Diáspora nicaragüense se pronuncia contra solicitudes de extradición de la dictadura
La dictadura sandinista ha utilizado mecanismos como INTERPOL para hacerse con la custodia de opositores perseguidos, luego sujetos a tortura y desaparición forzada.
Agentes de la Policía de Migración de Costa Rica. Imagen de referencia.
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Una colectividad de organizaciones nicaragüenses en el exilio informaron de un proceso de incidencia, encabezado desde la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN), en pro del ciudadano y opositor nicaragüense Pedro Javier Fernández Sandoval, quien encara un proceso de extradición solicitado por la dictadura sandinista en Nicaragua.
Al menos trece organizaciones firmaron una carta dirigida al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal solicitando reconsiderar el proceso de extradición.
“En Nicaragua, estamos viviendo un drama humano, que afecta a la inmensa mayoría de nicaragüenses. No hay independencia de poderes, y esta situación ya no es de hecho, sino que el régimen totalitario ha aprobado una nueva Constitución Política, que redujo la Corte Suprema de Justicia a un órgano subordinado coordinado por el poder ejecutivo“, denunciaron.
Destacaron además los más de 158 casos de tortura documentados por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, de modo que cualquier persona que acabe bajo la custodia del régimen corre riesgo de ver sus derechos violentados.
“También otros organismos nicaragüenses e internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Nicaragua y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos —han documentado y denunciado innumerables casos de tortura física y psicológica, practicados en las cárceles de Nicaragua”, agregaron los colectivos.
Los colectivos subrayan sobre todo que el ciudadano no figura como un personaje relevante dentro de la diáspora nicaragüense, una acción que consideran “irracional”. Asimismo denunciaron otros casos casos similares en Costa Rica, como el de Sonia del Rosario González Salgado, una matagalpina de 50 años que desde hace 20 años vive en Costa Rica.
“Pedimos encarecidamente, que valoren adecuadamente las maniobras del régimen de los Ortega Murillo y de manera específica el contexto de permanentes violaciones a los derechos humanos, del uso de las cárceles como instrumentos de tortura y las acciones graves de persecución transnacional que han desarrollado como estrategia de control social hacia fuera de Nicaragua“, continúa el comunicado.
“Solicitamos, bajo el principio de No devolución reconocido en la carta interamericana sobre Derechos Humanos (Artículos 4,5, 7 y 22), y en vigencia en la Ley General de Migración y Extranjería (Arto 105 y ss ) prevalezca, siendo el mismo extensivo a cualquier otra persona perseguida por razones políticas, independientemente de su condición de Refugiado o no, hacia un país donde de forma sistemática y generalizada se violan los Derechos Humanos y se aplica la Tortura”, concluyen.
La solicitud la firman representantes del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), el Movimiento Campesino Anticanal (MCAN), la Resistencia Campesina Azul y Blanco, la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN), la Pastoral de Migrantes, y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), entre otros.
