¿Por qué la fiscalía de Costa Rica archivó el primer atentado contra Joao Maldonado?

Este lunes, 21 de septiembre, inicia el juicio contra Jeremy Jacobo Rivas Núñez, señalado de ser quien disparó contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su pareja, Nadia Robleto, en el segundo atentado que sufrió exiliado en Costa Rica, confirmaron a Nicaragua Actual  fuentes judiciales.

Maldonado sobrevivió a dos ataques armados en Costa Rica en los que recibió 13 balas en total. El primero ocurrió el 11 de septiembre de 2021, en Escazú, en San José; el segundo, el 10 de enero de 2024, en San Pedro de Montes de Oca. En el segundo ataque también resultó herida Robleto, quedando paralizada del 85 % de su cuerpo debido al daño en su columna.

Robleto y Maldonado son de los más de 200 mil nicaragüenses que huyeron a Costa Rica y solicitaron refugio tras la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 asesinatos y otros crímenes calificados de lesa humanidad por Naciones Unidas y otras organizaciones defensoras de derechos humanos.

Perfil de los crímenes contra nicaragüenses exiliados

Cinco años después del primer ataque y más de dos años después del segundo, las investigaciones han tenido destinos distintos, pero ninguna ha esclarecido quién ordenó los atentados. 

Así quedó el vehículo tras el atentado a Joao Maldonado y Nadia Robleto el 10 de enero de 2024. Crédito: CRHoy

La diferencia entre ambos expedientes permite uno de los principales hallazgos de este reportaje: los casos de violencia contra nicaragüenses en Costa Rica no han tenido un destino judicial uniforme. La mayoría permanecen en investigación y, en los casos de Maldonado, Robleto y el asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, las autoridades costarricenses han reconocido elementos que apuntan a una posible persecución transnacional del régimen de Ortega Murillo.

Nicaragua Actual reconstruyó 11 expedientes de homicidios, atentados, agresiones y persecución contra nicaragüenses vinculados a la oposición, movimiento campesino y defensores de derechos humanos en Costa Rica entre 2018 y 2026.

La documentación, los testimonios de las víctimas y de sus familiares, y las respuestas oficiales muestran que mientras pocos casos avanzaron como investigaciones criminales y otros permanecen abiertos, en la mayoría de los expedientes facilitados a este medio no aparece establecida una conexión entre los hechos investigados y la persecución política de las víctimas.

Esa diferencia plantea la pregunta: ¿cuánto peso tuvieron el perfil político de los afectados y  sus antecedentes de persecución  en las investigaciones de los ataques?

“No debería haber ninguna excepción [de seguridad] que por ser nicaragüense o por una causa de persecución por la cual tuvo que exiliarse y buscar refugio, tenga unos riesgos adicionales en el país en el cual está buscando refugio”, dice Adam Álvarez, director del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) en Costa Rica a Nicaragua Actual.

Primer atentado queda impune

El primer atentado contra Joao Maldonado en 2021 tuvo un desenlace judicial inesperado. El Ministerio Público informó a Nicaragua Actual que, en el expediente correspondiente a este caso, “el Juzgado Penal de Pavas acogió el 26 de noviembre de 2024 la solicitud de desestimación presentada por la Fiscalía”. 

El expediente 21-001045-0053-PE, según la misma respuesta oficial, está archivado. “Se formula requerimiento conclusivo de desestimación”, por solicitud de la Fiscalía al cerrar el caso. Esta información no había sido pública, hasta ahora.

Maldonado y su abogado sabían la decisión. “Así es, sí (nos dijeron)”, confirmó a Nicaragua Actual en una entrevista virtual “principalmente por razones de seguridad”. 

El opositor asegura no entender que las autoridades costarricenses desistieran de buscar justicia en el primer caso pese al brutal ataque en el que recibió el impacto de cinco balas y que le dejó secuelas físicas.

