Ortega justifica cárcel para los que le critican en redes sociales

El dictador Daniel Ortega, arremetió este jueves en contra de las redes sociales en Nicaragua y dijo que solo sirven para alentar “a las guerras”, en referencia a las críticas en su contra, sobre todo por los medios digitales que no controla. Sus ataques ocurren después que enviara con urgencia ante la oficialista Asamblea Nacional un paquete de reformas de la Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza.

Durante el acto de recibimiento de la antorcha centroamericana, en ocasión al 203 aniversario de la independencia de Centroamérica, Ortega se expresó en contra de las plataformas digitales en Nicaragua y señaló que son espacios para promover la “confrontación”. Además, insistió que él trabaja por la paz.

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“Aquí tenemos todos los días campañas donde utilizan las redes para hablar de confrontación, hablar de guerras, de muertes, nosotros les respondemos con paz, con el amor”, dijo el dictador sandinista.

Ortega también insistió en que los “imperialistas dela tierra”, como se refiere de Estados Unidos y Europa, solo quieren “dividir a Centroamérica”.

Reforma a Ley Mordaza

Este pasado 10 de septiembre, Ortega introdujo ante la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, un paquete de reformas a las leyes más duras del régimen sandinista para intentar callar las críticas en las redes sociales, para controlar las publicaciones y los medios digitales, y proceder a judicializar fuera y dentro del territorio nacional a quien trate de “desestabilizar la tranquilidad y la paz social de las personas, familias y la  comunidad en general”.

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Ortega justificó que estas reformas están destinadas “a fortalecer la prevención, enfrentamiento, investigación y judicialización de aquellos delitos que se cometan aprovechándose de los sistemas informáticos, de las nuevas tecnologías y las redes sociales, dentro o fuera del país, por personas naturales o jurídicas”.

“Si la publicación o difusión de la información, incita a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos raciales, religiosos, políticos, condición económica y social o ponga en peligro la estabilidad económica y social, el orden público, la seguridad soberana o la salud pública, se le impondrá pena de cinco a diez años de prisión y quinientos a ochocientos días multa”, advierte la dictadura.