Ortega Murillo niega en ONU que en Nicaragua se violan los dd.hh y no tienen presos políticos

La dictadura de Ortega y Murillo a través de su procuradora nacional de la propiedad en la Procuraduría General, Jeanette García, negó que en Nicaragua se violen los derechos humanos y que tenga como prisionero político al exdiputado por el partido indígena Yatama, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas (ONU).

La representante del régimen no solamente negó tener presos políticos, sino también que desmintieron haber perseguido, reprimido y asesinado a jóvenes manifestantes durante las protestas de abril de 2018.

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Así mismo, rechazó todos los informes que se han realizado organizaciones internacionales de derechos humanos donde avala que los Ortega Murillo han cometido crímenes de lesa humanidad, han negado la movilización pacífica y de reunión, la libertad de expresión e información.

Contrario a ello, justificaron algunas de sus acciones y medias coercitivas como el cierre de miles de ONG, universidades y el retiro de la nacionalidad a opositores nicaragüenses, son por ser considerados “traidores a la patria”.

La procuradora argumentó que en el caso del cierre de ONG, se debe a la supuesta “falta de calidad y deficiencias” en su funcionamiento, a parte son señaladas de recibir fondos para “desestabilizar” al país.

Ante esto, la representantes oficialistas solo dedicaron en demostrar los supuestos avances en la producción, educación y economía en el país, al mismo tiempo que niegan que haya una crisis política en esta nación centroamericana.

Países denuncian estado de derecho

Por otro lado, países como Estados Unidos, Brasil y Colombia, España, entre otros, denunciaron las graves violaciones que se cometen en Nicaragua y el desmantelamiento progresivo del Estado de derecho y violaciones al derecho a la libertad religiosa.

En el caso de Estados Unidos, pidió que se libere a los detenidos arbitrariamente en Nicaragua y acusó al Gobierno de Daniel Ortega de “represión transnacional” por atacar a opositores políticos, excarcelados y activistas en el extranjero.

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Por su parte, la representación de Brasil, quien últimamente ha tenido discrepancias con los dictadores sandinistas, pidió que se investigue y sancionen “a los responsables de la violencia contra minorías, sobre todo de indígenas y afrodescendientes…y se ponga fin a todo tipo de persecución religiosa”.

Pese a los comentarios y denuncias, no se planteó ninguna solución para sacar del poder a los Ortega Murillo.