“Sabemos muy bien que a la diferencia con el segundo atentado, en el primero hubieron más nicaragüenses involucrados y dentro de las investigaciones, las llamadas telefónicas, los mensajes que se recibieron, incluso identificados en la investigación, eran provenientes de Nicaragua”, afirma el exiliado nicaragüense.

Represión y seguridad nacional

Para Maldonado, dejar en impunidad el primer atentado en su contra solo lo explica “porque en aquel momento fue Costa Rica quien no quiso confrontar directamente la situación”. 

Se refiere a que el gobierno costarricense acepte que se vulnera su seguridad nacional al operar grupos del régimen Ortega Murillo amenazando, acosando y asesinando a opositores, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas.

Un día después del segundo ataque contra Joao Maldonado, el gobierno del entonces presidente Rodrigo Chaves aseguró que “no existe ningún tipo de indicio de que en Costa Rica haya alguna célula organizada y controlada por el gobierno nicaragüense”, calificando el ataque como un “caso puntual” e insistiendo en que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) carece de competencia legal para brindar resguardo a personas amenazadas.

Ha sido la única vez que altos funcionarios del Ejecutivo se refieren a los crímenes cometidos contra exiliados nicaragüenses, de acuerdo con el registro documental para este reportaje.

Álvarez, del SJM, critica la posición del gobierno. “Se habla constantemente  de la represión transnacional y de cómo esa represión es un brazo muy largo que alcanza a las personas fuera de Nicaragua”.

Para Álvarez “los casos concretos” de crímenes contra exiliados nicaragüenses desde el 2018, “es claramente una señal de que el sistema no funcionó” para protegerlos.

 ¿Quiénes ordenaron los ataques?

Y para Maldonado el Estado costarricense tiene “una gran deuda” “y es llegar a hasta quiénes los planificaron, financiaron y coordinaron y ordenaron estos hechos”. “Nosotros seguimos apelando y demandando que haya una justicia que llegue hasta los autores intelectuales”, afirma.

En los once casos documentados por Nicaragua Actual se identifica el patrón de que, en la mayoría, las víctimas habían denunciado a la OIJ la persecución y amenazas. Pero solo en el segundo ataque contra Maldonado y Robleto, y del asesinato de Roberto Samcam, las autoridades contemplan el móvil político transnacional. En el resto los investigan como casos comunes, según el análisis de los documentos del Ministerio Público.

“No hay que menospreciar la declaración de una persona cuando te dice que está siendo perseguida o que tiene temor por su vida”, critica Robleto.

La negativa de una entrevista solicitada por Nicaragua Actual con la Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público no permite saber ¿qué información produjo la investigación del primer atentado? y, sobre todo, ¿por qué la Fiscalía decidió archivar el caso?

“Incluso dentro de las investigaciones del segundo atentado hay personas identificadas que participaron en el primer atentado”, afirma Maldonado.

Yader Valdivia, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más  recuerda que “en el (segundo) caso de Joao Maldonado, el OIJ logró identificar a ocho personas en todo el escenario que se montó para poder ejecutar a Joao. Sin embargo, solamente la acusación está hacia la persona que disparó”.

Para Valdivia, que solo uno de los sicarios identificados llegue al juicio plantea dudas sobre la profundidad de la investigación. “Eso significa que no hay una voluntad de poder acusar a todas las personas que fueron necesarias para que se cometiera este hecho, y que no se ve también desde el punto político”, afirma a Nicaragua Actual.

Los únicos detalles revelados por el OIJ sobre el primer atentado, según registros oficiales, es que dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo que conducía Maldonado y lo atacaron en la zona de Bello Horizonte de Escazú.

Proceso contra sicario que disparó

“Nada de lo que ocurra me va a regresar lo que yo era. Nada”, admite Nadia Robleto sobre el eventual resultado del juicio contra Jeremy Rivas Núñez, el hombre acusado de disparar en el atentado de 2024. 

