-Michael Simon, sostuvo que un Estado que recurre a desapariciones forzadas y permite que personas mueran bajo su custodia no cumple los estándares mínimos de derechos humanos necesarios para una gobernanza democrática creíble.
“Cada desaparición forzada y cada muerte bajo custodia subrayan la urgencia de actuar“, declaró el experto.
