Colectivo: dictadura de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la iglesia católica

Mediante un informe detallado sobre las violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua, este miércoles el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció los ataques desmedidos de la dictadura sandinista contra de la Iglesia católica, abogando que el 25% de sacerdotes nicaragüenses han sido expulsados o desterrados del país por el régimen Ortega Murillo.

El organismo de derechos humanos informó que en los últimos de crisis sociopolítica, las agresiones y violaciones a loa derechos humanos no cesan en Nicaragua a pesar del llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la comunidad internacional. El informe devela una descomunal y arbitraria campaña de difamación y desacreditación en contra de la iglesia católica nicaragüense, lo que ha levado a decenas de religiosos ser víctimas de cárcel.

Entre 2022 y 2024, el régimen Orteguista detuvo a 74 religiosos, entre ellos 11 miembros de la iglesia evangélica Puerta de la Montaña, mismos que ya fueron excarcelados el pasado 5 de septiembre y desterrados a Guatemala.

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La mayoría de los encarcelados fueron condenados sin que se les respetaran las garantías procesales y sin acusación previa, indicó el organismo, en un informe brindado por sus funcionarios Wendy Quintero y Salvador Marenco.

El Colectivo manifestó que la diócesis que más ha sido atada por la dictadura sandinista fue la de Matagalpa, liderada por el aún obispo y monseñor Rolando Álvarez, uno de los líderes religiosos que más ha sufrido los embates de la venganza de Ortega y Murillo, detenido en agosto de 2022 y condenado a más de 26 años de cárcel en febrero de 2023 cuando se negó a subir a un avión para ser desterrado junto a otros 221 presos políticos. Finalmente, Álvarez fue desterrado a Roma en enero de este año 2024 junto a otros clérigos.

Crímenes de lesa humanidad contra sacerdotes

Para la organización defensora de derechos humanos, la dictadura sandinista ha cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüenses, pero cuatro de ellos esta tipificado en los Estatutos de Roma como crimen de especial gravedad contra la iglesia de Nicaragua como: deportaciones o destierros forzosos, encarcelación, torturas y persecución de grupo o colectividad.

Por ejemplo, de los 63 religiosos que han sido desterrados del país, 35 han sido desnacionalizados. A estos también se incluyen más de una decena de sacerdotes que se les ha negado la entrada al país o fueron obligados a salir del país o no se les renovó su pasaporte en el extranjero, por tanto se encuentran en condición de apatridia.

Torturas

A estos crímenes también se le suma las torturas y agresiones físicas a reos políticos por motivos religiosos.

En su más reciente informe, el Colectivo Nicaragua Nunca Más registró que al menos 14 presos han sido víctimas de torturas o agresiones físicas por motivos religiosos en Nicaragua, entre 2023 y 2024, en un contexto en que la dictadura de Daniel Ortega arreció sus amenazas de encarcelamiento y destierro mientras le declaraba la guerra a la iglesia católica y sus autoridades.

El documento señala que al menos 14 personas fueron víctimas de detención arbitraria “por su participación en actividades religiosas” en Nicaragua.

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De este grupo de casos, 7 personas son laicas, incluyendo a trabajadores de organizaciones religiosas canceladas en los últimos meses, y 7 personas religiosas, de quienes se omitió su identidad por seguridad de las familias. “Todas estas personas fueron también víctimas de torturas”, reitera el informe de derechos humanos.

Uno de los casos que fue identificado con el código interno UNS5864-8731, describió el sometimiento del que son víctimas de parte de las autoridades carcelarias de Nicaragua al recibir agresiones verbales durante los interrogatorios, “cuestionándolos de cuánto les pagó la iglesia, principalmente católica, incluso llegando a decirles que “¿no sabes que las procesiones están prohibidas?”.

Asimismo, se les afilió a la situación sociopolítica de 2018 luego que fueran catalogados en sus barrios y comunidades como “ladrones o golpistas”.