La abogada Nadia Robleto tiene el 85 % de su cuerpo paralizado debido a las secuelas del atentado que sufrió de sicarios. Crédito: Cortesía

Para Robleto, el ataque cambió radicalmente su vida. “Hay días que me puedo levantar muy fuerte, con mucho ánimo, con ganas de echarle adelante, pero hay días en los que no tengo fuerza completamente, en los que me deprimo, en los que todo esto me aparece una pesadilla y quisiera que terminara pronto”. 

“Es difícil de llegar a ser tan independiente, a ser dependiente completamente ahora”, dice Robleto sentada en la silla de ruedas a Nicaragua Actual. 

El proceso registrado con el expediente número 24-000055-0053-PE es tramitado por la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos. Según información proporcionada por el Poder Judicial a Nicaragua Actual, el juicio inicia este lunes 21 de septiembre de 2026. 

Según el documento oficial, en este caso hay tres imputados: Rivas Núñez, Eduardo Vargas y Saymon García. Pero el juicio solo es contra Rivas, el autor material de los disparos.

¿Por qué solo uno de los tres imputados va a proceso? “No es posible dar detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual protege la privacidad de las actuaciones”, respondió el Poder Judicial. 

Nicaragua Actual solicitó en dos ocasiones una entrevista con el vicefiscal general Mauricio Borasdi para abordar el estado de las investigaciones de los once ataques y crímenes contra nicaragüenses en Costa Rica que se identifican como un móvil político de represión transnacional, pero no hubo respuesta.

¿Y los demás involucrados?

De acuerdo con la información revelada por el OIJ, entre las ocho personas involucradas en el caso están los nicaragüenses Danilo Aguirre Sequeira (periodista) y Orlando Antonio Ramírez Morán con las labores de seguimiento y vigilancia de Maldonado. Ambos estarían en Nicaragua.

Nicaragua Actual no logró respuesta de las autoridades del gobierno ni del Ministerio Público sobre gestiones para pedir al régimen de Nicaragua colaboración para entregar a Aguirre y a Ramírez. Las leyes de Nicaragua no permite extraditar a sus ciudadanos. 

Inicialmente el juicio contra Rivas Núñez estaba previsto para el 29 de septiembre, de acuerdo a los documentos judiciales, pero se adelantó. Fue reprogramado el 7 de julio de 2026.

 ¿Se reconocerá la represión transnacional?

Aunque el juicio contra Jeremy Rivas Núñez permitirá determinar la responsabilidad penal del autor material, todavía queda por establecer si la investigación judicial podrá esclarecer la estructura que estuvo detrás de los ataques contra Maldonado y Robleto.

 “Cuando una investigación logra aproximarse a quienes ejecutaron materialmente un crimen pero no consigue  reconstruir toda la cadena de mando, financiamiento y planificación, la justicia queda incompleta”, reclama Maldonado. 

Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos, espera que en el juicio contra el gatillero se demuestre  que responde a la persecución transnacional del régimen Ortega Murillo.

“Hay un hecho que está ocurriendo, y es que el Estado de Nicaragua está persiguiendo dentro de Costa Rica a personas que son protegidas por el Estado de Costa Rica, y esto no lo ha admitido internacionalmente”, afirma.

Para que las investigaciones de los crímenes contra exiliados nicaragüenses incorporen ese patrón, Valdivia dice que es necesario, primero, que el Estado costarricense “reconozca que hay una crisis humanitaria con personas refugiadas, pero también hay una crisis de seguridad que el Estado de Nicaragua también está influyendo”.

Durante todo este tiempo, el régimen Ortega y Murillo ha callado sobre los crímenes contra exiliados nicaragüenses en territorio costarricense.

“Una investigación efectiva y una sentencia basada en pruebas envía un mensaje de que el territorio costarricense no puede convertirse en una extensión de persecución política de ningún estado extranjero”, afirma Maldonado.