Obispos EEUU: Ortega ha querido apropiarse de la religión para crear su “iglesia paralela”

Un informe de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés.) devela que la iglesia católica de Nicaragua ha sido víctima de ataques por parte de la dictadura sandinista Ortega Murillo y que han intentado apropiarse de ella para “servir a sus objetivos políticos”.

El informe también destaca que la pareja de dictadores han utilizado a ciertos grupos religiosos a su conveniencia, pero bajo amenazas y crear una “iglesia paralela” para intimidar a demás líderes religiosos del país.

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Es decir, esto no es un intento de destruir la religión, sino apropiarse de ella como lo intentaron hacer en los años 80 para someter a todas las iglesias a sus intereses políticos.

En el documento los obispos mencionan que los Ortega Murillo utiliza a cierto sector evangélico para aparentar la “apertura a todas las religiones”, pero en realidad «solo una pequeña minoría de iglesias evangélicas apoya al presidente Ortega» y sus acciones.

Blanco de ataques

En el escrito, al que llaman «hoja de hechos», acusan a los Ortega Murillo de «abusos de poder» y de «represión violenta» porque han sumido a Nicaragua en una creciente persecución, pues los sacerdotes y religiosos han sido el blanco de ataques brutales por su defensa de la justicia social y su oposición a la tiranía.

«Decenas de sacerdotes y tres obispos han sido exiliados, así como cientos de hombres y mujeres laicos por oponerse al gobierno sandinista cada vez más dictatorial. El obispo Silvio Báez, que vive en el exilio desde 2019, huyó de Nicaragua debido a amenazas creíbles contra su vida», indica el manifiesto.

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Los religiosos manifestaron que desde 2018, la persecución política contra sacerdotes nicaragüenses “se ha intensificado más allá de los parámetros tradicionales en Nicaragua”, prohibiendo procesiones religiosas, enviando al destierro y al exilio a religiosos, ataque terrorista a los templos, cerrando la universidad jesuitas, entre otros actos de violencia y amenazas institucionales que han sido víctimas desde 6 años.